Padres biológicos exigen derecho de visita tras adopción

¿Tienes razón?

Si alguien que fue padre o madre biológica reclama visitas tras una adopción, lo que decide si tiene derecho a ver al menor no es su deseo, sino la existencia y el alcance de la resolución que formalizó la adopción y las medidas de protección que la precedieron. Tres hechos determinan la situación:

• Si la adopción quedó perfeccionada mediante la resolución judicial o administrativa correspondiente y se inscribió en el registro civil, la filiación anterior queda sustituida por la nueva. Eso corta, en términos jurídicos, los derechos de visita ordinarios de los progenitores biológicos.

• Si la adopción fue declarada en un procedimiento que incluyó evaluación de idoneidad y la decisión fue probada, la posición de los adoptantes es sólida. Sin embargo, pueden existir excepciones si hubo vicios formales en el procedimiento, presión indebida o falta de consentimiento informado cuando el consentimiento era exigible.

• Si la persona que pide ver al menor alega razones de interés superior del niño —por ejemplo, que existe un lazo afectivo previo o circunstancias especiales— los tribunales pueden valorar medidas que permitan contactos restringidos si se considera que benefician al menor. Aquí pesa la prueba: informes de instituciones de protección, seguimientos psicosociales y la opinión de quien tiene la guarda.

En suma, no basta con decir “soy el padre”; hay que ver qué dijo el juez o la autoridad, cómo se documentó el consentimiento y si existen informes que justifiquen una intervención posterior.

Cómo se soluciona

1. Reúna los documentos. Copie la resolución o acta que sancionó la adopción y la inscripción en el registro civil. Añada cualquier acta de medidas de restablecimiento de derechos, informes de bienestar o decisiones administrativas relacionadas con la guarda. Si hay comunicaciones (mensajes, correos) en las que el progenitor biológico reclama visitas, expórtelas y ordénelas cronológicamente.

1. Hable con la autoridad que conoció del proceso. Acérquese a la institución que tramitó la adopción (institución de bienestar familiar o juzgado, según el caso) y solicite el estado del expediente. Puede pedir copias simples de los informes y de la decisión. Use el derecho de petición si la entidad es pública.

1. Valore medidas de protección o mediación. Si existe conflicto afectivo y la situación no es de riesgo para el menor, la mediación familiar o la intervención de la entidad de protección puede servir para acordar una forma de contacto limitada. Si hay riesgo, pida informes técnicos que acrediten ese riesgo.

1. Si hay indicios de vicios en la adopción, plantee acciones judiciales. Cuando la adopción se obtuvo con fraude, coacciones o sin el consentimiento exigible, hay vías procesales para impugnar ciertos actos. Eso es complejo y normalmente requiere asesoría técnica porque lo que se discute es la validez de la resolución que constituyó la nueva filiación.

1. Si teme por la seguridad del niño, utilice la vía administrativa y la tutela. Para situaciones que ponen en riesgo derechos fundamentales del menor, la entidad de protección puede adoptar medidas de urgencia; además, la acción de tutela protege derechos fundamentales y se tramita en la vía judicial con mayor rapidez.

Qué hacer hoy: fotocopiar la inscripción en el registro civil del menor, exportar todas las conversaciones y pedir copia del expediente en la entidad que tramitó la adopción.

Acciones que puede hacer sin abogado: solicitar copia del expediente, presentar un derecho de petición y pedir la intervención de la entidad de protección. Acciones que normalmente requieren abogado: impugnaciones de actos administrativos o demandas que busquen revisar la validez de la adopción.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo. Es frecuente que estas disputas se resuelvan con intervención de la entidad de protección o mediante mediación: los adoptantes y el progenitor de origen acuerdan un régimen de contactos supervisados o limitados. Ese acuerdo puede ser menos que lo que pide una parte, pero evita procesos largos.

2) Acuerdo o conciliación formal. Si las partes alcanzan un acuerdo en conciliación extrajudicial o mediante la entidad de protección, podrán dejar constancia por escrito y, si interesa, solicitar que esté acompañado de un plan psicosocial. Un acuerdo puede incluir visitas supervisadas, frecuencia y condiciones. A veces es preferible aceptar un régimen limitado a iniciar un litigio incierto.

3) Juicio o impugnación. Si alguien intenta impugnar la adopción o solicitar un régimen de visitas por vía judicial, el juez evaluará la idoneidad de la adopción, las pruebas de vínculo y, principalmente, el interés superior del niño. Si la impugnación prospera, podrían abrirse efectos respecto a la filiación; si no prospera, la resolución que reconoció la adopción se mantiene. En caso de derrota judicial, el tribunal puede imponer costas procesales, que normalmente se cargan a la parte perdedora si actúa de mala fe o sin fundamento.

Y si gana, ¿cobro? Aquí la pregunta relevante es distinta: ganar la tutela de visitas no garantiza que el contacto sea efectivo si la otra parte no coopera. La ejecución de una sentencia depende de la capacidad de la parte contraria; las medidas administrativas y la intervención de las entidades de protección suelen ser las herramientas para que se cumpla.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o no pedir copias del expediente. La documentación de la adopción es la base del caso: no depender de recuerdos.

• Permitir contactos sin supervisión cuando hay dudas sobre seguridad. Eso puede crear situaciones que luego se usen en su contra.

• Firmar acuerdos improvisados sin dejar constancia escrita o sin la asesoría mínima. Un acuerdo verbal es difícil de ejecutar.

• No pedir la intervención de la entidad de protección cuando el menor puede estar en riesgo. La tutela del niño es prioritaria.