La ley establece que no podés tratar datos personales sin una base legal: consentimiento válido, cumplimiento de un contrato o interés legítimo con límites. Lo que determina si estás cumpliendo es qué datos recogés, cómo lo informás al usuario, qué medidas técnicas y organizativas aplicás, y con qué proveedores compartís la información. Primer paso: mapeá qué datos se generan y dónde se almacenan.
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Si la app sólo maneja datos anónimos o agregados de manera que no permiten identificar a una persona, la regulación sobre datos personales no se aplica en la misma medida. Pero en la práctica casi todas las apps generan identificadores que permiten vincular sesiones, dispositivos o usuarios, y esos son datos personales según la doctrina local. Lo que determina si tenés un problema son tres cosas claras: qué tipo de datos recogés (identificadores, geolocalización, salud, perfil financiero), cómo informás al usuario y pedís su consentimiento, y qué contratos tenés con terceros que procesan esa información (proveedores de analítica, CDN, almacenamiento en la nube).
Si recolectás datos sensibles —por ejemplo, información de salud— la exigencia de consentimiento es más estricta y los controles técnicos deben ser mayores. También hay que mirar la interoperabilidad con servicios externos: exportar datos fuera del país o compartir con redes publicitarias complica la evaluación de cumplimiento. Finalmente, el nivel de riesgo del tratamiento (perfilado, decisiones automatizadas) condiciona las medidas que tenés que tomar.
Pasos que podés hacer sin abogado: mapeo, clasificación inicial, actualización de política y algunos ajustes técnicos. Cuándo llamar a un abogado: si hay datos sensibles, exportación internacional de bases, incidentes de seguridad con fuga de datos, o si debés negociar cláusulas con grandes proveedores.
1) Se arregla con una carta o ajuste técnico. En muchos casos, basta con corregir el flujo de consentimiento o cambiar la configuración de un SDK para que la queja se archive. La empresa revisa y replica la corrección; el titular queda satisfecho y la reputación se recupera más rápido que un proceso largo.
2) Acuerdo o conciliación administrativa. Si hay una denuncia ante una autoridad de protección de datos o un organismo administrativo, lo normal es que se busque una salida negociada: medidas correctivas, auditorías y en ocasiones una compensación simbólica. Un acuerdo suele implicar compromisos de cumplimiento y un plan de remediación, que puede convenir si evitar litigio permite seguir operando.
3) Juicio o sanción administrativa. Si la autoridad considera que hubo infracción grave, puede imponer sanciones y ordenar medidas correctivas. En sede judicial, además, un demandante puede reclamar daños. Importante: una sentencia contra una empresa que no tiene activos líquidos puede quedar como título ejecutivo difícil de cobrar; la resolución no garantiza cobro efectivo.
Y si ganás, ¿cobrás? Ganar una sentencia que te reconozca derecho no siempre significa cobrar si la otra parte es insolvente o domiciliada fuera del país. Por eso las decisiones estratégicas deben ponderar el riesgo de ejecución y la capacidad real de cobro.
La primera parte del trabajo (mapeo y ajustes técnicos) podés hacerla con el equipo de producto. Un abogado es recomendable cuando hay datos sensibles, exportación internacional, incidentes de seguridad con fuga de datos o si necesitás negociar cláusulas contractuales con grandes proveedores. También conviene asistencia legal para redactar políticas que resistan el escrutinio o para responder una denuncia administrativa. Si calificás para patrocinio jurídico gratuito, mencionálo al defensor público correspondiente.
Otros problemas frecuentes en abogados para startups
Sí puede servir, pero debe ser informado, específico y probado. El checkbox debe acompañar una explicación clara de qué categorías de datos se recolectan y con qué finalidad, y es recomendable registrar la versión del texto y el contexto técnico (por ejemplo, identificación de la sesión) para poder demostrarlo.
No necesariamente, pero debés saber qué datos envía y a quién. Muchos SDKs transmiten identificadores y datos de comportamiento. Hay que configurarlos para minimizar la recolección, documentar su uso y reflejarlo en la política de privacidad y en la solicitud de consentimiento.
La anonimización real requiere que no exista forma razonable de reidentificar a la persona. Si el proceso es reversible o quedan identificadores persistentes, se trata de datos personales. Documentá el método de anonimización y las garantías técnicas aplicadas.
Los términos y condiciones no reemplazan un aviso o un consentimiento específico. Debés separar las cláusulas contractuales del consentimiento para tratamientos no esenciales y presentar las opciones de forma destacada en la experiencia del usuario.
Tenés que poder identificarlo y proceder según la categoría de dato y la base legal. Elaborá un proceso de verificación de identidad, un registro de solicitudes y una rutina técnica para borrado o anonimización. Conservá solo lo obligatorio por ley o por motivos legítimos de seguridad y contabilidad.
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