Sí puede intentar cobrar el aval bancario si el inquilino incumplió, pero su éxito depende del contenido y alcance del aval, de que haya prueba del incumplimiento y de que haya seguido el procedimiento contractual para exigirlo. El primer paso para el propietario es reunir el contrato, la póliza o documento del aval y las pruebas del incumplimiento, y notificar al avalista según lo previsto en el documento del aval.
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La viabilidad de reclamar un aval bancario por incumplimiento del inquilino pivota sobre tres elementos: la redacción del aval, la existencia de incumplimiento probado, y el cumplimiento de las formalidades establecidas en el propio aval o en el contrato. Un aval puede ser más o menos amplio: algunos avales garantizan sólo ciertas obligaciones (renta vencida) y otros cubren una gama mayor (daños, reparaciones, costos legales). La redacción determinará si su reclamo está dentro del objeto garantizado.
Además, debe probar que el inquilino incumplió sus obligaciones y que usted agotó las vías previas pactadas, si las hubiera. El avalista puede oponer defensas técnicas: falta de requerimiento al deudor principal, extinción de la obligación por pago o compensación, o que la cuantía reclamada no corresponde a lo garantizado. Por eso, la prueba documental que acredite la mora, los intentos de cobro y cualquier cálculo que haga usted es central.
Finalmente, la situación patrimonial del avalista influirá en la eficacia real del cobro: una sentencia o un título ejecutivo contra el avalista es condición para la ejecución, pero cobrar depende de que existan bienes ejecutables. La ley y la práctica también distinguen entre avales otorgados por bancos y avales personales: los avales bancarios suelen ofrecer mayor seguridad práctica.
Como propietario, puede hacer la primera reclamación y recopilar la prueba. Necesitará abogado para litigar, para obtener y ejecutar el título judicial o para negociar acuerdos complejos con avalistas bancarios.
1) Se arregla con la intervención del avalista: lo más frecuente es que, ante la presentación de la documentación y la posibilidad de un proceso judicial, el avalista ofrezca pagar total o parcialmente para evitar litigio y la eventual ejecución.
2) Acuerdo o negociación: puede pactarse un pago parcial, un calendario o la sustitución de la garantía. Un acuerdo reduce incertidumbre y costes, y a menudo es más útil que una ejecución que puede alargarse.
3) Procedimiento judicial y ejecución: si el avalista no paga, deberá obtener un título y ejecutar. Si gana la demanda, la sentencia permite medidas de apremio; sin embargo, si el avalista es insolvente o carece de bienes embargables, cobrar se convierte en una tarea difícil. Además, si se actúa mal o se reclama cantidades no justificadas, existe el riesgo de condena en costas.
Si gana, ¿cobra? La sentencia es un paso necesario, pero la ejecución práctica depende de activos embargables y de la conducta del avalista.
Conviene contratar abogado para transformar su reclamación en un título ejecutivo y para dirigir la ejecución contra el avalista. Si el avalista ofrece un acuerdo que implique renuncia de derechos u obligaciones complejas, busque asesoría. Si no puede pagar un abogado, consulte si tiene derecho a asistencia jurídica gratuita.
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Sí, si el aval exige un requerimiento previo y usted no lo hizo, el avalista puede oponer esa falta de formalidad. Por eso es crucial documentar los requerimientos y los intentos de cobro.
Depende de la redacción del aval. Algunos avales son exigibles a primer requerimiento; otros requieren condiciones o la obtención previa de un título. Revise el documento o consulte a un abogado para determinar la vía adecuada.
Un aval bancario es usualmente emitido por una entidad financiera y ofrece mayor seguridad práctica; una garantía personal la da una persona física o jurídica y su eficacia depende de su patrimonio. La estrategia de cobro varía según el tipo.
Depende de lo que firme. Si firma un recibo de pago que incluya renuncia a futuras reclamaciones, puede perder derechos. Lea todo antes de firmar y pida asesoría si no está seguro.
Contrato de arrendamiento, documento del aval o póliza, comprobantes de impago, facturas y presupuestos que justifiquen las sumas reclamadas, y constancia de requerimientos previos al deudor principal si el aval lo exige.
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