¿Puedo demandar a directivos por pérdidas o malos manejos?

¿Tienes razón?

Para saber si procede reclamar contra directivos (junta directiva, gerente, revisor fiscal) hay que valorar tres elementos: 1) si actuaron fuera de sus facultades estatutarias o contraviniendo la ley, 2) si sus decisiones implicaron culpa grave, negligencia o dolo y 3) si esas conductas causaron un daño concreto y cuantificable a la cooperativa o a los asociados. No todo resultado negativo es responsabilidad: las pérdidas pueden derivar de riesgos comerciales legítimos. La diferencia clave es si hubo abuso de funciones, apropiación, conflicto de interés no declarado, administración dolosa o violación de deberes de cuidado.

Tenga en cuenta que el revisor fiscal tiene funciones de control y debe advertir irregularidades; si el revisor calló cuando debía denunciar, también puede ser objeto de reclamación. Además, los estatutos de la cooperativa suelen prever sanciones internas y mecanismos de remoción; revise si esos mecanismos se agotaron antes de acudir a la justicia.

Otra consideración: la acción puede dirigirse contra la cooperativa (daños patrimoniales) y, subsidiariamente o directamente, contra los administradores por responsabilidad personal. La existencia de pólizas de responsabilidad civil de administradores puede facilitar la recuperación, pero no sustituye la investigación sobre la conducta.

Cómo se soluciona

1) Reúna pruebas. Documentos clave: actas de asamblea y de junta directiva, estados financieros, contratos sospechosos, informes del revisor fiscal, correos, auditorías internas, pruebas de transferencias y comprobantes de pagos a terceros. Haga una cronología de decisiones con fechas y efectos económicos.

2) Solicite información y actúe en la asamblea. Si aún es asociado, pida convocar a asamblea para exigir rendición de cuentas, solicitar medidas internas y, si procede, destitución o suspensión de directivos. Documente la petición y la respuesta.

3) Informe a la Superintendencia de la Economía Solidaria. Si hay indicios de irregularidades administrativas o de manejo indebido de recursos, presente denuncia. La Superintendencia puede investigar, imponer sanciones y, en casos graves, ordenar intervención o remoción.

4) Acción civil por reparación de perjuicios. Si la conducta de los directivos generó un daño patrimonial claro, su acción civil puede buscar la reparación. Para eso necesita acreditar el nexo causal entre el actuar del directivo y el perjuicio, y cuantificar el daño.

5) Verifique la vía penal y administrativa. Si hay indicios de apropiación, hurto, falsedad documental o conducta dolosa, evalúe la posibilidad de denunciar penalmente. Las autoridades penales pueden abrir investigación y, en caso de pruebas, imputar responsabilidades. En paralelo, la Superintendencia puede imponer sanciones administrativas.

6) Ejecución y cobro. Si obtiene sentencia contra directivos, la posibilidad de cobro dependerá de su patrimonio y de la existencia de pólizas de responsabilidad. A veces conviene buscar acuerdos con afianzadores o aseguradoras.

En muchos casos es útil contar con perito contable que cuantifique pérdidas y establezca la relación entre decisiones y daño.

Qué puede pasar

1) Solución interna o acuerdo. La asamblea puede remover a los directivos y lograr reparaciones parciales mediante acuerdos o restitución voluntaria; esta vía es rápida comparada con la judicial y evita costos.

2) Acuerdo con resarcimiento. Los directivos o sus aseguradoras pueden aceptar un acuerdo que repare el daño sin juicio. Un acuerdo puede incluir pagos o medidas de reparación administrativa; es ventajoso cuando se busca eficacia en el cobro.

3) Demanda civil y/o penal. Si no hay acuerdo, la vía judicial puede terminar en condena civil por reparación de perjuicios y, si hay pruebas de delito, en procesos penales. Pero si los responsables carecen de bienes o las pólizas no cubren, cobrar puede ser difícil aun con sentencia. Si pierde la demanda, podría asumir las costas procesales según lo que decida el juez.

Y si gana, ¿cobro efectivo? Depende de los bienes de los demandados y de las pólizas: una sentencia no garantiza recuperación si los administradores son insolventes. Por eso conviene explorar la responsabilidad de terceros vinculados o medidas cautelares sobre bienes desde temprano.

Errores que arruinan el caso

• No documentar las decisiones cuestionadas con actas y pruebas.
• Ir directamente a la vía penal sin agotar mecanismos societarios o sin pruebas suficientes.
• No solicitar auditoría pericial que cuantifique el daño antes de demandar.
• Permitir que se expulsen pruebas o que se destruyan documentos: conserve todo.
• No agotar la vía interna de la cooperativa cuando el estatuto lo exige antes de demandar.