Si le impiden ver a sus hijos tras el divorcio, está en su derecho de reclamar el cumplimiento del régimen de convivencia o visitas fijado por acuerdo o sentencia. Lo que decide es si existe una orden judicial o un acuerdo que se está incumpliendo y las razones del incumplimiento. Primer paso: documente cada intento de contacto y cada negativa, con pruebas de llamadas, mensajes y testigos, y pida conciliación o acuda al juzgado para exigir cumplimiento o medidas provisionales si hay riesgo para los niños.
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No siempre que alguien le impide ver a sus hijos la ley le da la razón automática; lo que importa es si existe un acuerdo o una sentencia que regula el régimen de convivencia y si esa obligación está siendo incumplida sin causa justificada. Tres elementos definen su posición: la existencia de un título (sentencia o acuerdo homologado) que establezca visitas o custodia, la documentación que pruebe los incumplimientos (mensajes, registros de comunicaciones, testigos, constancias de intento de entrega), y las razones que alega la otra parte para impedir el contacto (riesgo para el menor, órdenes judiciales previas, situaciones de emergencia).
Si tiene un título judicial y la otra parte lo incumple, su derecho a ver a sus hijos cuenta con mecanismos de ejecución. Si no hay título, primero conviene intentar regularizar el régimen por conciliación en derecho o demanda para establecer un régimen de convivencia.
1) Reúna prueba del incumplimiento.
2) Compruebe si existe un título judicial o acuerdo homologado.
3) Intente la conciliación extrajudicial en derecho.
4) Solicite ejecución o medidas provisionales ante el juzgado.
5) Denuncie casos de obstaculización cuando haya riesgo.
6) Pruebas periciales si hay conflicto por idoneidad.
1) Se arregla con una carta o acuerdo.
2) Ejecución judicial o medidas provisionales.
3) Litigio y evaluación de idoneidad.
Y si gana, ¿cobro? Aquí no hay “cobro” económico salvo en materia de pensiones; la sentencia le devuelve un derecho de convivencia. Para que ese derecho sea efectivo puede requerirse la intervención del juzgado para ejecutar la entrega de los menores o para fijar sanciones por incumplimiento. La efectividad depende de la cooperación de instituciones y de la documentación que aporte sobre los incumplimientos.
Si existe una sentencia incumplida, puede usted intentar la ejecución por su cuenta, pero la intervención de un abogado facilita recopilar pruebas, presentar la solicitud de ejecución y solicitar medidas provisionales. Necesita abogado si la otra parte tiene representación, si hay acusaciones de riesgo sobre la idoneidad parental, o si recibe una oferta de acuerdo. Si no tiene recursos, consulte la asistencia jurídica gratuita en el despacho judicial para orientación y acompañamiento.
Otros problemas frecuentes en abogados especializados en divorcios y separaciones
Si bien la policía puede tomar nota de hechos y hacer actas, la ejecución de sentencias por visitas corresponde al juzgado de familia. Documente la situación y lleve esas actas al juez para solicitar medidas de ejecución.
La voluntad del menor es un elemento a considerar según su edad y madurez, pero no es determinante por sí sola. El juez puede ordenar entrevistas y peritajes para valorar esa afirmación y decidir según el interés superior del menor.
No es recomendable suspender pagos; hacerlo puede perjudicarle en el proceso y en la valoración judicial. Si hay incumplimiento de convivencia, la vía correcta es la ejecución judicial, no la autolesión económica.
Sí, los mensajes, registros de llamadas y testigos son prueba útil para demostrar intentos de contacto y negativas. Exporte y guarde estas comunicaciones con fecha para entregarlas en el juzgado.
Cambiar la residencia puede afectar el régimen de convivencia y puede ser motivo para pedir la modificación de medidas. Si el traslado dificulta el cumplimiento del régimen, solicite al juez la revisión del acuerdo o medidas que faciliten el contacto del progenitor.
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