Mi expareja se llevó al niño fuera del país

¿Tienes razón?

Que usted tenga o no razón depende de tres cosas esenciales: quién tiene la patria potestad o la guarda legal del niño, si existe una medida judicial o un acuerdo escrito que regule las salidas del país y qué documento permitió la salida (pasaporte, permiso notarial o resolución administrativa). Si ambos progenitores comparten la patria potestad y no hay autorización para sacar al menor, la salida puede ser irregular. Si existe una resolución judicial que prohíbe la salida, su posición es más sólida. Si, en cambio, usted firmó un permiso para la salida o hay antecedentes de autorización escrita, la demanda de retorno es más complicada. Otra variable relevante es si la salida fue comunicada a inmigración con documentación aparente —eso no anula automáticamente su derecho, pero complica la vía práctica.

Recuerde: no es extraño firmar cosas sin saber su alcance. Eso no lo convierte en culpa automática. Lo que importa es la prueba: contratos, permisos firmados, mensajes de texto, boletos, sellos de pasaporte y cualquier acta donde conste la salida.

Cómo se soluciona

1) Reúna prueba inagotable. Busque y guarde: copia del pasaporte del menor y del adulto que viajó, boletos y reservas, sellos de pasaporte, mensajes de texto o conversaciones donde se acuerde el viaje, fotografías del niño antes de salir, comprobantes de entrega de documentación a aerolíneas, recibos y cualquier comprobante de salida. Exporte conversaciones de aplicaciones de mensajería en formato que pueda imprimirse y firmarse. Saque capturas de pantalla con fecha visible y guarde el original del teléfono en un lugar seguro.

2) Localice órdenes, acuerdos o documentos notariales. Si existe una sentencia, providencia o capitulaciones sobre la guarda o salidas notificables, obtenga copia. Si firmó un permiso notarial para sacar al menor, consiga la copia. Si no tiene nada por escrito, anote fechas y testigos que puedan acreditar que usted no autorizó la salida.

3) Denuncie la salida a las autoridades competentes. En Venezuela hay vías administrativas y judiciales. Presente la denuncia ante las autoridades migratorias si piensa que la salida fue ilegal; informe a la Defensoría del Pueblo si corresponde; y pida asesoría en la institución encargada de protección del niño en su localidad. La denuncia administrativa no sustituye la vía judicial, pero activa actuaciones útiles.

4) Inicie la vía judicial o administrativa de retorno. Para el regreso forzado hay rutas específicas; el tribunal de familia o jueces competentes y las autoridades de protección del niño son quienes pueden ordenar el retorno si existe sustracción ilícita. Según el caso, antes puede exigirse un procedimiento de urgencia para medidas provisionales que garanticen la localización del menor.

5) Si el menor está en otro país: coordine con autoridades consulares. Contacte la oficina consular venezolana en el lugar donde presuma que están y solicite orientación. El proceso internacional implica interacción entre autoridades de ambos países; la cooperación internacional puede ayudar, pero su eficacia depende de la normativa del Estado receptor y de si existe o no un tratado aplicable.

Qué hacer usted solo y qué necesita profesional: usted puede recoger y organizar toda la prueba, denunciar ante las autoridades y pedir intervención administrativa. Necesitará abogado cuando haya que presentar medidas judiciales de retorno, solicitar medidas cautelares, coordinar actuación con consulados o cuando la otra parte tenga abogado. Si le ofrecen un arreglo o propuesta de acordar la custodia o salida, ese es el momento en que el abogado suele ser imprescindible.

Qué puede pasar

Primera posibilidad: se arregla mediante comunicación y vuelta voluntaria. Muchas salidas se resuelven con una llamada formal del progenitor, acompañada de la posibilidad de exigir el retorno a través de notificaciones legales. Un acuerdo puede incluir condiciones de visitas, transporte y retorno del menor. Un acuerdo rápido evita litigios largos.

Segunda posibilidad: acuerdo judicial o conciliación. Un acuerdo ante autoridad judicial o conciliatoria permite fijar condiciones estables sobre la guarda y las salidas internacionales. Aunque el acuerdo sea por una cantidad simbólica o sin “indemnización”, lo valioso es cerrar la incertidumbre y obtener una resolución que impida salidas no autorizadas.

Tercera posibilidad: sentencia o providencia de retorno. Si se inicia la vía judicial, el juez o tribunal puede ordenar el retorno y fijar medidas provisionales. Si la sentencia le es favorable, puede obtener una orden ejecutable. Pero incluso con sentencia, la ejecución depende de que la otra parte tenga capacidad de cumplimiento o exista cooperación internacional. Una sentencia sobre la guarda no garantiza el retorno inmediato si la otra parte desafía la orden: entonces hacen falta mecanismos de ejecución que a veces resultan difíciles frente a la ausencia de cooperación internacional.

Y si gana, ¿cobra? En estos asuntos no se “cobra” dinero; la ganancia real es la restitución del menor y el establecimiento de reglas de custodia. Si la otra parte no tiene recursos o está en otro país, conseguir el cumplimiento práctico puede requerir más actuaciones y asistencia del Estado o del consulado.

Errores que arruinan el caso

• No guardar pruebas de la salida: perder el pasaje, la reserva o capturas de chat dificulta la demostración de cuándo y cómo salió el menor.

• Borrar conversaciones o restablecer el teléfono antes de exportar las pruebas. La exportación y copia en un soporte aparte es esencial.

• Firmar permisos o reconocer la autorización por escrito sin asesoría. Muchas soluciones fallan porque hay un permiso firmado que luego se había subestimado.

• Esperar sin denunciar: la demora facilita que cambie la situación fáctica y jurídica, y complica la actuación de las autoridades.

• Dejar el asunto solo en manos de autoridades internacionales sin agotar las vías locales primero.