En un divorcio de mutuo acuerdo se pueden repartir las deudas, pero qué deuda corresponde a cada uno depende de si la obligación se contrajo para el hogar, si figura a nombre de ambos y de la naturaleza del crédito. Primer paso: solicite certificaciones de saldo y contratos de crédito para cada deuda; sin esa documentación, cualquier reparto será inseguro.
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No todas las deudas que se adquirieron durante el matrimonio se reparten por igual. Tres criterios determinan si puede reclamar que una deuda sea de la sociedad conyugal o de uno solo de los cónyuges:
1) Titularidad formal: la deuda aparece a nombre de quién en el contrato y en el registro de la entidad acreedora. Si el crédito está a nombre de ambos, en general se presume afectación al patrimonio común; si está a nombre de uno solo, hay que demostrar que se tomó para beneficio del hogar.
2) Finalidad del crédito: si el dinero se destinó a gastos domésticos, mejoras de la vivienda o inversión familiar, es más probable que sea deuda común. Contratos, facturas de compra y movimientos bancarios que muestren el destino del dinero son prueba clave.
3) Consentimiento y conocimiento: si usted no autorizó el préstamo pero puede demostrar que la otra parte lo contrajo en beneficio del matrimonio o que usted fue presionada, existe margen para impugnar o reclamar reparto equitativo.
Si estos elementos favorecen su postura, puede exigir que la deuda figure en el reparto del convenio; si no, la otra parte puede argumentar que la obligación le corresponde en exclusiva.
Acciones que puede hacer sola: pedir certificaciones y recopilar facturas; lo que necesita abogado: negociar cláusulas, solicitar medidas y llevar el caso a juicio si hay ocultamiento o impugnación.
1) Se arregla con convenio: lo habitual es acordar cómo se pagarán las deudas y quién las asumirá. Un convenio claro evita que los acreedores persigan a la parte equivocada si la deuda figura a nombre de ambos.
2) Acuerdo o conciliación: con mediación se fijan pagos, se venden bienes para saldar deudas o se negocia con acreedores para reestructurar obligaciones. Un acuerdo con acreedores suele mejorar la viabilidad del pago.
3) Juicio: si no hay acuerdo y existe disputa sobre la titularidad o destino de la deuda, un juez dirimirá. Si se pierde la demanda, puede conllevar condenas en costas; si se gana, la sentencia ordenará quien debe pagar, pero la ejecución depende de bienes embargables.
Y si gana, ¿cobra? En este contexto cobrar significa que el deudor asumirá la obligación; pero si el deudor es insolvente, la sentencia obliga pero puede ser difícil traducirla en pagos efectivos sin bienes embargables.
Puede solicitar y revisar certificaciones de saldo por su cuenta; en muchos casos esa información basta para negociar. Necesita un abogado si hay deudas ocultas, si la otra parte se niega a entregar documentos, o si debe impugnar la titularidad de un crédito. Si la disputa implica fraude o transferencias entre cuentas para burlar el reparto, la asesoría profesional es imprescindible.
Otros problemas frecuentes en abogados especializados en divorcios y separaciones
Sí, si puede probar que el dinero se destinó al beneficio del hogar o de la familia, el pasivo puede considerarse de la sociedad conyugal y repartirse en el convenio. Facturas y transferencias ayudan a probar el destino.
El banco tiene un contrato con quienes aparecen como deudores; el reparto interno entre cónyuges se decide en el convenio o en juicio. El banco no divide unilateralmente la deuda sin un acuerdo o una orden judicial.
Si hay ocultamiento, puede solicitar medidas para investigar y demandar la nulidad o revisión del convenio. La ocultación de pasivos es un motivo serio que requiere asesoría.
No es recomendable. Un acuerdo verbal no protege frente a los acreedores ni es ejecutable. Todo debe constar por escrito y, preferible, homologado.
Depende de lo que firme. Si aceptó asumirla formalmente y renunció a futuras reclamaciones, luego será difícil revertirlo. Por eso es importante documentar condiciones y garantías antes de aceptar.
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