Me han acusado de blanqueo por operaciones con criptomonedas: ¿qué debo hacer?

¿Tienes razón?

Que te acusen no significa que la acusación prospere. En Chile, la investigación penal sobre lavado de activos se basa en indicios objetivos: la procedencia ilícita presumida de los bienes, el vínculo entre la conducta y sujetos con antecedentes delictivos, y la existencia de maniobras diseñadas para ocultar origen o destino de fondos. En operaciones con criptomonedas pesan especialmente tres aspectos que determinan si el caso tiene fundamento:

1. La trazabilidad de los flujos. Aunque las criptomonedas permiten cierto grado de pseudonimato, muchas redes y proveedores dejan rastros (direcciones, timestamps, servicios de custodia) que la Fiscalía y peritos pueden analizar. Si las transacciones son persistentes con servicios regulados o exchanges que registran KYC, el rastro es fuerte.

1. La intención y conducta del sujeto. La ley no sanciona por usar criptomonedas en sí, sino por conductas que demuestren ocultamiento, fragmentación de fondos, uso de intermediarios para simular operaciones legítimas, o coincidencia con hechos delictivos conocidos. Si tus movimientos obedecen a actividad comercial lícita, ventas con factura o contratos, tu posición se fortalece.

1. La documentación y pruebas que puedas aportar. Comprobantes de ingreso de fondos, contratos de compraventa, registros contables, movimientos bancarios previos y posteriores, comunicaciones con clientes o proveedores, y exportaciones de claves/addresses desde wallets ayudan a explicar origen. Si no tienes respaldo, la defensa debe centrarse en la ausencia de elementos probatorios y en debilitar la cadena de custodia de la evidencia.

Si alguno de estos puntos falla, la acusación puede ser débil; si concurren los tres, la Fiscalía tendrá base para investigar y eventualmente formular cargos.

Cómo se soluciona

1) Conserva silencio útil y solicita abogado penal. No respondas preguntas de funcionarios sin tu abogado. Cualquier comunicación puede usarse en la investigación.

2) Reúne y preserva toda la documentación. Descarga e imprime movimientos del wallet, exporta historiales desde exchanges (PDF/CSV con headers), guarda comprobantes de transferencias bancarias que muestren origen de los recursos, contratos, facturas, y comunicaciones relevantes (emails, mensajes). Haz copias en dos soportes diferentes y guarda los originales cuando existan.

3) Identifica testigos y contrapartes. Contacta a clientes, proveedores o exchanges que puedan acreditar que la operación tenía finalidad comercial. Pide a exchanges que te entreguen certificación de movimientos o historial con sello electrónico si es posible.

4) Encarga peritaje independiente. Un perito informático o especialista en blockchain puede producir un informe que explique el flujo de fondos, la relación entre direcciones, y desacredite conclusiones apresuradas.

5) Coordina la estrategia con defensa penal y, si aplica, con un abogado experto en prevención de lavado y regulación financiera. La defensa debe evaluar ofertas de colaboración, reparación o arrepentimiento —siempre bajo asesoría— y preparar contestaciones formales a requerimientos de la Fiscalía.

6) Revisa cumplimiento AML previo. Si actuabas como intermediario o custodio, revisa si estabas obligado a inscribirte o reportar operaciones ante las autoridades competentes y si hubo omisiones. En ciertos supuestos, la falta de cumplimiento administrativo agrava la situación.

Qué puedes hacer tú y qué necesita un profesional:

• Tú: exportar historiales, reunir contratos, solicitar certificados a exchanges, preservar comunicaciones.
• Abogado: coordinar entregas, elaborar requerimientos y recursos, negociar con el Ministerio Público, encargar peritajes y, en su caso, preparar defensa en juicio.

Qué puede pasar

1) Se arregla con medidas no penales o el Ministerio Público archiva tras comprobar origen lícito. Esto ocurre si las pruebas que explican los movimientos son claras y se restituye o acredita el origen de los fondos. Un acuerdo o archivo evita proceso penal y sus consecuencias reputacionales.

2) Acuerdo o procedimientos alternativos. La Fiscalía puede ofrecer o proponer medidas reparatorias, colaboración o reparación de daños, o acuerdos que eviten una acusación formal. Firmar un acuerdo sin asesoría puede ser peligroso porque admite hechos que el fiscal podrá usar.

3) Juicio penal. Si hay indicios suficientes, puede llegar a acusación y juicio. Si la sentencia es condenatoria, las consecuencias penales y patrimoniales son relevantes; si se absuelve, la rehabilitación civil puede ser compleja. En un juicio el resultado depende de la prueba técnica, peritajes y testigos.

Y si ganas, ¿cobras? Una absolución no siempre garantiza recuperación inmediata de bienes si estos fueron sometidos a medidas cautelares. La restitución puede requerir trámites adicionales para levantar embargos o devoluciones de activos, y contra partes insolventes la efectividad práctica de la sentencia puede ser limitada.

Errores que arruinan el caso

• Borrar o manipular historiales de wallet o exportaciones: destruye tu credibilidad y puede constituir obstrucción.
• Hablar sin abogado con fiscales, policías o periodistas: tus palabras se usan contra ti.
• No pedir certificados a exchanges o custodios cuando están disponibles: pierdes evidencia que probablemente es accesible.
• Confundir actividad comercial lícita con ocultamiento por no llevar registro contable ni facturas: la falta de formalidad facilita la tesis de la Fiscalía.
• Aceptar acuerdos o confesiones sin asesoría especializada: puedes asumir hechos que luego impiden defensa efectiva.