Me acusan de lavar dinero mediante compra de inmuebles

¿Tienes razón?

La acusación de lavado de activos mediante compra de inmuebles se sustenta en pruebas sobre el origen del dinero y su relación con conductas delictivas previas. Tres factores que determinan la fortaleza de la acusación:

1. Origen de los recursos: cómo se financió la compra. Si puede demostrar que los fondos provienen de actividad lícita (ingresos laborales, ahorro acreditado, créditos bancarios con historial), su defensa se fortalece. Si el dinero provino de terceros no acreditados o de actividades ilícitas, el riesgo se incrementa.

1. Conocimiento y conducta: si hubo ocultamiento deliberado, uso de testaferros, fraccionamiento de pagos o falta de documentación en operaciones atípicas, puede presumirse conducta dolosa. Si actuó con asesoría notarial y bancaria y cumplió diligencias, es la prueba de buena fe.

1. Vínculos entre comprador y vendedores o terceros: operaciones con personas vinculadas a actividades ilegales o repetidas compraventas con las mismas personas generan sospechas. Transferencias a cuentas de terceros sin explicación también son relevantes.

Tener escrituras, consignaciones bancarias legales, contratos de crédito y pruebas de solvencia es crucial. No asuma culpa por haber comprado un inmueble: muchos compradores actúan de buena fe y la defensa se centra en demostrar legitimidad de los recursos y ausencia de conocimiento.

Cómo se soluciona

1) Reúna toda la documentación (usted). Escrituras, certificados de tradición, contratos de compraventa, comprobantes de pago, extractos bancarios que acrediten origen de fondos, contratos de préstamo y certificados de retención. Ordene cronológicamente cada transferencia.

2) Solicite informes a entidades financieras y al notario. Pida copias de las diligencias realizadas al momento de la escritura y cualquier certificación que demuestre cumplimiento de obligaciones de prevención de lavado.

3) No destruya evidencia ni haga transferencias adicionales que compliquen la trazabilidad. Evite mover recursos hasta tener asesoría.

4) Consulte un abogado penal económico y notarial. Un abogado pedirá peritajes contables y financieros que expliquen el origen de los fondos, solicitará información a entidades y preparará la defensa ante la Fiscalía.

5) Colabore con la investigación si hay requerimientos formales pero con asesoría. Proveer documentos y explicar el origen lícito puede aclarar dudas y evitar medidas drásticas.

6) Medidas cautelares y defensa contra embargos: si la Fiscalía solicita embargo del inmueble, su abogado puede impugnar o solicitar levantar medidas demostrando origen lícito de fondos. La defensa estratégica incluye presentar pruebas de títulos y del flujo de fondos.

7) Posibles acuerdos: en casos en que hay dudas sobre el origen, en ocasiones se negocian salidas para regularizar la situación o demostrar la trazabilidad mediante peritajes que acrediten la licitud.

Qué puede hacer solo y qué requiere abogado: usted debe recopilar documentos y evitar movimientos. Para peritajes financieros, impugnación de medidas cautelares y litigio penal, necesita abogado especializado.

Qué puede pasar

1) Se arregla con documentación y explicación: si demuestra el origen lícito, la investigación puede archivarse o no prosperar. Muchas investigaciones se cierran cuando se acredita la legitimidad de los fondos.

2) Acuerdo o medidas alternativas: puede llegarse a mecanismos que permitan la regularización de la situación, como entrega de documentación complementaria o acuerdos que limiten la afectación del bien mientras se aclara el origen.

3) Juicio por lavado de activos: si la Fiscalía encuentra pruebas de que usted conocía el origen ilícito o participó en ocultamiento, puede formular cargos penales y solicitar medidas como embargo o aseguramiento del bien. En caso de condena, además de la sanción penal, habrá responsabilidad patrimonial y pérdida del bien según la decisión judicial.

Y si gana, ¿cobra? Una sentencia favorable permite el levantamiento de embargos y la recuperación plenas de derechos sobre el inmueble. Si la sentencia condenatoria afecta a terceros, la ejecución dependerá del patrimonio disponible.

Errores que arruinan el caso

• Ocultar la identidad de quienes aportaron fondos o usar múltiples cuentas sin documentación justificativa.

• Alterar comprobantes o contratos para justificar pagos.

• Vender o transferir el inmueble sin asesoría cuando hay investigación, lo que puede provocar medidas adicionales.

• No conservar contratos de préstamo o pruebas de ingresos que expliquen la fuente de los recursos.

• No pedir ayuda de un abogado cuando la Fiscalía anuncia medidas cautelares; eso reduce opciones defensivas.