Cómo proteger los bienes de una persona con demencia

¿Tienes razón?

Tres factores determinan si su reclamo para proteger bienes tiene fundamento: 1) la existencia de un diagnóstico médico que muestre deterioro cognitivo y pérdida de capacidad para administrar bienes; 2) indicios claros de que la persona está haciendo disposiciones perjudiciales (ventas, donaciones, extracción masiva de cuentas) o que terceros la están explotando; y 3) que no exista una medida previa que ya regule la administración (por ejemplo, testamento con albacea o curatela ya establecida).

Si tiene certificados médicos, evaluaciones neuropsicológicas y documentos que prueben operaciones extrañas o decaimiento en la toma de decisiones, su posición es fuerte. Si la persona sólo presenta olvidos esporádicos sin afectación para decisiones patrimoniales, la intervención judicial puede ser desproporcionada. La ley busca medidas que protejan sin quitar autonomía innecesaria; la curatela o la administración judicial son medidas restrictivas que el juez adopta cuando el balance favorece la protección del patrimonio.

Cómo se soluciona

1) Reúna la prueba clínica. Copie historias clínicas, informes de neurólogo o psiquiatra, resultados de pruebas cognitivas y cualquier certificado que describa el grado de afectación. Estos documentos son clave para que el juez aprecie la capacidad.

2) Documente las operaciones y el daño. Consiga extractos bancarios, escrituras, contratos de compraventa o donaciones, recibos de retiro, y comunicaciones que muestren disposición de bienes. Señale fechas, montos y destinatarios. Imprima capturas de pantalla de anuncios o ventas en línea si aplican.

3) Solicite medidas provisionales. Antes de iniciar una curatela, en muchos casos puede pedirse al juez que adopte medidas cautelares: bloqueo de cuentas, prohibición de enajenar inmuebles, remoción temporal de un administrador y la designación de un defensor judicial o depositario. Estas medidas buscan evitar que el patrimonio se diluya mientras se decide la causa principal.

4) Inicie la actuación judicial para tutela de la capacidad: La vía adecuada es solicitar ante el juzgado civil competente la declaración de incapacidad parcial o total y el nombramiento de curador o administrador. El proceso incluye peritajes médicos, la oportunidad de defensa y la intervención de la familia. El juez siempre valora la menor restricción posible: puede limitar la curatela a ciertos actos (por ejemplo, solo actos de disposición de inmuebles).

5) Alternativas extrajudiciales. Si existen poderes otorgados antes de la pérdida de capacidad (poderes notariales, fideicomisos, mandato con cláusula de administración), revise esos instrumentos: a veces el propio instrumento prevé mecanismos de control o sustitución de administradores. También puede negociarse con bancos para la firma conjunta o imponer restricciones.

6) Qué hace usted y qué hace un abogado. Usted puede recopilar prueba, solicitar bloqueo de cuentas a la entidad financiera y pedir medida cautelar al juez con la ayuda de defensoría si no tiene recursos. Contrate abogado cuando la situación implique valorar contraprestaciones, demandar a terceros que recibieron bienes o cuando la familia esté dividida y se prevea litigio.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o intervención bancaria: los bancos suelen aceptar órdenes de la familia acompañadas de certificaciones médicas para limitar el acceso a cuentas. Con frecuencia se evita el juicio bloqueando retiradas y acordando administración conjunta.

2) Acuerdo familiar o curatela consensuada: la familia puede pactar quién administra y homologar el acuerdo ante notario o ante el juez, evitando un juicio contencioso. Un acuerdo controlado puede ser preferible si mantiene liquidez y evita costes.

3) Juicio de incapacitación y curatela: el juez puede declarar incapacidad parcial o total y nombrar curador, estableciendo límites y rendición de cuentas. Si el curador incumple, la familia puede pedir su remoción y sanciones. Si el demandante pierde, puede quedar sin efectos la petición y se mantendrá la situación previa; además, puede haber responsabilidad por las costas procesales si se demuestra mala fe.

Y si gana, ¿cobra? La sentencia que nombre curador no genera dinero directo para la familia; su efecto es proteger el patrimonio y establecer quién administra. Si el patrimonio está en manos de terceros insolventes, la protección puede ser teórica hasta que se recuperen activos.

Errores que arruinan el caso

• No documentar la pérdida de capacidad con informes médicos precisos.
• Esperar a que se consumen las operaciones dudosas antes de pedir medidas cautelares.
• Firmar documentos o aceptar donaciones sin asesoría cuando la persona ya tiene señal de demencia.
• No cerrar el acceso a cuentas y firmas compartidas a tiempo: la inacción facilita la dispersión del patrimonio.