Mi empresa es investigada por cohecho en varios contratos

¿Tienes razón?

Tres factores fundamentales deciden si la acusación de cohecho tiene fundamento: prueba documental de pagos o favores, la existencia de beneficios indebidos y la transparencia del proceso contractual.

1) Pruebas de hechos. Los indicios habituales son transferencias bancarias, facturas falsificadas, contratos de mentira, registros contables alterados o testimonios que conecten a la empresa con el funcionario. Si no existe trazabilidad de pagos ni documentación que vincule a la empresa con la conducta del funcionario, su posición es más defensible.

2) Beneficio indebido. Hay cohecho cuando la empresa obtuvo ventaja en el proceso por medios ilegítimos: sobornos, regalos o acuerdos paralelos. Si las adjudicaciones se sustentan en ofertas técnicas superiores y en criterios formales, la acusación puede desmontarse con documentación técnica y evidencia de evaluación del proceso.

3) Transparencia y cumplimiento. Si la empresa aplicó controles internos, licitaciones transparentes, y tiene registros de las etapas del proceso, puede usar eso como defensa. La ausencia de políticas de contratación y de registro de conflictos de interés incrementa el riesgo penal y administrativo.

Si las pruebas incluyen pagos a cuentas personales del funcionario, comunicaciones que prueben trato preferencial o facturas que no corresponden a servicios reales, la exposición es alta. Si todo está documentado, su defensa puede centrarse en demostrar la licitud de las transacciones.

Cómo se soluciona

1) Preserve todo: expedientes contractuales, actas, ofertas técnicas, evaluaciones y comunicaciones. No altere ni destruya documentos. Esta conservación la debe ordenar la gerencia y cumplir el área de contratación y revisor fiscal.

2) Active al revisor fiscal y pida un informe técnico que explique la licitud de las adjudicaciones y la cadena documental: quién preparó la oferta, criterios de evaluación y justificación técnica del precio. Ese informe es prueba esencial.

3) Reúna pruebas de contraprestación real: entregas, informes de avance, constancias de prestación de servicios y materiales entregados. Acompañe con certificados de cumplimiento o recepción de obra cuando existan.

4) Evalúe contratos con intermediarios: muchas veces el soborno se canaliza a través de terceros. Aporte contratos con proveedores y registros de pago que demuestren que los pagos correspondían a suministros o servicios reales.

5) Solicite asesoría penal y administrativa. Un abogado penalista evaluará la posibilidad de responder a requerimientos, presentar pruebas y plantear defensa técnica. También puede gestionar estrategias para mitigar sanciones administrativas frente a entidades de control.

6) Considere acciones internas: suspender personal implicado, pedir colaboración en la investigación y abrir procesos disciplinarios. La empresa puede presentar denuncia interna y colaborar con la autoridad, siempre con asesoría jurídica que preserve intereses.

7) Si hay posibilidad, negocie medidas alternas con la Fiscalía: en algunos casos la colaboración puede reducir consecuencias, pero esto debe evaluarlo un abogado.

Lo que usted puede hacer sin abogado: preservar documentación, pedir al revisor fiscal informes y responder administrativamente con evidencias básicas. Necesitará abogado cuando haya imputaciones formales, órdenes de captura, medidas cautelares sobre bienes o cuando la reputación del negocio esté en riesgo.

Qué puede pasar

1) Se arregla con documentación: presentar pruebas de la licitud de la contratación y del cumplimiento del contrato puede llevar a que la investigación no avance o sea archivada si se demuestra la ausencia de conducta corrupta.

2) Acuerdos o consecuencias administrativas: la empresa puede enfrentarse a sanciones administrativas, multas, inhabilidades para contratar o la obligación de implementar medidas de cumplimiento. Un acuerdo administrativo puede ser preferible para limitar impacto y evitar juicio penal.

3) Proceso penal: si la Fiscalía encuentra indicios suficientes, puede iniciarse un proceso penal contra personas naturales y, en ciertos supuestos, contra la persona jurídica. Si hay condena, pueden imponerse sanciones penales, civiles y administrativas. Si pierde el proceso, la empresa puede quedar inhabilitada para contratar con el Estado y enfrentar responsabilidad patrimonial.

Y si gana, ¿cobra? Ganar un proceso puede limpiar la situación legal, pero la recuperación reputacional y comercial es independiente del fallo; la empresa deberá demostrar medidas de transparencia para recuperar contratos y confianza.

Errores que arruinan el caso

• No conservar el expediente del proceso contractual ni actas de evaluación.
• Borrar comunicaciones con evaluadores o funcionarios; eso se interpreta como ocultamiento.
• Permitir pagos en ventanilla o en cuentas personales sin soporte contractual claro.
• No actuar contra empleados implicados cuando hay indicios claros; la inacción complica la defensa de la empresa.
• Responder a la Fiscalía sin asesoría cuando la evidencia técnica es compleja: eso puede llevar a declaraciones que perjudiquen la defensa.