Me acusan de peculado por usar recursos públicos

¿Tienes razón?

La diferencia central en una acusación de peculado por uso de recursos públicos pasa por tres preguntas: tenía usted la potestad o la custodia del recurso; el recurso era efectivamente público; y hubo voluntad de apropiación o uso indebido. Si los fondos o bienes estaban bajo la administración de una entidad pública y usted tenía facultades para disponer de ellos, la Fiscalía examinará si su conducta respetó los procedimientos de control y destino previstos. Si, por otro lado, actuó como tercero que recibió bienes sin conocimiento de su origen público, su defensa será distinta.

También importa la trazabilidad: registros contables, órdenes de pago, actas de entrega, contratos y certificaciones internas determinan si la operación se realizó con el debido respaldo. La existencia de autorizaciones, informes técnicos o contratos con terceros que justifiquen el uso atenúa la imputación. En cambio, pagos sin soporte, entregas a personas naturales sin contrato o retiro de bienes sin inventario generan presunción de irregularidad.

La intención es clave: la fiscalía busca demostrar que usted buscó un beneficio personal o que cambió el destino legal del recurso. Si puede demostrar que el uso fue autorizado o que actuó por error administrativo sin ánimo de lucro, su riesgo penal disminuye, aunque pueden subsistir responsabilidades administrativas o disciplinarias.

Cómo se soluciona

1. Preserve y solicite documentación. Pida copias de órdenes de pago, contratos, actas, informes técnicos y registros de inventario. Use el derecho de petición para obtener las copias que la entidad tenga si la denuncia proviene de allí.

1. Reúna soporte de autorización. Si hubo autorizaciones (firmas, resoluciones, actas de comité), consigne todo. Si la autorización fue verbal, busque testigos y correos que la confirmen.

1. Trace el destino del recurso. Reúna comprobantes de pago hacia terceros, contratos de servicios, facturas y recibos. Si el recurso se transfirió a una cuenta, trace la cadena contable.

1. Contrate peritos contables y administrativos. Un peritaje puede demostrar que el movimiento obedeció a procedimientos internos, que hubo registro contable y que no hubo perjuicio económico.

1. Prepare su versión y no destruya evidencia. No borre correos ni anote “aclaraciones” en documentos originales; eso se interpreta negativamente. Solicite asesoría antes de dar declaraciones formales.

1. Explore vías administrativas y disciplinarias. Además del proceso penal, suele haber investigaciones disciplinarias o administrativas. A veces es preferible negociar reparaciones administrativas para atenuar la valoración penal.

Acciones que puede tomar hoy: pedir por escrito las pruebas de la entidad, preservar documentos y exportar comunicaciones. Lo que requiere abogado: articular peritajes, coordinar la defensa penal y gestionar la estrategia frente a autoridades administrativas y fiscales.

Qué puede pasar

1) Se arregla con devolución o regularización. Si el problema es formal y se puede restituir o justificar el uso con documentación, la entidad puede archivar el asunto o limitar la responsabilidad a sanciones administrativas.

2) Acuerdo en sede administrativa o disciplinaria. Muchas veces la sanción formal se impone en el ámbito disciplinario (suspensiones, pérdida de empleo) mientras que la Fiscalía valora el carácter penal. Un acuerdo o la reparación del daño pueden influir en la decisión penal.

3) Juicio penal. Si la Fiscalía entiende que hubo intención dolosa y está probada, puede formular cargos. Una condena penal conlleva consecuencias penales y patrimoniales. Si se absuelve, persisten posibles sanciones administrativas. Respecto al cobro, si obtiene reparación en sede civil, cobrarla dependerá de la capacidad financiera del condenado.

Errores que arruinan el caso

• Destruir documentos o modificar registros contables tras saber de la investigación.
• No pedir por escrito la justificación administrativa de los gastos o la autorización.
• Mezclar recursos públicos con fondos privados sin soporte contable claro.
• No contratar perito contable en operaciones complejas.
• Minimizar la investigación creyendo que es sólo un trámite: la inacción puede cerrar vías de defensa técnica.