Me investigan por contratación pública irregular

¿Tienes razón?

En una investigación por contratación pública irregular, lo que pesa no es solo el resultado (cuál empresa ganó), sino el procedimiento: la publicación de los pliegos, la evaluación de ofertas, la existencia de conflicto de intereses, la comparación técnica y económica de las propuestas, y las actas que documenten cada etapa. Si el proceso se llevó siguiendo las normas internas, con pliegos públicamente accesibles, evaluadores imparciales y actas, su defensa es fuerte. Si hubo adjudicación directa sin justificación, prórrogas injustificadas, o evidencias de que alguien filtró información, la Fiscalía o la Procuraduría encontrarán elementos para imponer responsabilidades.

También influye la relación entre los participantes: la existencia de parentescos, sociedades vinculadas o acuerdos previos entre oferentes y funcionarios es un factor que inclina la balanza hacia la irregularidad. Por último, la proporcionalidad entre el precio y los resultados técnicos, y la existencia de estudios previos que justifiquen la contratación, modifican la valoración del caso.

Recuerde: la mera eventualidad de un error procedimental no siempre produce responsabilidad penal; a menudo abre caminos disciplinarios o administrativos, pero la combinación de manipulación de pruebas y beneficio concreto sí puede derivar en responsabilidad penal.

Cómo se soluciona

1. Reúna el expediente: pliegos, formularios de oferta, actas de evaluación, actas de adjudicación, comunicaciones entre la entidad y oferentes y certificaciones de cumplimiento. Si hay versiones digitales, exporte metadatos.

1. Documente la transparencia del proceso. Si hubo publicación en el portal de la entidad o en el SECOP, guarde capturas y constancias de publicación. Si se usaron pliegos modelo o bases técnicas aprobadas, aporte las aprobaciones y firmas.

1. Identifique conflictos de interés. Documente cualquier relación comercial o personal entre los evaluadores y oferentes. Si existió recusación o declaración de conflicto, incorpórela.

1. Solicite peritaje técnico y contable si hay dudas sobre evaluación de ofertas. Un peritaje puede demostrar que la adjudicación obedeció criterios objetivos o, al contrario, demostrar irregularidades en la comparación técnica-económica.

1. Use el derecho de petición y la solicitud de copias de la investigación. Pida a la entidad o a la autoridad que le remita las pruebas y actas que sustentan la denuncia.

1. Coordine defensa administrativa, disciplinaria y penal. Si usted es funcionario, la procuraduría o la instancia disciplinaria puede abrir investigación paralela; su estrategia debe coordinar ambas defensas.

Lo que puede hacer hoy: asegurar expedientes y publicaciones, exportar comunicaciones y pedir por derecho de petición la documentación de la contratación. Lo que debe hacer con abogado: peritajes técnicos, estrategias de recusación y representación en audiencias disciplinarias y penales.

Qué puede pasar

1) Solución administrativa o técnica. Si la irregularidad es técnica o procedimental menor, la entidad puede anular el acto, repetir el proceso o imponer sanciones administrativas que no alcanzan lo penal.

2) Acuerdo o medidas disciplinarias. Pueden imponerse sanciones disciplinarias (amonestación, suspensión, destitución) o acuerdos en sede administrativa que mitiguen la repercusión penal. A veces la reparación del daño por la entidad reduce el interés penal.

3) Proceso penal. Si existe manipulación deliberada, alteración de pruebas o adjudicación con beneficio personal, la Fiscalía puede formular cargos por delitos conexos (fraude, contratos sin cumplimiento de requisitos, cohecho). Una condena penal acarrea sanciones penales y pérdida de cargo público si aplica. Respecto al cobro, recuperar valores depende de la solvencia del responsable y de procedimientos civiles de reparación.

Errores que arruinan el caso

• No conservar el expediente ni las publicaciones oficiales como pruebas.
• Ocultar comunicaciones entre funcionarios y oferentes.
• No declarar conflictos de interés o permitiendo que evaluadores con vinculación participen.
• Firmar actas sin constar pruebas o sin leer los anexos técnicos.
• Tratar la investigación como solo administrativa y no preparar defensa penal simultánea cuando hay riesgo de imputación.