Un funcionario no puede ejercer actividades que la ley califique como incompatibles; si la entidad dice que usted incurrió en una incompatibilidad, lo que determina la validez de esa decisión es la naturaleza de la actividad externa, su horario y si hubo conflicto con los deberes del cargo. Primer paso: reúna toda la prueba sobre la actividad y cómo se desempeñó —contratos, comprobantes de pago, horarios y comunicaciones— y pida por escrito la motivación de la entidad mediante derecho de petición.
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Si la entidad le imputa una incompatibilidad, lo que decide si tiene o no razón depende de tres cosas, y conviene comprobarlas una por una: la naturaleza de la actividad externa; la coincidencia de horarios y funciones; y la existencia de conflicto de intereses con decisiones o contratos de su entidad.
Primero, la actividad: no todas las tareas fuera del servicio son incompatibles. Hay actividades prohibidas en que el funcionario actúa con clientela vinculada a la entidad o en las que explota información privilegiada; otras están permitidas si no interfieren con el servicio. Segundo, el tiempo: si la actividad se realiza fuera de la jornada y no impide cumplir obligaciones, ese dato pesa a su favor. Tercero, el conflicto: si usted participó en decisiones, contratos o procesos donde la persona o empresa con la que trabajaba pudo beneficiarse, la entidad tiene margen para sancionarlo.
Con pruebas claras (contrato de prestación de servicios, recibos, comprobantes bancarios, mensajes) y una explicación sobre horarios y separación de funciones, su defensa suele ser fuerte. Si no tiene constancia de lo que hacía, la posición empeora, pero no siempre es definitiva: la entidad debe justificar la incompatibilidad concreta, no sólo afirmar que existe.
Qué hace usted solo: reunir la prueba, presentar derecho de petición y entregar la versión por escrito. Cuándo necesita abogado: si le abren investigación disciplinaria con posibilidad de sanción, si se decide destitución o remoción, o si la entidad no le entrega el expediente o la motivación.
En muchos casos la primera defensa puede hacerla usted: pida la motivación por derecho de petición y reúna la prueba. Necesita abogado cuando la entidad abre investigación disciplinaria seria, le imponen medida que afecta su cargo o le ofrecen un acuerdo económico: ese es el momento en que un abogado evalúa la prueba, cuantifica el riesgo y negocia mejor. Si no cuenta con recursos, puede calificar para defensa pública o asesoría gratuita en la Defensoría del Pueblo o en las Casas de Justicia.
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Sí, siempre que la actividad no esté prohibida por la norma interna o no genere conflicto de intereses con decisiones de su entidad. Lo importante es que no interfiera con la jornada ni permita el uso de información privilegiada.
Sí. Los mensajes exportados y con metadatos pueden ser prueba. Exporte la conversación, guárdela en varios formatos y, si es posible, obtenga testigos que corroboren horarios y actividades.
La entidad puede iniciar medidas mientras investiga, pero debe motivarlas. Usted puede pedir por escrito la fundamentación y, si hay afectación grave a su sustento, explorar vías administrativas o una tutela.
Una autorización previa de la entidad protege. Si no la hubo, la entidad debe probar por qué la actividad era incompatible. Firmar después de la investigación puede empeorar la situación.
Agote los recursos internos previstos por la entidad; si la sanción es firme, la vía contencioso administrativa es la ruta para impugnarla. Si se vulneran derechos fundamentales, la tutela es una vía rápida.
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