Recolectan datos de mi hijo menor sin autorizacion de padres

¿Tienes razón?

Lo que determina si la recolección es ilegal son tres factores: la edad del menor, si hubo consentimiento del representante y el tipo de dato recolectado. Para menores se exige, salvo excepciones, la autorización de quien ejerce la patria potestad o la representación legal. Datos sensibles de menores (salud, orientaciones, antecedentes) requieren especial cuidado. También importa el propósito: recolección con fines educativos dentro de un entorno escolar puede diferir de la recogida masiva por una aplicación comercial.

Si la plataforma no pidió o no obtuvo una autorización válida, o si la autorización fue viciada (por ejemplo, presentada mediante un consentimiento genérico sin información específica), su reclamo tiene fundamento. Además, si la recolección se hizo a través de métodos que el menor no puede comprender o sin proporcionar la información mínima sobre el tratamiento, hay incumplimiento de deberes de información.

Hay casos complejos: cuando el menor actúa con independencia (adolescentes), la línea entre autonomía y necesidad de autorización se vuelve difusa. También interviene el derecho a la intimidad del menor y el deber de protección de los padres, que la ley ampara con especial énfasis.

Cómo se soluciona

1. Reúna evidencia. Guarde capturas de pantalla, correos, formularios de registro, condiciones de uso y cualquier comunicación con la plataforma o la escuela. Si la recolección fue por una app, descargue los registros de actividad o pantallazos del formulario donde aparecen los datos del menor.

1. Solicite acceso y rectificación por escrito. Diríjase al responsable del tratamiento con un derecho de petición solicitando: a) confirmar si tienen datos del menor; b) copia exacta de esos datos; c) la autorización que dijeron haber obtenido; d) la finalidad del tratamiento; e) que se suprima o rectifique la información si no existe autorización válida. Use un medio con constancia de recibido y guarde copia.

1. Exija medidas de protección. Si los datos son sensibles o su difusión puede poner en riesgo al menor, pida además medidas de seguridad y restricción de acceso a la información.

1. Si la respuesta no es satisfactoria, presente queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Aporte pruebas y la copia del derecho de petición y su respuesta. La entidad puede investigar y ordenar correcciones o sanciones.

1. Valore medidas adicionales. Si la divulgación ya causó daño (ciberacoso, explotación, chantaje), considere la vía penal o la acción de tutela para proteger derechos fundamentales del menor.

Qué puede hacer usted solo: solicitar la supresión o rectificación y la comprobación de la autorización. Cuándo buscar abogado: si hay daño real, difusión de imágenes o datos sensibles, oposición del responsable o respuesta técnica compleja. Un abogado puede ayudar a articular la queja administrativa o una tutela si la protección del menor exige medidas inmediatas.

Qué puede pasar

1. Se arregla con una carta y eliminación. Con frecuencia la solución es que la entidad elimine los datos, concrete protocolos de acceso o entregue una rectificación. Esto evita procesos largos y protege al menor rápidamente.

1. Acuerdo o conciliación. Puede alcanzarse una conciliación en derecho donde se acuerde la supresión, medidas de protección y, a veces, una compensación. Es útil cuando quiere rapidez y garantías prácticas.

1. Investigación administrativa o judicial. La Superintendencia puede imponer medidas y sanciones si encuentra infracción. Si el caso tiene consecuencias penales (explotación sexual, pornografía infantil), las autoridades penales pueden intervenir. Si se abre proceso civil y usted gana, la ejecución de la decisión depende de la capacidad del responsable; una sentencia no siempre se traduce en cobro efectivo.

Si gana, ¿cobra? Si hay reparación ordenada, su efectivo cobro dependerá de la solvencia del responsable y de las medidas de ejecución que se adopten; no todas las resoluciones se pagan automáticamente.

Errores que arruinan el caso

• No conservar pruebas de la recolección: si solo recuerda lo sucedido pero no hay registros, demostrar la conducta es más difícil.
• Exponer más al menor tratando de probar el caso: publicar fotos o datos en redes para mostrar la ilegalidad puede agravar la vulneración.
• Negociar acuerdos sin garantías por escrito: aceptar una promesa verbal de eliminación suele ser inútil si luego no hay constancia.
• No pedir medidas provisionales si hay riesgo inmediato: en casos de difusión masiva, la inacción puede permitir que el daño crezca.
• Creer que una política genérica de privacidad sustituye a la autorización parental: una política no equivale a consentimiento válido para tratar datos de un menor.