No siempre debe pagar usted de su bolsillo impuestos o cargas posteriores: lo que importa es lo pactado en el contrato y el estado registral del bien en el momento de la venta. Primer paso: revise el título, el certificado de tradición o la documentación fiscal y pida por escrito la explicación al vendedor; guarde todo y solicite conciliación si no hay entendimiento.
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Tres factores clave determinan si debe responder por impuestos o cargas tras una compraventa. Primero: qué estableció el contrato. Las partes pueden pactar quién asume los impuestos, contribuciones y saneamientos; si existe una cláusula clara, esa es la regla básica. Segundo: el estado registral o fiscal del bien al momento de la transmisión. Si al transferirse el bien existían impuestos, gravámenes o anotaciones que no se revelaron, puede caber una reclamación por incumplimiento o saneamiento. Tercero: la naturaleza del impuesto o la carga. Algunos tributos o obligaciones surgen con posterioridad por hechos nuevos (por ejemplo, liquidaciones fiscales posteriores). Si la obligación corresponde a períodos anteriores a la venta y no fue informada, el comprador puede reclamar al vendedor.
Además, cuando el comprador es consumidor o la otra parte es una empresa, hay reglas del Estatuto del Consumidor y deberes de información. En bienes inmuebles, el certificado de tradición y libertad y los paz y salvos fiscales son documentos relevantes. En vehículos, la revisión del historial registral y de multas es esencial. Para tierras o predios rurales, impuestos o cargas ambientales u obligaciones con entidades públicas pueden complicar la operación.
1) Se arregla con una carta y pago por el vendedor. En muchos casos el vendedor acepta pagar o negociar el monto cuando se demuestra que la obligación corresponde a períodos previos a la venta y no le fue informada al comprador.
2) Acuerdo o conciliación. Un acuerdo puede implicar reparto del impuesto, condonación parcial o pago por parte del vendedor a cambio de compensación. A veces aceptar una rebaja puede ser preferible a litigar por el riesgo y tiempo del proceso.
3) Juicio o impugnación administrativa. En juicio podrá reclamar el saneamiento o la reparación del daño si el vendedor ocultó información o hubo vicios en el título. Si la reclamación viene de la DIAN o autoridad tributaria, deberá impugnar la liquidación por la vía administrativa antes de agotar la vía judicial según corresponda.
Y si gana, ¿cobra? La sentencia o resolución favorable le da un título para ejecutar contra el vendedor, pero el cobro dependerá de la existencia de bienes embargables. En asuntos fiscales, anular una liquidación no siempre implica devolución inmediata sin trámites de ejecución fiscal.
Puede iniciar el derecho de petición y la conciliación por su cuenta; eso suele aclarar si la reclamación es fundada. Necesitará abogado si la otra parte se niega, si la liquidación es compleja o si le proponen un acuerdo que no sabe valorar. También es recomendable asesoría ante reclamaciones de la DIAN o de entidades territoriales. Si tiene recursos para justicia gratuita, mencione esa opción en su búsqueda de asistencia.
Otros problemas frecuentes en abogados especialistas en compraventas
Depende de la claridad de la cláusula y de si hubo ocultamiento o error en el estado registral. Una cláusula puede pactar reparto de impuestos, pero no libera al vendedor de informar gravámenes preexistentes ocultos o de responder por saneamiento en casos de fraude.
Ejerza el derecho de petición para que la DIAN le entregue la motivación de la liquidación. Si la obligación corresponde a periodos anteriores a la venta y no le fue informada, puede impugnar y reclamar al vendedor. Considere asesoría especializada en derecho tributario.
El certificado de tradición y libertad o el registro público correspondiente muestra anotaciones, hipotecas y restricciones. Pida también paz y salvo fiscal si aplica. Si no lo obtuvo al comprar, solicítelo y compare fechas con la transmisión.
Pagar sin documentar ni reservar acciones puede dificultar luego reclamar al vendedor. Si paga, hágalo con documento que deje constancia de la causa y reserve expresamente el derecho de repetición contra el vendedor.
La escritura pública da mayor certeza sobre fechas y títulos registrales, pero no elimina la posibilidad de que aparezcan gravámenes posteriores o liquidaciones fiscales. La forma pública facilita probar el estado del título en la fecha de la transmisión.
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