Si cree que la prueba de alcoholemia falló por calibración o mal funcionamiento, la cuestión clave es la existencia o ausencia de registros de mantenimiento y la correcta aplicación del protocolo por el agente. Solicite inmediatamente el expediente y las bitácoras del equipo; con esos documentos podrá pedir peritajes que demuestren la falla técnica y sustenten la impugnación.
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La alegación de ‘mal calibrado’ solo vale si puede demostrar que el aparato estaba fuera de especificación o que el procedimiento no siguió el protocolo técnico. Lo que determina la solidez de su caso son varios elementos: que exista ausencia o irregularidad en las bitácoras de calibración; que haya reportes de fallas previas del equipo; que el acta no refleje controles de calidad o que el agente no aplicó el protocolo establecido (por ejemplo, sin periodos de espera tras ingerir líquidos). También importa si hay testigos o pruebas que muestren que el dispositivo no estaba en condiciones normales de uso.
Sospechas sin documentos son solo sospechas. La autoridad tiene la carga de probar que el equipo funcionó correctamente y que el procedimiento fue el adecuado. Por eso necesita las bitácoras, las órdenes de servicio, los registros de control del fabricante y el informe técnico del equipo. Sin ellos, la autoridad se queda con una posición débil.
Paso 1 — Solicite por escrito el expediente del comparendo y todos los registros técnicos del aparato: bitácoras de mantenimiento, certificados de calibración y órdenes de servicio. Use el derecho de petición para obtenerlos y dejar constancia de su solicitud.
Paso 2 — Analice el acta: busque inconsistencias, campos sin diligenciar o falta de identificación del técnico que operó el equipo. Marque cualquier irregularidad para incluirla en la impugnación.
Paso 3 — Busque peritaje técnico independiente: un experto en etilómetros puede valorar las bitácoras, analizar el historial del equipo y emitir opinión técnica sobre la posible desviación de medida. Esa pericia suele ser decisiva si hay controversia técnica.
Paso 4 — Presente el recurso administrativo con la solicitud formal de verificación técnica del equipo y la petición de práctica de prueba pericial. Argumente con base en las bitácoras y en cualquier informe que acredite fallas o mantenimientos recientes.
Paso 5 — Si la autoridad no ordena verificación o la decisión le es adversa, acuda a la jurisdicción competente para solicitar la práctica de la prueba pericial y la revisión del acto administrativo.
Qué puede hacer ahora mismo: pedir copia inmediata de las bitácoras y del certificado de calibración, y obtener fotos o testimonios de la escena. No permita que se pierdan documentos o que se altere el equipo sin que exista constancia de ello.
Corrección administrativa: si se demuestra que el equipo tenía fallas o no se siguió el protocolo, la entidad puede anular el comparendo o revocar la sanción. Esta salida evita litigios largos y restablece su situación administrativa.
Acuerdo técnico: en ocasiones la entidad reconoce inconsistencia técnica y propone una salida negociada que mitigue la sanción. Un acuerdo puede ser razonable si el peritaje es incierto y usted prefiere certidumbre.
Juicio técnico: si el caso llega a la vía judicial, el juez valorará las pericias y las bitácoras. Si el perito independiente demuestra desviaciones significativas, el comparendo puede ser anulado; si la autoridad prueba el correcto funcionamiento, el comparendo se mantiene. Si pierde, la sanción se mantiene y podría soportar costas.
Y si gana, ¿cobro? La anulación administrativa o judicial elimina la sanción; sin embargo, cualquier indemnización por perjuicios exige probar daño y causación contra la entidad y sigue las reglas de responsabilidad patrimonial del Estado.
· No pedir de inmediato las bitácoras y permitir que las pruebas técnicas se pierdan o se alteren.
· No solicitar un peritaje independiente cuando hay indicios técnicos. La ausencia de perito propio deja todo en manos de la versión oficial.
· Entregar el aparato o permitir su reparación sin dejar constancia escrita y certificada. Cualquier manipulación posterior puede ser objetada por la autoridad si no queda registrada.
Si sólo busca que se revise la documentación, puede hacerlo usted mediante derecho de petición y recurso administrativo. Necesita abogado cuando la autoridad rechaza la petición, cuando se requiere un peritaje técnico solvente o cuando hay riesgo de consecuencias penales o de pérdida de la licencia. Si no tiene recursos, revise la posibilidad de peritajes por defensoría o asistencia jurídica gratuita.
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La bitácora recoge las fechas y resultados de las verificaciones técnicas del equipo. Sirve para probar que el etilómetro estaba en condiciones. Si falta o muestra irregularidades, es un argumento fuerte para impugnar el resultado.
Un peritaje privado aporta elementos técnicos que la autoridad y un juez pueden valorar. No decide por sí solo, pero puede generar dudas suficientes para que la administración ordene nueva verificación o para fundamentar una demanda.
Sí. Solicite constancia de quién manipuló el aparato y en qué condiciones. La falta de cadena de custodia o registros de intervención puede cuestionar la integridad de la prueba técnica.
La certificación del fabricante es una prueba relevante, pero el juez o la autoridad valorará el conjunto probatorio. Un informe técnico independiente que contradiga al fabricante puede abrir la puerta a la anulación del comparendo.
La práctica de pruebas técnicas puede alargar el trámite administrativo o judicial. Sin embargo, si la pericia es necesaria para decidir la validez de la prueba, suele ser imprescindible. Valore con un abogado la estrategia para equilibrar tiempo y resultados.
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