Me investigan por lavar dinero a través de remesas y giros internacionales

¿Tienes razón?

Tres elementos ordenan la respuesta: el origen de los recursos, su trazabilidad y su finalidad. Si las remesas corresponden a envíos lícitos de familiares, con documentación que lo pruebe (comunicaciones, certificados de trabajo del remitente, movimientos bancarios internacionales), su posición es sólida. Si, por el contrario, hay montos fraccionados sin relación con actividad económica y usted no puede explicar la procedencia o el destino real, la investigación se complica. Importa también si actuó como mero receptor o si facilitó la conversión, transferencia o ocultamiento para terceros. La diferencia entre un receptor legítimo y un operador que «blanquea» fondos se aprecia en la existencia de contraprestación y en el conocimiento sobre el origen ilícito.

Registros de plataformas de giros, contratos de servicios, identificaciones del remitente y contratos de compraventa que justifiquen fondos son pruebas clave. Importa la comunicación con quien envió el dinero: mensajes que confirmen que se trató de ayuda familiar o una venta respaldan su defensa. Si la Fiscalía o la autoridad de control sospecha de personas interpuestas o cadenas de envíos, pedir acceso a las pruebas que motivan la investigación le permite preparar una respuesta coordinada con un perito financiero.

Cómo se soluciona

1. Reúna todo lo que pruebe la procedencia: comprobantes de envío, certificados migratorios del remitente si aplica, contratos de compraventa, facturas, recibos de servicios y extractos bancarios que muestren la entrada y salida de recursos. Exporta y guarda los registros de la plataforma de giros.
2. Documente la finalidad de los fondos: mensajes, contratos, comprobantes de pago por bienes o servicios, o gastos que muestren que el dinero se usó en actividades legítimas.
3. Solicite copia de la investigación o de las actuaciones administrativas y valore presentar escritos con las pruebas que expliquen la operación. No haga declaraciones espontáneas que admitan desconocimiento sobre el origen sin consultar a un abogado.
4. Contrate un perito en lavado de activos o un contador forense si la investigación avanza; su informe puede desmontar hipótesis de ocultamiento mediante análisis de trazabilidad y de redes de transferencias.
5. Si la autoridad dispone medidas cautelares sobre sus cuentas o bienes, su abogado debe impugnar esas medidas y proponer medidas menos gravosas, aportando las pruebas de origen lícito.
6. En paralelo, supervise su situación fiscal y reporte los ingresos cuando corresponda: la regularización tributaria y documental puede ayudar a demostrar buena fe.

Cosas que puede hacer solo: sacar copias y exportar registros de la plataforma de giros, hablar con el remitente para que entregue pruebas de su capacidad económica y conservar todas las comunicaciones relacionadas.

Qué puede pasar

1) Se resuelve administrativamente con aclaración documental. Si puede probar que las remesas eran lícitas (ayuda familiar, venta documentada, remuneración por trabajo en el exterior), la investigación puede cerrarse o limitarse a un requerimiento administrativo. Esta salida evita proceso penal cuando la evidencia desmonta las sospechas de ocultamiento.

2) Acuerdo o reparación. En casos donde hay confusión sobre titulares o sobre intermediación, puede proponerse colaboración para identificar al verdadero autor de la fuente delictiva y regularizar movimientos. Un acuerdo puede implicar entrega de información y correcciones formales, y suele ser una salida práctica.

3) Juicio penal por lavado. Si Fiscalía encuentra indicios sólidos de que usted conocía el origen ilícito y realizó operaciones para darle apariencia de legalidad, podría formular una acusación y abrirse un juicio penal. Si pierde, además de las consecuencias penales, puede perder control sobre bienes y enfrentar medidas de extinción de dominio. Si gana, evita sanciones, pero la investigación puede haber provocado congelamientos temporales y perjuicios reputacionales.

Y si gana, ¿cobro? La sentencia absolutoria no devuelve automáticamente perjuicios económicos ni reputación. Si hay bienes embargados, su restitución depende de procedimientos de medida cautelar y de bienes embargados; si la contraparte es insolvente, una sentencia favorable puede quedar en papel.

Errores que arruinan el caso

• Aceptar repetir operaciones de terceros sin contratos ni justificación económica.
• Eliminar o no conservar comprobantes de envío y recepción de remesas.
• Negarse a explicar el origen o decir frases vagas que la Fiscalía interprete como conocimiento del origen ilícito.
• Actuar como intermediario cobrando comisiones bajas sin contrato ni registro contable.
• No buscar asesoría cuando la autoridad ordena medidas cautelares sobre cuentas o bienes; la falta de respuesta facilita que se mantengan las medidas.