Un acuerdo extrajudicial es posible y conveniente cuando ambos progenitores pueden pactar sobre vivienda, custodia, pensiones y reparto de bienes; lo que lo hace válido es que proteja el interés de los hijos y que quede documentado. Primer paso: redactar con claridad lo que se propone pactar y pedir un borrador para revisar antes de firmar.
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Un acuerdo extrajudicial es razonable si las dos partes pueden negociar de forma mínimamente razonable y los puntos en disputa —vivienda, custodia, pensión alimentaria, reparto de bienes— son susceptibles de ser regulados mediante pacto. Lo que determina si el acuerdo es buena opción es la desigualdad de fuerzas entre las partes, la existencia de problemas de cumplimiento previos, y si hay hijos menores cuya protección exige supervisión judicial. Si hay violencia doméstica, riesgo para los menores o la otra parte tiene historial de incumplimientos, la negociación privada puede no ser segura sin garantías adicionales.
Un acuerdo bien armado debe detallar las obligaciones, formas de pago, medidas sobre vivienda y visitas, y mecanismos de resolución de conflictos futuros. Que quede por escrito y, idealmente, que se eleve a un documento con firma y, si es necesario, con reconocimiento notarial o presentación en sede judicial para su homologación, facilita su cumplimiento.
Qué puede hacer sola: redactar la propuesta inicial, recopilar la documentación y proponer medios de pago. Para formalizarlo y aportar garantías suele ser conveniente la asesoría de un abogado.
1) Se arregla con un acuerdo extrajudicial: la solución más habitual cuando ambos cooperan. Se pacta y se establece un mecanismo de cumplimiento; la ventaja es rapidez y menor coste.
2) Acuerdo con homologación o mediación: acudir a mediación o elevar el convenio a homologación judicial agrega seguridad; si una de las partes incumple, la resolución homologada facilita la ejecución.
3) No hay acuerdo y se va a juicio: si no se llega a pacto, la vía judicial decidirá. Un juicio puede tardar más y generar mayores costes. Si la otra parte no cumple un acuerdo extrajudicial, la ejecución puede requerir acudir al tribunal para convertir el acuerdo en título ejecutivo o para solicitar el cumplimiento forzoso.
Y si gano, ¿cobro o hacen cumplir el acuerdo? Si el acuerdo está homologado o firmado con garantías, su ejecución es más directa. Un acuerdo privado sin garantías puede necesitar un proceso para su ejecución si la otra parte incumple.
Puede iniciar la negociación usted misma y redactar la primera propuesta; en muchos casos se llega a un acuerdo así. Necesita abogado si la otra parte ofrece un compromisario con condiciones dudosas, si hay bienes complejos que repartir o deudas importantes, si hay hijos con necesidades especiales o si quiere homologar el convenio para darle fuerza ejecutiva. Si es beneficiaria de justicia gratuita, tramitar la homologación con asesoría puede hacerse sin coste.
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Sirve como prueba del compromiso, pero para ejecutarlo formalmente puede necesitarse que el acuerdo sea homologado por el tribunal o que se convierta en título ejecutivo mediante los mecanismos legales. Incluir garantías reduce el riesgo.
Puede pactarlas, pero si se incumplen persistentemente necesitará acudir al juez para solicitar medidas que aseguren el cumplimiento; por eso es aconsejable prever sanciones o mecanismos de control en el acuerdo.
No siempre. La mediación es una opción útil para facilitar el acuerdo, pero no es requisito en todos los casos. Valore su uso cuando la comunicación sea difícil pero no exista riesgo para la integridad de nadie.
Debe especificar quién habita la vivienda, por cuánto tiempo, cómo se cubrirán gastos y quién se hace cargo de servicios y impuestos; también es recomendable pactar garantías si se entrega la vivienda temporalmente a una parte.
Conviene homologarlo cuando hay hijos menores, bienes de valor o riesgo de incumplimiento. La homologación añade fuerza ejecutiva y facilita la ejecución en caso de incumplimiento.
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