Qué hacer si cambias de país y te deben pensión de alimentos

¿Tienes razón?

Su derecho a reclamar la pensión no desaparece porque cambió de país. Lo que importa para saber si su caso es fuerte son tres cosas: (1) el título que documenta la obligación —una sentencia, un acuerdo de conciliación en derecho, un acta de audiencia de familia o un convenio plasmado en escritura pública o documento privado con firma—; (2) las pruebas de las cuotas adeudadas —comprobantes de pago previos, extractos, comunicaciones donde se reconoce la deuda—; y (3) la situación de la persona obligada: si vive en Colombia, si se mudó a otro país o si tiene bienes o ingresos en Colombia o en el extranjero. Si tiene un título ejecutivo colombiano, su posición es diferente que si solo tiene un acuerdo verbal.

Otras dos consideraciones clave: si la pensión está decretada por un juez colombiano o solo pactada entre partes, y si el obligado ha sido notificado correctamente. Una resolución judicial facilita la ejecución, incluso a través de cooperación internacional. Pero si solo hubo un acuerdo verbal, la reclamación se complica y dependerá de las pruebas que usted pueda aportar.

Si la persona que debe la pensión vive en el extranjero, debe valorarse si existe un tratado o mecanismo bilateral entre Colombia y ese país para el reconocimiento y ejecución de sentencias de familia. En ausencia de acuerdo bilateral, hay vías alternativas —por ejemplo, ejecutar en Colombia bienes o salarios que queden aquí— siempre que el obligado tenga algún nexo con el país.

Cómo se soluciona

1) Reúna toda la documentación. Busque: copia de la sentencia, acta de conciliación, contrato de alimentos, órdenes de pago, extractos bancarios que muestren depositos, comunicaciones (WhatsApp, correo exportado) donde se acuerde la pensión, identificación de las partes y certificados de residencia si los tiene. Exporte conversaciones de mensajería y guárdelas en PDF o imprímalas. Haga copias seguras en la nube y en un disco externo.

2) Determine el título de la obligación. Si tiene una sentencia o acta de conciliación, es un título ejecutivo. Si solo hubo acuerdo verbal o un intercambio de mensajes, conviértalo en título: intente una conciliación extrajudicial en derecho o, si procede, solicite la homologación del acuerdo ante un juez de familia o notario (según el caso). La conciliación extrajudicial suele ser requisito de procedibilidad antes de demandar en ciertos asuntos civiles de familia.

3) Intente reclamar por escrito con constancia de recibido. Envíe una comunicación formal al obligado pidiendo la liquidación y el pago de la deuda y ponga plazos genéricos en términos de “en un plazo prudente” —evite fijar plazos legales concretos—. Conserve la constancia de recibido; si no responde, el documento será prueba de que usted solicitó la obligación.

4) Si el obligado permanece en Colombia y tiene bienes aquí, inicie ejecución en Colombia. Con un título ejecutivo puede solicitar en los juzgados civiles competentes la ejecución forzosa para embargar salarios, cuentas bancarias o bienes. Un abogado o defensor público puede ayudar a preparar la demanda de ejecución.

5) Si el obligado vive en el extranjero, explore cooperación internacional. Consulte al abogado sobre los mecanismos disponibles: reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, cartas rogatorias o la presentación de la sentencia colombiana ante tribunales del país de residencia del obligado. La viabilidad depende del país receptor y de los requisitos locales.

6) Valore la vía diplomática y la Procuraduría o Defensoría del Pueblo en casos extremos. En situaciones donde se vulneren derechos fundamentales del menor (salud, educación), se puede estudiar una acción de tutela ante los jueces colombianos o un derecho de petición a entidades competentes para activar medidas de protección, aunque la tutela no sustituye la ejecución de la pensión.

7) Si le ofrecen un acuerdo económico, pídale al profesional que lo revise antes de firmar. Un acuerdo puede ser práctico: garantiza cobro inmediato y evita costos judiciales; pero asegúrese de que incluya garantías de cumplimiento (pagos por consignación, hipoteca o prenda, o pago por medio de terceros) y que se plasme en documento que pueda ejecutarse.

Qué puede hacer usted hoy sin abogado: reunir documentos, exportar conversaciones, solicitar constancia de recibo al enviar la solicitud de pago, pedir una conciliación extrajudicial y, si procede, presentar una petición ante la entidad competente si la pensión está administrada por una entidad social.

Qué puede pasar

1) Se arregla fuera de los juzgados. Es frecuente que, al recibir una reclamación formal o la citación a conciliación, la otra parte pague o acuerde un plan. Este camino suele ser más rápido y menos costoso. Un acuerdo con garantías puede valer más que una sentencia si usted necesita dinero ahora.

2) Acuerdo en conciliación o transacción homologada. Si llegan a un acuerdo en una conciliación en derecho y lo protocolizan, obtendrá un título que facilita la ejecución si no se cumple. El acuerdo puede incluir plazos de pago, coberturas de costos y mecanismos de control.

3) Juicio y ejecución. Si va a juicio y gana, podrá obtener una orden de pago que se ejecuta contra bienes del deudor. Pero atención: si el deudor es insolvente o vive en un país que no coopera, una sentencia puede quedar como un título difícil de cobrar. En proceso judicial también puede ocurrir que se le soliciten pruebas complementarias; si usted no las aporta, puede debilitar su caso.

Y si gana, ¿cobra? Cobrar depende de la existencia de bienes o ingresos ejecutables. Una sentencia no convierte automáticamente la deuda en dinero en su cuenta: es una herramienta para embargar bienes o salarios. Si el deudor carece de patrimonio cobrable, la sentencia sirve como reconocimiento de la deuda pero puede ser de difícil ejecución.

Errores que arruinan el caso

• No conservar pruebas: borrar chats, no exportar correos o no guardar recibos reduce muchísimo su capacidad de probar la deuda.
• Firmar un acuerdo sin garantías ni copiarse el documento para ejecutarlo. Un acuerdo verbal o un simple mensaje de “te pagaré” no es suficiente.
• Suponer que la acción prescribe por el paso del tiempo sin verificar el título y la naturaleza de la obligación: algunos mecanismos requieren actuación diversa si hay título judicial.
• No averiguar dónde está domiciliado legalmente el obligado: intentar ejecutar en un país equivocado complica todo.
• Entregar la totalidad de la carga probatoria a un funcionario sin tener copia propia: siempre guarde respaldos.