No reconocen adopción por pareja del mismo sexo

¿Tienes razón?

Para saber si su reclamación tiene base hay tres cortes que mirar. Primero, la validez formal del título extranjero: sentencia de adopción emitida por autoridad competente del país de origen, con apostilla o legalización y traducción oficial si procede. Segundo, si lo que impide el reconocimiento son requisitos administrativos formales (falta de documentación) o si la negativa está basada en prejuicios sobre la orientación sexual de los adoptantes. Tercero, si la negativa afecta derechos fundamentales del menor —el interés superior del niño— porque deja sin efectos derechos civiles o de filiación.

Si tiene la sentencia española o de otro país e hizo el trámite ante la Registraduría o la entidad competente en Colombia, y la respuesta fue negativa sin una explicación objetiva, su posición puede ser fuerte. Si la negativa se basa en simples omisiones documentales, la solución es reunir los requisitos. Si hay indicios de discriminación, la acción de tutela y las autoridades de derechos humanos son vías efectivas.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación: sentencia de adopción extranjera con apostilla, traducción oficial si es necesaria, documentos de identidad del menor y de los adoptantes, y constancias de trámites presentados en Colombia. Si tuvo comunicaciones con la entidad que deniega, exporte y certifique esas pruebas.

1. Solicite por escrito (derecho de petición) la motivación de la negativa y la instrucción exacta para subsanar cualquier falla documental. La respuesta obligatoria le dará fundamentos para el siguiente paso.

1. Si la negativa es por falta de documentos, subsane lo que falte y vuelva a presentar. Si la negativa parece basada en prejuicios o discriminación (lenguaje discriminatorio, referencias a orientación sexual), compile esa evidencia.

1. Si la entidad se mantiene en una postura discriminatoria, plantee una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales del menor y de los adoptantes: igualdad, familia y protección del menor. La tutela puede ordenar medidas provisionales mientras se resuelve la cuestión de fondo.

1. Paralelamente, puede acudir a la Defensoría del Pueblo o a la Procuraduría para denunciar trato discriminatorio; estos organismos pueden intervenir administrativamente o emitir recomendaciones que faciliten el reconocimiento.

1. Si es preciso, litigue la acción declarativa o de reconocimiento de la sentencia extranjera en la jurisdicción civil, aportando prueba de la validez del título y de la ausencia de razones de fondo que impidan su eficacia en Colombia.

Recuerde que, desde la Constitución, la protección de la familia y el interés del niño son criterios primordiales que el juez debe ponderar por encima de prejuicios sociales.

Qué puede pasar

1) Se resuelve administrativamente. Si la cuestión es meramente documental o técnica, la subsanación y un derecho de petición bien fundamentado suelen servir para que la Registraduría inscriba la adopción.

2) Conciliación o acuerdo. Si hay oposición de terceros o dudas formales, la conciliación puede ofrecer una salida acordada que preserve los derechos del menor sin largas disputas judiciales.

3) Juicio o tutela. Si hay discriminación abierta, la tutela puede producir órdenes rápidas para proteger los derechos fundamentales. En un juicio, si el juez falla a su favor, la sentencia obligará al reconocimiento; si falla en contra, además de costas procesales, la decisión puede dejar afectaciones prácticas sobre los derechos del menor.

Si gana, ¿cobro? Aquí la cuestión no es dinero sino reconocimiento e inscripción. La ejecución de una decisión favorable depende de la voluntad y de la capacidad administrativa de la entidad para corregir registros y expedir documentos.

Errores que arruinan el caso

• No documentar la discriminación: necesita pruebas (correos, oficios, actas) que muestren trato desigual.
• No pedir por escrito la motivación de la negativa: sin esto, es difícil impugnar la actuación administrativa.
• Suponer que la sola mención de “adopción” basta: la autoridad puede pedir apostilla, traducción o reconocimiento judicial.
• Actuar públicamente sin asesoría cuando hay riesgo de exposición del menor: proteja la privacidad del niño en todas las gestiones.