He recibido un requerimiento de Hacienda por presunto delito fiscal: ¿qué hacer?

¿Tienes razón?

Ante un requerimiento por presunto delito fiscal, la clave está en tres elementos: 1) la exactitud y congruencia de tu contabilidad y declaraciones tributarias, 2) la existencia de facturación o documentación que sustente las deducciones y ventas declaradas, y 3) la intencionalidad —si hubo ocultamiento, simulación de documentos o manipulación con el fin de evadir impuestos—.

Hacienda y la fiscalía pueden partir de diferencias formales en declaraciones; muchas irregularidades nacen de errores en la contabilización o de omisiones involuntarias. La diferencia entre un error administrativo y un delito fiscal es la voluntad de defraudar y la magnitud/estructura de la maniobra (uso de facturas falsas, empresas pantalla, triangulaciones para ocultar ingresos).

Si tu contabilidad está soportada por documentación válida (facturas electrónicas, contratos, pagos bancarios) y puedes explicar las discrepancias con informes y soportes, tu posición es más sólida. Si en cambio aparecen facturas que no corresponden, proveedores inexistentes o movimientos que no coinciden con el flujo de fondos, la fiscalía puede considerar la existencia de delito.

Cómo se soluciona

1. Reúne toda la documentación tributaria: declaraciones, libros, facturas electrónicas, boletas, contratos y extractos bancarios. Obtén respaldos desde el sistema contable y la plataforma del SII cuando proceda.
2. Encarga una revisión contable y tributaria inmediata con un contador experto en peritajes fiscales. Identifica las diferencias con la versión de Hacienda y prepara un informe que explique origen y razonabilidad de cada partida cuestionada.
3. No ignores el requerimiento. Responde con los antecedentes solicitados y deja constancia por escrito de lo que adjuntas. Si consideras que faltan datos, pide prórrogas o aclaraciones formales mediante tu abogado.
4. Considera regularizar las omisiones tributarias si correspondiere y evaluar la opción de negociar la situación administrativa antes de que se transforme en acusación penal. En muchos casos, la regularización tributaria atenúa la postura fiscal y evita criminalización.
5. Si la fiscalía presenta cargos, prepara peritajes contables y defensa técnica. Tu abogado coordinará expertos que reexaminen las muestras, revisarán la cadena de custodia de evidencias y cuestionarán simulaciones alegadas.
6. No destruyas ni ocultes documentación: la eliminación intencional de antecedentes fiscales puede agravar la investigación y convertirse en nuevo delito.

Qué puedes hacer hoy: descarga y respalda toda la documentación del sistema contable y del SII. Lo que necesita un abogado: negociar con Hacienda, coordinar peritaje tributario y preparar la defensa penal si hay acusación.

Qué puede pasar

1) Se resuelve administrativamente. Muchas discrepancias se corrigen mediante auditoría interna, fiscalización del SII y pago o rectificación de tributos. Esa vía puede evitar la intervención penal si no se encuentra dolo.

2) Acuerdo o medidas sancionadoras tributarias. Incluso sin acusación penal, Hacienda puede aplicar multas, reajustes y sanciones administrativas. En algunos casos, la regularización fiscal acompañada de cooperación reduce la presión penal.

3) Procedimiento penal. Si la fiscalía acredita la intención de defraudar y existe evidencia de simulación o facturación falsa, puede formalizar cargos y seguir la vía penal. Si hay condena penal, además de penas y multas, puedes enfrentar responsabilidad civil por tributos impagos. Si la empresa carece de activos, la recuperación efectiva para el fisco puede ser limitada.

Si ganas, ¿recuperas? Una absolución penal no quita las obligaciones tributarias: Hacienda puede seguir reclamando impuestos y multas por la vía administrativa o civil.

Errores que arruinan el caso

• Borrar o manipular facturas y libros electrónicos.
• No respaldar las operaciones con contratos o comprobantes de pago.
• Confiar en un solo proveedor sin verificar su existencia real.
• No encargar peritaje contable cuando la acusación se basa en complejas triangulaciones.
• No responder formalmente al requerimiento: el silencio empeora la percepción ante la autoridad.