Mi empresa recibe sanción penal y administrativa por prácticas irregulares

¿Tienes razón?

Tres factores determinan si la sanción es correcta o si hay margen para impugnarla: la motivación de la resolución, la prueba que la sostiene y la existencia de errores de procedimiento o vulneración del debido proceso.

1) Motivación de la resolución. Las decisiones administrativas y penales deben explicar por qué se impone la sanción y qué pruebas la sustentan. Si la motivación es genérica o no vincula hechos y normas, existe una vía para impugnarla.

2) Prueba. Verifique si la sanción se apoya en pruebas documentales, testimonios o informes periciales. Si la prueba es insuficiente, incoherente o fruto de procedimientos defectuosos, tiene base para recurrir.

3) Procedimiento. Compruebe si se respetaron garantías: notificación válida, derecho a réplica, acceso a la prueba y plazo para presentar descargos. Fallas procesales pueden invalidar la decisión.

Si las resoluciones contienen errores de motivación, pruebas débiles o vicios procesales, usted puede impugnarlas con éxito. Si, por el contrario, la prueba es sólida y el procedimiento correcto, la estrategia se centra en mitigar efectos y negociar medidas alternativas.

Cómo se soluciona

1) Solicite copia íntegra de las resoluciones y de la actuación administrativa y penal. Revise los fundamentos y la prueba citada. Esto lo puede pedir su representante legal o el revisor fiscal.

2) Reúna la evidencia exculpatoria: contratos, facturas, informes periciales, comunicaciones y cualquier documento que desvirtúe las conclusiones. Asegúrese de tener versiones certificadas y cronologías claras.

3) Interponga los recursos administrativos o judiciales correspondientes. Para sanciones administrativas, existe la vía de impugnación previa y recursos ante la misma entidad o ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Para lo penal, su defensa técnica presentará los recursos procesales permitidos. Un abogado le guiará sobre cuál es la mejor estrategia y la combinación óptima.

4) Explore mecanismos de defensa técnica: peritajes contables, informes de cumplimiento, testimonios de expertos y la presentación de pruebas nuevas que demuestren la licitud de las prácticas.

5) Negociación y remedios. En algunos casos, negociar medidas de cumplimiento o asumir responsabilidades administrativas puede reducir el impacto práctico (por ejemplo, acuerdos que eviten la imposición de inhabilidades extremas). Evalúe la conveniencia de negociar frente a litigar, considerando reputación y costes.

6) Coordine la defensa penal y administrativa. Las decisiones en un proceso pueden influir en el otro; por eso la estrategia debe ser conjunta para evitar contradicciones y pérdidas de oportunidad.

7) Comuníquese con asesores de comunicación. Una sanción doble suele afectar la reputación; una estrategia de comunicación veraz y medida ayuda a contener daños comerciales.

Qué puede hacer sin abogado: solicitar copias de resoluciones, reunir documentos y presentar recursos básicos si la materia es clara. Necesita abogado cuando haya consecuencias graves como inhabilidades para contratar, multas significativas, imputaciones penales formales o riesgo de responsabilidad de administradores.

Qué puede pasar

1) Se arregla con revocatoria o reducción administrativa: si se demuestra que hubo error probatorio o vicio de procedimiento, la entidad puede revocar o reducir la sanción. A veces, presentar pruebas nuevas conduce a la mitigación.

2) Acuerdo administrativo y medidas de cumplimiento: la entidad puede aceptar medidas correctivas y sanciones menores a cambio de compromisos de cumplimiento interno, lo que evita un proceso largo y facilita la continuidad del negocio.

3) Litigio penal y confirmación de sanciones: si la vía penal avanza y hay condena, eso puede llevar a sanciones penales y a la confirmación de consecuencias administrativas. Si pierde en lo penal, además de sanciones penales, la empresa puede enfrentar dificultades para acceder a contratos públicos y financieros.

Y si gana, ¿cobra? Si logra revertir sanciones, la empresa recupera su libertad de operar, pero la restitución de daños reputacionales y comerciales depende de una gestión activa y de demostrar cambios en prácticas y controles.

Errores que arruinan el caso

• No impugnar a tiempo por temor o por creer que no sirve; dejar vencer opciones procesales limita recursos legales.
• No coordinar defensa penal y administrativa; acciones descoordinadas pueden contradecirse y debilitar la posición.
• No conservar la cadena documental que pruebe la licitud de operaciones o no presentar peritajes cuando son necesarios.
• Comunicar indebidamente a clientes o prensa sin asesoría; declaraciones mal medidas agravan el daño reputacional.
• Firmar acuerdos o reconocer hechos sin asesoría legal; eso puede cerrar vías de defensa posteriores.