Me investigan por manipulación de mercado o uso de información privilegiada

¿Tienes razón?

La acusación por manipulación de mercado o uso de información privilegiada depende de cuatro factores: existencia de información privilegiada no pública relevante, momento temporal de la operación respecto a la difusión pública, la vinculación del sujeto con la fuente de información (por ejemplo, directivos, asesores o empleados) y la prueba de beneficio económico obtenido. Si usted realizó operaciones sobre valores basadas en análisis público y con información disponible en el mercado, su defensa es más robusta. Si, por el contrario, compró o vendió valores inmediatamente antes de una noticia corporativa importante y tenía acceso privilegiado a esa información, la Fiscalía o la Superintendencia podrán sostener la actuación como ilícita.

La naturaleza de la información importa: datos sobre resultados, fusiones, contratación estratégica o cambios de control suelen considerarse relevantes. Además, la consistencia entre sus patrones de negociación pasados y la operación en cuestión influye: una operación atípica y rentable justo antes de un anuncio llama la atención.

En síntesis: pruebe la fuente y el conocimiento de la información y explique por qué operó en esos términos.

Cómo se soluciona

1. Reúna y preserve todos los registros de negociación: órdenes de compra/venta, horarios, tickets, cuentas de corretaje, y extractos. Exporte comunicaciones internas (correos, chats corporativos) y externas con asesores o terceros.

1. Documente su relación con la fuente de información: contratos, cargos, acceso a informes internos o participación en comités. Si actuó por recomendaciones de un tercero independiente, guarde la documentación de esa recomendación.

1. Evite comerciar en el mismo instrumento mientras existe investigación; operar puede generar más indicios en su contra. Consulte con su asesor legal sobre restricciones de mercado aplicables.

1. Presente pruebas que expliquen la racionalidad de la operación: informes de análisis, justificaciones económicas, registros de órdenes previas y cualquier evidencia de que la operación obedecía a una estrategia legítima.

1. Cuando intervienen la Superintendencia Financiera y la Fiscalía, coordine la defensa administrativa y penal: la Superintendencia puede imponer sanciones administrativas y la Fiscalía puede abrir investigación penal. Un abogado con experiencia en derecho financiero es esencial para articular peritajes y cuestionar la interpretación de patrones de negociación.

Qué puede hacer solo: conservar registros y no eliminar comunicaciones. Necesita abogado para impugnar medidas administrativas, para presentar pruebas periciales y para negociar oplegar alternativas.

Qué puede pasar

1) Archivo o cierre por falta de mérito: si la evidencia no demuestra uso de información privilegiada o manipulación intencional, la investigación puede cerrarse sin sanción.

2) Sanción administrativa o acuerdo: la Superintendencia puede imponer sanciones administrativas o adoptar medidas que limiten su actividad en el mercado; en ocasiones se negocian acuerdos que evitan procedimientos penales.

3) Juicio penal: si la Fiscalía encuentra indicios suficientes, puede avanzar a acusación penal. Una condena penal trae sanciones y puede afectar su reputación profesional y capacidad para operar en mercados financieros. Si pierde en juicio, además de sanciones, la ejecución de penas económicas dependerá del patrimonio del condenado.

¿Y si gana, cobro? Recuperar la reputación y obtener reparación económica no es automático; puede reclamarse reparación por daños en sede civil, pero exige pruebas y tiempo adicional.

Errores que arruinan el caso

• Eliminar correos, chats o registros de órdenes. La ocultación aumenta la sospecha de mala conducta.
• No documentar la fuente y la razón de la operación: la ausencia de justificación técnica es costosa.
• Operar repetidamente justo antes de anuncios corporativos sin fundamento. Los patrones atípicos son fáciles de detectar en peritajes.
• Responder de forma improvisada a requerimientos de la Superintendencia o Fiscalía sin preparar peritajes financieros.