Una acusación de fraude en el IVA puede nacer de facturas sin respaldo, simulación de operaciones o uso de proveedores inexistentes. Lo que cuenta es la veracidad de las operaciones y su intención de evadir impuesto. Primer paso: pida copia íntegra de la investigación administrativa y reúna facturas, contratos y pruebas de la prestación efectiva del servicio o entrega de bienes.
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Su situación dependerá de tres elementos. Primero, la existencia real de la operación: si usted compró o vendió bienes o servicios reales y puede probar la entrega o la prestación, su posición es fuerte. Segundo, la cadena documental: facturas, contratos, guías de transporte, recibos y comprobantes bancarios que enlacen las operaciones. Tercero, la voluntad de evadir: si las facturas fueron usadas deliberadamente para disminuir el impuesto a pagar, la Fiscalía podrá hablar de conducta dolosa.
Los casos comunes incluyen facturación por operaciones simuladas con proveedores de papel, subfacturación para disminuir IVA o compras a empresas que después resultan inexistentes. Si usted autorizó las facturas sin verificar la contraparte o si recibió documentos sin prestación efectiva, se complica su defensa.
Pregúntese: ¿conserva contratos y guías de movilización? ¿hay pruebas de entrega y aceptación del bien o servicio? ¿las transferencias bancarias coinciden con las facturas? Sus respuestas definen la ruta: con prueba material y bancaria la acusación puede detenerse; sin ella, la DIAN y la Fiscalía pueden presumir la simulación.
Acciones que puede hacer solo: recopilar facturas y extractos bancarios; pedir cartas a proveedores. Necesita abogado cuando la DIAN impone sanciones o cuando la Fiscalía abre investigación penal, o cuando hay riesgo de embargo o medidas cautelares.
1) Corrección administrativa y pago de sanciones. En muchos expedientes la DIAN corrige la base gravable, cobra diferencias e impone sanciones administrativas. Suele resolverse mediante conciliación o recurso administrativo.
2) Acuerdo tributario o conciliación. Empresas y contribuyentes a menudo negocian sanciones y ajustes para evitar la judicialización. Un acuerdo reduce coste y tiempo frente a un litigio largo.
3) Investigación penal. Si hay indicios de evasión dolosa masiva, la Fiscalía puede abrir investigación. Si la defensa pierde, hay riesgo de sanciones penales y multas. Si hay sentencia condenatoria y el condenado es insolvente, la reparación civil puede quedar sin cobro efectivo.
Y si gano, ¿cobro? En materia tributaria, una resolución favorable permite recuperar pagos indebidos, pero su devolución depende de procedimientos administrativos y de la capacidad financiera del Estado o de compensaciones tributarias.
Si la DIAN inicia una fiscalización leve, puede empezar usted reuniendo facturas y comprobantes. Necesitará abogado cuando la investigación derive en sanción administrativa importante, medidas cautelares (embargos) o cuando la Fiscalía inicie investigación penal. Si carece de recursos, puede solicitar asistencia gratuita o asesoría en centros de ayuda al contribuyente.
Otros problemas frecuentes en abogados especialistas en estafas y fraudes
Puede haber responsabilidad si la prueba muestra que usted debió dudar (precios inusuales, falta de actividad económica del proveedor). Sin embargo, si puede demostrar diligencia: contratos, comprobantes de pago, entrega de bienes o servicios y verificaciones previas, su defensa mejora.
Sí. Los pagos que coinciden en fecha y monto con facturas son un soporte importante, sobre todo si van acompañados de contratos o guías de entrega. No obstante, por sí solos no prueban que el bien o servicio se prestó efectivamente.
Puede impugnar la decisión por las vías administrativas y, si procede, llevar el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa. También puede negociar una conciliación tributaria si la autoridad lo propone.
La diferencia contable por sí sola no suele ser delito. Para que haya investigación penal la autoridad debe encontrar indicios de conducta dolosa orientada a evadir impuestos, como facturación simulada o proveedores inexistentes.
Un peritaje reconstruye la trazabilidad de las operaciones, interpreta la contabilidad y demuestra si las operaciones se corresponden con actividad real. Es clave cuando la fiscalización cuestiona la autenticidad de las operaciones.
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