Cómo impugnar una resolución de contratación pública por criterios de adjudicación?

¿Tienes razón?

No se puede decir sí o no sin mirar tres cosas que determinan si la impugnación tiene fundamento: (1) qué establecían los pliegos y la convocatoria sobre criterios de adjudicación —si un criterio no aparece o su ponderación difiere, eso debilita la adjudicación—; (2) si la administración aplicó esos criterios en la práctica —evaluaciones, puntajes, actas de la comisión técnica—; y (3) si hubo vicios formales o de transparencia, como conflicto de interés, falta de motivación en la resolución o informes que no coinciden con el resultado. Si usted cuenta con copia de los pliegos y las actas y ve divergencias claras entre lo prometido y lo practicado, su posición es sólida. Si no tiene documentación, su caso no está perdido, pero necesitará esfuerzos probatorios adicionales: solicitudes de información, testimonios y, a veces, peritajes técnicos.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación básica. Lo mínimo que debe obtener ya es: los pliegos o bases de la convocatoria, su oferta presentada (sello y fecha), el acta de apertura de sobres si la hubo, el informe técnico de evaluación y la resolución de adjudicación. Si no tiene copias, solicítelas por escrito al órgano contratante y guarde constancia de la petición.

1. Documente las diferencias objetivas. Haga una comparación escrita: criterio por criterio, lo que decía el pliego y lo que consta en el informe o en la resolución. Guarde correos, transcripciones de reuniones y cualquier comunicación con la comisión evaluadora.

1. Presente un recurso o reclamación administrativa. Antes de acudir a la jurisdicción es normal intentar la impugnación interna. Su escrito debe identificar la resolución, exponer los hechos, indicar qué norma o punto del pliego se violó y pedir la anulación de la adjudicación o la reapertura del procedimiento. Adjunte la prueba de su oferta y la comparación técnica.

1. Solicite información pública si hace falta. Si el órgano no entrega documentos, pida acceso a la información pública conforme a la normativa aplicable; las negativas pueden añadirse como argumento en la impugnación.

1. Evalúe la vía contencioso-administrativa. Si la respuesta administrativa es desestimatoria o no responde en términos que acepten sus pretensiones, la siguiente etapa es la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En esa fase la prueba, la narrativa técnica y la legitimación para litigar son cruciales.

1. Diferencie lo que puede hacer usted y lo que necesita un profesional. Usted puede reunir documentos, presentar la reclamación administrativa y obtener copias de expedientes. Necesitará un abogado cuando la impugnación exige peritajes técnicos, cuando la cuantía y las consecuencias sean importantes o cuando la administración cuente con equipo jurídico.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una anulación o una corrección administrativa: a veces la administración reconoce un error formal y revoca la adjudicación o ordena repetir la evaluación. Esto es común cuando el defecto es claro y la presión de otros oferentes existe.

2) Acuerdo o conciliación: puede alcanzarse un acuerdo para rehacer parte del procedimiento o para pactar indemnización por el gasto en la oferta. Un acuerdo trae la ventaja de evitar la incertidumbre del litigio y obtener una solución práctica; puede convenir aceptar menos de lo que pediría una eventual sentencia si eso reduce riesgo y tiempo.

3) La vía contencioso-administrativa: si se va a juicio, el tribunal podrá anular la resolución si encuentra que hay violación de la normativa o de los principios de igualdad y transparencia. Si pierde, existen riesgos: costas procesales y el convencimiento de la comisión técnica pueden validar la adjudicación. Y si gana, la ejecución de la sentencia puede depender de la situación financiera del órgano público y de la posibilidad práctica de restablecer la situación anterior.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable puede ordenar la nulidad del acto y, eventualmente, reparación por daños; pero cobrar indemnizaciones depende de la capacidad del órgano y de los recursos presupuestarios disponibles. A veces una sentencia produce una orden de repetir el procedimiento más que una compensación económica inmediata.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar copia del expediente a tiempo y asumir que la administración le dará todo voluntariamente. Muchas pruebas están sólo en el expediente.
• No conservar prueba de su oferta (ej.: no guardar constancia de la entrega o del envío). Sin la oferta sellada se complica probar que participó y cómo lo hizo.
• Limitar la impugnación a argumentos genéricos: decir que “no fue justo” sin comparar el pliego con la práctica técnica debilita la demanda.
• Creer que un recurso verbal tiene efecto: las comunicaciones deben constar por escrito.
• Aceptar un acuerdo sin verificar las consecuencias administrativas y la posibilidad de recursos posteriores.