La autorización de intervenciones médicas sobre menores depende de la patria potestad, del consentimiento informado y de la evaluación del riesgo. Lo que determina su posición es quién tiene la potestad para decidir, si existe urgencia médica y si la negativa está motivada en criterios clínicos o en razones ajenas. Primer paso: pida por escrito la razón de la negativa y solicite que conste la evaluación médica con alternativas terapéuticas.
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Tres elementos establecen si la negativa a autorizar una operación o tratamiento es cuestionable. Primero, la titularidad de la patria potestad: si ambos progenitores la ejercen, normalmente se requiere el consentimiento de ambos para actos médicos relevantes. Segundo, la existencia de urgencia o riesgo para la vida o la salud del menor: en casos de riesgo inminente la intervención debe realizarse aunque falte el consentimiento de uno de los progenitores. Tercero, la motivación clínica de la negativa: si el rechazo se basa en criterios médicos fundados, la decisión puede ser razonable; si responde a motivos no médicos, usted puede impugnarla.
No siempre un desacuerdo entre progenitores lleva a la vía judicial. La clave es demostrar que la medida solicitada es necesaria para la salud del menor y que los profesionales la avalan. Las opiniones médicas y los informes de especialistas son prueba esencial.
Si no hay acuerdo entre progenitores y la salud del menor está en juego, puede solicitar la intervención de las autoridades de protección o acudir a la instancia judicial correspondiente para que se adopte la decisión que mejor proteja al niño.
Primero, pida a los profesionales de la salud un informe escrito que explique la necesidad del procedimiento, los riesgos de no realizarlo y las alternativas. Este informe debe detallar el diagnóstico y la recomendación terapéutica.
Segundo, documente la negativa y solicite que conste en la historia clínica la petición y la respuesta. Si el rechazo viene del otro progenitor, pida que el hospital registre su solicitud y la postura contraria.
Tercero, intente la mediación entre progenitores con apoyo médico. Reunir a los especialistas que atienden al menor para que expliquen la urgencia y las consecuencias puede desbloquear el conflicto.
Cuarto, si no hay acuerdo y existe riesgo para la salud, eleve el caso a las autoridades de protección del niño y, si procede, a la vía judicial para que un juez decida sobre la autorización. La decisión judicial se basa en el interés superior del niño y en la prueba médica que acompañe la solicitud.
Qué puede hacer usted solo: conseguir y conservar informes médicos, pedir que todo quede por escrito y buscar mediación. Cuándo necesita abogado: si el otro progenitor deniega sistemáticamente la autorización, si el hospital se niega a intervenir o si la situación requiere medidas coercitivas para proteger la salud del menor.
Primera posibilidad: se llega a un acuerdo con mediación médica y la operación o tratamiento se realiza con el consentimiento de ambas partes o con la conformidad de los profesionales que atienden al menor. Este resultado es frecuente cuando los médicos explican claramente riesgos y beneficios.
Segunda posibilidad: acuerdo con intervención administrativa o resolución extrajudicial. La autoridad de protección puede ordenar la intervención o proponer soluciones alternativas que resuelvan el conflicto sin llegar a juicio.
Tercera posibilidad: decisión judicial. Si se interpone una acción para que se autorice la intervención, el juez sopesará la prueba médica y el interés del menor. Si la decisión no le favorece, la situación se mantiene y la opción de repetir el procedimiento puede ser limitada; si le favorece, se dictará la autorización que permita la intervención. En cualquier caso, la ejecución de la orden depende de la colaboración del centro médico.
Y si gana, ¿cobro? No aplica como en otros reclamos; la sentencia que autoriza la intervención busca permitir el acto médico. Si hay demanda por daños y perjuicios vinculados a la denegación, la reparación dependerá de la prueba y de la capacidad de la contraparte para responder.
Si la autorización se niega y ello pone en riesgo la salud del menor o si el otro progenitor se opone sistemáticamente, necesita abogado. También cuando la institución hospitalaria se niega a ejecutar una decisión judicial o a documentar la negativa. Para negociar con la clínica o para presentar recursos ante autoridades o tribunales, la asistencia legal profesional es recomendable. Verifique si puede acceder a justicia gratuita.
Otros problemas frecuentes en abogados de protección de menores
Depende de la titularidad de la patria potestad y de la urgencia médica. En casos de riesgo para la vida o la salud, los médicos pueden actuar para proteger al menor. Si ambos comparten la potestad y no hay urgencia, suele requerirse el consentimiento de ambos o una decisión judicial.
Un informe detallado del especialista que explique diagnóstico, riesgos de no intervenir, alternativas terapéuticas y la urgencia del procedimiento es la prueba más relevante. Pídalo por escrito y que forme parte de la historia clínica.
Puede derivar por falta de capacidad, pero debe ofrecer alternativas o coordinar la referencia. Negar sin opción razonable vulnera el derecho a la salud del menor.
Si la objeción no se basa en criterios médicos y la intervención es necesaria para la salud del menor, la autoridad de protección o el tribunal puede decidir en favor del interés superior del niño.
La orden judicial autoriza la intervención, pero su ejecución depende de la colaboración del centro de salud. Si el hospital se niega, su abogado puede solicitar medidas para asegurar la ejecución.
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