No me pagan la pensión de invalidez o mesada para un incapaz

¿Tienes razón?

Que no le paguen no implica automáticamente que usted tenga derecho: hay que distinguir si existe un reconocimiento administrativo o judicial de la pensión, si el pago corresponde a un régimen especial, o si es una obligación privada (por ejemplo una pensión alimentaria cometida por un familiar). Lo que determina si tiene fundamento son tres elementos:

1) Existencia de un acto que reconozca la pensión o mesada (resolución de la entidad, sentencia, acuerdo de pensión alimentaria). Si hay reconocimiento, el impago es una ejecución forzosa; si no lo hay, primero hay que tramitar el reconocimiento.

2) Quién es el obligado al pago: un fondo pensional, la entidad promotora de salud, la administración pública o un particular. En función de ello cambian los pasos: contra la administración suele caber acción de tutela o reclamación administrativa; contra un particular, acción de cobro o de alimentos.

3) Prueba médica que acredite el grado de incapacidad exigido por la normativa del régimen que corresponda. A veces el impago se justifica por falta de calificación o porque se exige actualización del reconocimiento.

Si usted tiene una resolución, una sentencia o un reconocimiento escrito y no le paga la entidad obligada, su reclamación es sólida: lo siguiente es exigir cumplimiento ejecutivo. Si no existe reconocimiento, primero hay que conseguir ese acto por la vía administrativa o judicial.

Cómo se soluciona

1) Reúna la documentación básica.

• Copia de la resolución, sentencia o acuerdo que reconoce la pensión o mesada.
• Comprobantes de no pago: extractos bancarios, comunicaciones de la entidad, recibos no entregados.
• Informes médicos que acrediten la incapacidad y su grado, informes laborales si aplican.

2) Presente un derecho de petición ante la entidad pagadora.

• Solicite explicación por escrito del motivo del no pago y la fecha prevista de pago. Guarde la respuesta como prueba.

3) Si la entidad no responde o la respuesta es insatisfactoria, use los recursos administrativos previstos.

• Dependiendo de la entidad, puede existir un procedimiento de reclamación o recurso que agotar antes de acudir a la vía judicial.

4) Considere interponer acción de tutela cuando se vulneren derechos fundamentales (salud o alimentación) y no haya otro remedio eficaz.

• La tutela es una vía rápida y puede ordenar medidas provisionales para garantizar una prestación indispensable; recuerde que la acción de tutela protege derechos fundamentales y se decide con prioridad.

5) Si existe un reconocimiento firme, pida ejecución forzosa.

• Acuda al juzgado competente para que se ordene el pago forzoso de la obligación: embargos, órdenes de pago o retenciones según corresponda.

6) Si es una obligación de alimentos, utilice los mecanismos especiales para cobrar pensiones alimentarias.

• La acción de alimentos tiene medidas de ejecución y protección específicas; aporte pruebas de la necesidad del beneficiario y del impago.

7) Si no puede costear asesoría, acuda a la Defensoría del Pueblo, casa de justicia o defensor público.

Qué puede pasar

1) Se soluciona con la respuesta administrativa y el pago retroactivo. Muchas veces un derecho de petición bien fundamentado y la prueba documental bastan para que la entidad proceda al pago.

2) Se alcanza un acuerdo o conciliación. La entidad puede proponer pagos fraccionados o un cronograma; aceptar un acuerdo puede ser práctico si evita litigios largos y garantiza el cobro parcial inmediato.

3) Litigio judicial o tutela. Si hay vulneración de derechos fundamentales y la vía administrativa falla, la tutela puede conseguir medidas provisionales; para cobrar lo adeudado definitivamente puede ser necesaria una demanda ejecutiva o de cumplimiento. Si la entidad está insolvente, una sentencia positiva puede quedar difícil de materializar.

La pregunta clave: si gana, ¿cobra? Depende de la solvencia del obligado y de los mecanismos de ejecución. Una sentencia contra una entidad solvente suele ser eficaz; contra un particular insolvente puede terminar en una deuda reconocida pero difícil de cobrar.

Errores que arruinan el caso

• No conservar comunicaciones y pruebas del impago: llamadas sin constancia, correos borrados o falta de extractos bancarios.
• No identificar correctamente al obligado al pago; reclamar a la entidad equivocada retrasa el proceso.
• Agotar mal los recursos administrativos cuando son obligatorios antes de acudir a la vía judicial.
• Omitir solicitar medidas provisionales cuando la pensión cubre necesidades básicas del incapaz.
• No pedir ayuda de la Defensoría en casos de vulneración sistemática de derechos.