Quieren embargar mis bienes en el extranjero o tengo medidas cautelares

¿Tienes razón?

No siempre. El riesgo real depende de cuatro cosas: dónde están ubicados los bienes; si existe una resolución firme que pueda ejecutarse en ese país; si hay medidas cautelares ya dictadas en esa jurisdicción; y la naturaleza jurídica del bien (activo bancario, inmueble, empresa). Si el posible acreedor sólo tiene una resolución venezolana, ésta no se ejecuta automáticamente en otra jurisdicción: hace falta un procedimiento de reconocimiento y ejecución internacional. Si, en cambio, existe una orden judicial en la jurisdicción donde están los bienes, la capacidad de defensa será local.

Identifique la sede exacta del procedimiento extranjero y el tipo de medida: embargo preventivo, medida conservatoria, prohibición de disponer, anotación registral. Solicite a quien le notifique copia de la resolución y del expediente. La información precisa es la base de la defensa.

Cómo se soluciona

1. Obtenga detalles del procedimiento. Pida copia de las actuaciones y de la orden o providencia que se pretende ejecutar. Averigüe en qué tribunal están y qué medidas se han solicitado. Sin la documentación no podrá apreciar el riesgo real.

1. Determine la jurisdicción de los bienes. Identifique bancos, registros de la propiedad, o agencias regulatorias donde figuren sus activos. Si son cuentas bancarias, solicite al banco información sobre cualquier requerimiento recibido.

1. Valore el reconocimiento y la ejecución. Si la amenaza parte de una resolución extranjera que busca ejecución en la jurisdicción donde están sus bienes, la parte interesada deberá iniciar un procedimiento de reconocimiento/exequátur. Usted puede oponer excepciones en ese proceso: falta de jurisdicción, fraude, vulneración de garantías procesales, o que la resolución sea contraria al orden público local.

1. Medidas preventivas en su favor. Dependiendo del país, puede solicitar medidas cautelares de su parte o impugnar la solicitud de embargo mostrando títulos que acrediten su propiedad o la falta de responsabilidad. También conviene notificar a los registros y a las instituciones para que no atiendan solicitudes carentes de base.

1. Coordinación con abogados locales. Para frenar una ejecución en otra jurisdicción necesitará abogados en ese país. Ellos presentarán las objeciones procesales, solicitarán la suspensión de medidas o negociarán acuerdos con los acreedores. Desde Venezuela, su abogado internacional coordinará la estrategia.

1. Negociación y acuerdos. A veces la mejor defensa es negociar un acuerdo que permita levantar la medida a cambio de garantías o un plan de pago. Un acuerdo bien redactado evita la litigación costosa en otra jurisdicción.

Qué puede pasar

1. Levantamiento sin procedimiento. Si la amenaza no iba acompañada de documentos ni de una orden judicial en la jurisdicción extranjera, puede resolverse con comunicaciones formales y pruebas de titularidad. Esto es lo más sencillo.

1. Medida cautelar local y negociación. Si un tribunal extranjero dicta una medida cautelar sobre sus bienes, puede negociar la garantía o impugnar la medida ante los tribunales locales. Un acuerdo puede restituir la disponibilidad de los bienes y evitar costos mayores.

1. Ejecución internacional y complejidad. Si la resolución es reconocida y ejecutada en el país donde están los bienes, puede perder el acceso a esos activos. La defensa exige abogados locales y acciones procesales que cuestionen el reconocimiento o la base de la obligación.

Y si gana, ¿cobro o recuperación? Si logra que se archive o levanten las medidas, recuperará la disponibilidad sobre sus bienes. Pero si el acreedor tiene una sentencia ejecutable en la jurisdicción local y pruebas de responsabilidad, la ejecución puede consumar la pérdida del activo.

Errores que arruinan el caso

• Ignorar notificaciones o retrasar la obtención del expediente: sin defensa temprana, las medidas se consolidan.
• No identificar la jurisdicción exacta y presentar defensas generales que no se ajustan al procedimiento local.
• No contratar abogado en el país donde están los bienes: la defensa internacional requiere actuación local.
• Transferir o dispersar bienes sin asesoría: puede interpretarse como intento de fraude y agravar la situación.
• No comprobar la titularidad o existencia de cargas previas que afecten su capacidad para oponer excepciones.