Quiebra o insolvencia del desarrollador del proyecto

¿Tienes razón?

Si su preocupación es que la insolvencia del desarrollador ponga en riesgo ingresos, mantenimiento o continuidad del proyecto, hay cuatro factores que determinan su posición: quién es el titular registral de los activos, qué garantías existen (hipotecas, prendas, pólizas de cumplimiento, cesiones de cuentas), qué cláusulas de continuidad operativa y subrogación contienen los contratos de PPA, EPC y O&M, y la relación con los financiadores. Si la titularidad y las garantías no están afectas al patrimonio insolvente, su riesgo es menor; si los contratos permiten subrogación y hay mecanismos de continuidad, el proyecto puede seguir operando mientras se resuelve la insolvencia. Pero si los activos están gravados y el desarrollador carece de margen, puede haber intervención de acreedores.

La ley mercantil y los procedimientos concursales buscan ordenar pagos a acreedores; en ese marco las reclamaciones garantizadas tienen preferencia, pero la solución concreta depende de la estructura jurídica del proyecto: vehículo independiente (SPV) o proyecto titularizado. La existencia de un vehículo separado suele proteger al proyecto de la insolvencia del socio desarrollador, salvo que los activos se hayan usado como garantía general.

Cómo se soluciona

1. Localice y reúna documentación clave: escritura pública de constitución del SPV, registros de propiedad de los bienes inmuebles, hipotecas o prendas, contratos de PPA, acuerdos financieros, pólizas de garantía y documentos de constitución de gravámenes. Es esencial saber qué activos están separados del patrimonio del desarrollador.
2. Notifique a las contrapartes contractuales esenciales (operador, distribuidora, ministrio o entidad contratante, financiadores) mediante comunicación con constancia de recibido, explicando la situación y solicitando instrucciones sobre continuidad operativa y facturación.
3. Verifique cláusulas de subrogación, cesión y takeover en el PPA y en contratos de O&M y EPC: muchas veces los financiadores tienen derecho a reemplazar al desarrollador o a añadir un agente de gestión que garantice operación.
4. Solicite información al síndico o administrador judicial si ya hay apertura de proceso concursal; identifique plazos procesales y derechos de acreedor. En paralelo, valore la posibilidad de constituir un comité de acreedores para coordinar acciones.
5. Si el proyecto corre riesgo inminente de paralización (por impago a O&M, falta de mantenimiento crítico o amenaza de embargo), pida medidas cautelares ante la jurisdicción civil para preservar activos clave y asegurar continuidad de la operación.
6. Negocie con financiadores y potenciales compradores: muchas veces la solución pasa por una reestructuración, venta del paquete de activos o inyección de capital por un tercero que subrogue los contratos.
7. Evalúe acciones frente a administradores o directivos del desarrollador si hubo conducta dolosa o gestión negligente que agravó la insolvencia; en ciertos casos procede acción de responsabilidad por administración desleal.

Qué puede hacer usted ahora: recopile contratos y escritura del SPV; sin esa información es imposible valorar su posición. Con los documentos podrá negociar mejor y reclamar garantías.

Qué puede pasar

1) Se arregla con negociación: la salida más frecuente es la reestructuración pactada con financiadores o la venta del proyecto a un tercero solvente. Eso preserva empleos y continuidad operativa. Un acuerdo puede implicar cesión de contratos y pago a acreedores garantizados.

2) Acuerdo o conciliación formal: mediante acuerdos de refinanciación o takeover por parte del financiador o un comprador, las operaciones continúan. El acuerdo habitualmente incluye condiciones para mantener al operador y garantizar mantenimiento.

3) Procedimiento concursal o liquidación: si no hay comprador ni acuerdo, puede abrirse un proceso concursal que termine en liquidación del patrimonio. En ese escenario, los acreedores con garantía real serán atendidos según su prelación. Si usted es acreedor no garantizado, su recuperación puede ser parcial.

Y si gana en juicio contra el desarrollador, ¿cobra? Una sentencia contra una sociedad insolvente no garantiza cobro efectivo; lo determinante es la existencia de bienes suficientes y la prelación de créditos. Por eso negociar con financiadores y buscar acuerdos de cesión suele dar más resultado práctico.

Errores que arruinan el caso

• No verificar la existencia real del SPV y su independencia patrimonial: creer que el proyecto está fuera del balance cuando no hay separación formal.
• No asegurar la documentación de las garantías: hipotecas mal inscritas o garantías verbales son inútiles.
• Dejar de operar por miedo: suspender mantenimiento o entrega de servicios empeora la posición y facilita reclamaciones.
• No comunicar a tiempo a financiadores y contratistas: la falta de comunicación impide soluciones coordinadas.
• Firmar cesiones apresuradas sin due diligence del comprador: puede perderse valor si el cesionario es insolvente o incapaz de operar.