Mi hijo menor detenido por drogas

¿Tienes razón?

La situación de un menor detenido por conductas relacionadas con drogas se evalúa con criterios distintos a los de un adulto. Determina la respuesta si la conducta es atribuible al menor, si hay indicios de comercialización o consumo, la edad exacta y la existencia de circunstancias personales que exijan medidas de protección y tratamiento. La ley de infancia y adolescencia coloca el interés superior del niño como principio rector: eso influye en la medida de aseguramiento, las medidas socioeducativas posibles y en la intervención de la defensoría de familia. Además, la Fiscalía especializada en adolescentes debe valorar la reparación, la responsabilidad y las medidas de tratamiento. No todo procedimiento penal aplica de la misma forma que para un adulto; por eso la intervención temprana de un abogado o defensor público y de equipos psicosociales es clave.

Cómo se soluciona

1. Asegure la asistencia letrada inmediata. Un menor detenido tiene derecho a defensa técnica. Si no puede costear un abogado, solicite defensoría pública especializada en adolescentes.

1. Documente lo ocurrido: obtenga copia del acta de aprehensión, inventario, peritajes y otras actuaciones. Identifique testigos, vídeos o registros que muestren el momento de la detención o el contexto.

1. Informe a la entidad de protección del menor correspondiente y a la Defensoría de Familia o Comisaría de Familia para activar medidas de protección y acompañamiento psicosocial. Es importante que el menor tenga evaluaciones médicas y psicológicas si se alega consumo o problemas de salud.

1. Revise la tipificación y la evidencia: en muchos casos la defensa se centra en demostrar consumo personal y en buscar medidas socioeducativas en vez de sanciones privativas de la libertad. Si existe imputación por tráfico, se debe contrastar la prueba como en cualquier proceso penal.

1. Busque medidas alternativas que prioricen tratamiento y reinserción: la intervención del defensor y de equipos técnicos puede facilitar soluciones que eviten la reclusión y ofrezcan programas de atención.

1. Si procede, prepare la defensa técnica en la etapa judicial y administrativa: impugne vicios en la captura, pida peritajes y coordine con los servicios de atención a menores.

Los padres pueden recopilar pruebas, testigos y solicitar copias del expediente. Sin embargo, la negociación con Fiscalía, la valoración técnica y la presentación de recursos requieren abogado penalista o defensor especializado en derecho de infancia.

Qué puede pasar

Primera posibilidad: solución administrativa o socioeducativa. En muchos casos que involucran consumo o conductas de riesgo, las autoridades optan por medidas de carácter social y terapéutico en lugar de medidas privativas de libertad, buscando la reinserción del menor.

Segunda posibilidad: acuerdo o medida alternativa con seguimiento. Puede acordarse la participación en programas psicosociales, atención médica o medidas de reparación que eviten el internamiento; esta vía suele ser más rápida y con menos estigma para el menor.

Tercera posibilidad: proceso judicial con medidas privativas. Si la evidencia apunta a conductas de tráfico o hay circunstancias agravantes, se puede tramitar proceso que derive en medidas más severas. En ese caso, la defensa debe preparar recursos y pruebas para reducir riesgos y buscar medidas no privativas cuando sea posible.

Y si ganamos, ¿qué sigue? Una resolución favorable puede terminar con la imposición de medidas de protección o con la absolución. Sin embargo, la recuperación y reinserción del menor dependen de la aplicación efectiva de programas de atención y del seguimiento institucional.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar defensoría o abogado desde el primer momento.
• Hablar con la policía sin asesoría y sin la presencia de los padres o del defensor.
• No activar de inmediato los servicios de protección y salud mental para documentar necesidades del menor.
• No recopilar testigos y pruebas del contexto familiar y social del menor que expliquen la conducta.
• Tratar el asunto solo como penal y olvidarse del componente de protección y tratamiento que suele ser clave en procesos con menores.