Quieren imponerte multas por incumplir la LSSI en tu web

¿Tienes razón?

En Colombia no existe la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información). Por eso, si le reclaman por incumplir la «LSSI» hay tres posibilidades: 1) le están pidiendo el cumplimiento de una norma extranjera por error o por presión comercial; 2) le están reclamando por obligaciones equivalentes bajo la normativa colombiana (protección al consumidor, comercio electrónico, o protección de datos); o 3) se trata de un intento de extorsión o de intimidación para forzar un pago. Lo que determina si usted está obligado es la ley colombiana aplicable al servicio que ofrece: normas sobre comercio electrónico, la Constitución, el Estatuto del Consumidor y las obligaciones tributarias o de publicidad.

Para evaluar su postura debe identificar: quién hace la reclamación y qué autoridad invoca; qué comportamiento exacto critican (falta de información al consumidor, publicidad engañosa, ausencia de política de datos); y si la actividad está localizada en Colombia o en otro país. Si su plataforma tiene ubicación técnica y responsable en Colombia, la ley colombiana será la que mande; si todo está en el extranjero, la reclamación de una autoridad colombiana puede complicarse, pero igualmente existen riesgos reputacionales y contractuales.

Cómo se soluciona

1) Pida la carta/medida por escrito. Solicite copia del acto que le atribuye la infracción, la norma que supuestamente vulneró y la autoridad competente. Sin eso, sólo tiene una amenaza verbal.

2) Identifique la ley aplicable. Si la reclamación invoca la LSSI, pida que indiquen cuál es la norma colombiana equivalente que aplican. Si lo que le reclaman es publicidad engañosa o falta de información al consumidor, la norma competente suele ser el Estatuto del Consumidor y las autoridades análogas.

3) Corrija errores formales. Muchas sanciones nacen por falta de avisos obligatorios: política de tratamiento de datos, política de cookies, términos y condiciones claros, información de contacto y condiciones de venta. Corrija esas lagunas y documente la modificación (fecha, versión, quien lo implementó).

4) Responda administrativamente. Si existe un requerimiento formal de una autoridad colombiana, responda aportando las pruebas de cumplimiento. Si se trata de una reclamación de un tercero no autoridad, exponga en escrito su posición y pida que se identifiquen los fundamentos legales.

5) Si le amenazan con multas por una ley extranjera y usted opera en Colombia, considere asesoría legal para evaluar riesgos de cumplimiento internacional y comunicaciones a clientes. Mantenga la documentación y los registros de las acciones correctivas.

Puede hacer usted mismo los pasos iniciales: pedir la documentación y corregir avisos faltantes. Busque abogado si hay un requerimiento formal de autoridad, si le notifican un procedimiento sancionatorio, o si sospecha intento de extorsión.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o cambio técnico. Frecuentemente, la corrección de políticas, añadir un aviso de cookies o aclarar condiciones de venta termina la reclamación sin más consecuencias. Es la salida más común y práctica.

2) Acuerdo o conciliación. Si la autoridad considera que hubo incumplimiento, puede negociarse una salida que incluya medidas correctivas, publicaciones aclaratorias o acuerdos con consumidores.

3) Procedimiento sancionatorio. Si hay un procedimiento formal iniciado por una autoridad colombiana y se demuestra infracción grave, puede haber sanciones administrativas. Si usted infringe normas de otro país y esa autoridad intenta acciones internacionales, el asunto se complica y puede derivar en bloqueos comerciales o cláusulas contractuales en contratos internacionales.

Si usted gana la discusión administrativa, puede que no obtenga indemnización directa a menos que pruebe un daño específico; si pierde, podría enfrentar multas y órdenes de corrección, y en algunos casos costos de defensa.

Errores que arruinan el caso

• Ignorar la solicitud por considerarla «extranjera»: sin respuesta, la situación puede agravarse.
• No conservar versiones antiguas de la web para demostrar que se corrigió el problema.
• Modificar la web sin registrar cuándo y quién lo hizo: dificulta probar que actuó.
• Confundir obligaciones de privacidad con obligaciones fiscales o de comercio electrónico: cada régimen exige respuestas distintas.
• Pagar una «multa» reclamada por un tercero que no es autoridad: puede ser estafa. Siempre pida documentación oficial.