Mi token es valor (security) o utilidad (utility)?

¿Tienes razón?

Determinar si un token es un valor (security) o un token de utilidad en Chile no es cuestión de etiquetas sino de funciones y expectativas. Un token puede aparentar ser de utilidad pero estructurarse de modo que los compradores esperan retornos, reparto de utilidades o apreciación especulativa; en esos casos los reguladores y tribunales pueden calificarlo como valor. Lo que importa son cuatro criterios prácticos: (1) derechos patrimoniales que confiera (participaciones en ganancias, dividendos, derechos de voto sobre ingresos); (2) expectativa razonable de ganancias derivadas del esfuerzo de terceros (por ejemplo, promesas de revalorización por la gestión del emisor); (3) nivel de dependencia del desempeño del emisor para que el comprador obtenga beneficio; y (4) la forma en que se comercializa y promociona el token.

Si el token ofrece acceso a un bien o servicio concreto consumible en la plataforma y no promete retorno económico ni participación en beneficios, apunta a utilidad. Pero si existe una economía secundaria donde el token se promueve por su potencial de ganancia, o si su valor deriva del esfuerzo de un equipo que desarrolla la plataforma, puede ser interpretado como valor. En Chile, la consideración práctica es también: si la emisión se parece a una captación de recursos del público o implica derechos que los reguladores asocian a valores, aplica un escrutinio mayor y puede requerir cumplimiento de normas sobre oferta de valores.

Cómo se soluciona

1. Haz un test funcional: documenta exactamente qué derechos tiene el tenedor del token: uso, acceso, reparto de utilidades, voto, derecho a reembolso, etc. Analiza si esos derechos generan expectativa de ganancia.
2. Revisa la comunicación comercial: elimina lenguaje que prometa revalorización, retorno o rendimiento. Mantén una presentación que enfatice la utilidad concreta dentro del ecosistema.
3. Diseña la tokenomía: evita clauses que reparte beneficios directamente o que garanticen apreciación. Si quieres incluir incentivos, contempla estructuras que sean claramente promocionales dentro de la plataforma y no derechos patrimoniales.
4. Considera segmentos de emisores: restringe la oferta a inversores acreditados o a usuarios que acepten riesgos y reciban información detallada; documenta la diligencia de comercialización.
5. Consulta con regulador o asesoría especializada: en caso de dudas, pedir una opinión técnica o ajustar la estructura para minimizar la probabilidad de que se reclasifique como valor.
6. Si optas por emitir un valor, cumple con la normativa de valores aplicable: prepara documentación de oferta, prospecciones y medidas de gobernanza, y contempla la supervisión pertinente.

Acciones que puedes realizar sin abogado: mapear derechos y revisar comunicaciones de marketing. Necesitarás asesoría legal para redactar documentos que mitiguen reclasificaciones, para estructurar ofertas privadas y para gestionar interacción con supervisores.

Qué puede pasar

1) Se arregla con ajustes de comunicación: muchas inquietudes se resuelven corrigiendo el whitepaper y la forma de oferta para clarificar que no hay expectativas de rendimiento.

2) Acuerdo o re-etiquetado: si un regulador interviene, puede exigir que la oferta sea re-etiquetada como valor o imponer condiciones para que siga operando, lo que puede incluir requerir información adicional a los inversores.

3) Acción regulatoria o sanción: si el emisor promovió el token como inversión y no cumplió normas aplicables, puede enfrentar sanciones administrativas y reclamos civiles de inversores. En juicios civiles, los demandantes pueden reclamar restitución o daños. Respecto a costas, si pierdes un reclamo civil puedes asumir costas y indemnizaciones.

Y si ganas, ¿cobro? Si la discusión es sobre calificación y el emisor demuestra que el token no es un valor, se mantiene la operación. Pero ganar no elimina el riesgo reputacional y puede dejar abierta la vía para reclamos contractuales de usuarios que aleguen perjuicio.

Errores que arruinan el caso

• Usar lenguaje financiero o de retorno en marketing y whitepapers.
• Conceder derechos económicos directos sin documentar adecuadamente la oferta.
• No segmentar la oferta ni realizar debida diligencia a compradores en ofertas privadas.
• Ignorar asesoría regulatoria en fases previas de diseño.
• Cambiar retroactivamente derechos de token sin consentimiento claro de tenedores.