Puedes solicitar el retorno de un menor bajo la Convención de La Haya si el traslado o retención fue ilícito respecto al país de residencia habitual. Lo que lo determina es la jurisdicción previa y la falta de consentimiento o de derecho para sacar al menor. Primer paso: recopila prueba de residencia habitual del menor y contacta a la Autoridad Central en Perú para comenzar la tramitación internacional.
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La Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores protege a quien prueba dos cosas: 1) que el menor tenía residencia habitual en un Estado contratante (por ejemplo, Perú) inmediatamente antes del traslado o retención; y 2) que el traslado o la retención fue contraria a los derechos de custodia o residencia de la persona que reclama, porque no había consentimiento o una autorización judicial válida. Si puedes acreditar ambas circunstancias, la Convención permite pedir el retorno inmediato del menor al país de residencia habitual.
No basta con la buena fe: necesitas prueba documental de residencia habitual (matrícula escolar, contratos, recibos y actos de cuidado) y pruebas de que no hubo consentimiento válido. Si existía una resolución judicial que autorizaba la salida, la Convención no se usa para revisar cuestiones de fondo sobre custodia, sino para resolver la restitución cuando la salida fue ilícita.
Qué puedes hacer solo: recopilar y ordenar la documentación, presentar la solicitud inicial ante la Autoridad Central y facilitar traducciones y legalizaciones. Qué conviene que haga un abogado: preparar la solicitud con la argumentación jurídica adecuada, coordinar comunicación con la Autoridad Central y coordinar con un letrado extranjero para la ejecución en el otro país.
1) Retorno rápido: si la autoridad receptora considera que el traslado fue ilícito y no existen defensas válidas, puede ordenar el retorno del menor al país de residencia habitual. Esto es frecuente cuando la prueba es clara y no hay excepciones aplicables.
2) Acuerdo entre las partes: la intervención de las Autoridades Centrales o mediadores puede producir un acuerdo que regule el retorno y las visitas, evitando litigios más largos. Un acuerdo homologado suele ser preferible para el bienestar del menor.
3) Oposición y litigio en el país receptor: la otra parte puede oponer excepciones previstas por la Convención (por ejemplo, riesgo grave para el menor o consentimiento subsiguiente). Si hay oposición, se inicia un proceso judicial en el país receptor para valorar las excepciones. Si pierdes en esa sede, la restitución puede no ordenarse; si ganas, la orden de retorno debe ejecutarse pero depende de la cooperación local.
Y si ganas, ¿cobro? El procedimiento La Haya no trata compensaciones económicas; su objetivo es restituir la situación previa. Cualquier compensación o gasto deberá plantearse en otra vía o negociación entre las partes.
Puedes preparar la documentación y presentar la solicitud inicial ante la Autoridad Central, pero conviene un abogado cuando la causa es compleja, cuando la otra parte opone excepciones o cuando hace falta coordinar representación en el país receptor. Si no tienes recursos, verifica si calificas para asistencia legal gratuita para estos trámites internacionales.
Otros problemas frecuentes en sustracción de menores
No. La Convención regula sustracciones que implican traslado internacional entre Estados contratantes. Para traslados dentro del país, la vía son las autoridades nacionales y el juez de familia.
Probablemente sí cuando el país receptor lo exige. La Autoridad Central puede indicar si requieren traducción oficial o legalización adicional.
La Autoridad Central facilita la comunicación y cooperación entre Estados, pero no actúa como abogado en el extranjero. Para procedimientos judiciales locales puede ser necesaria representación privada.
Si el país no está adherido a la Convención, no procede este mecanismo; entonces hay que usar otros canales diplomáticos o vías judiciales locales, y la coordinación suele ser más compleja.
No. La Convención busca restituir al menor al Estado de residencia habitual para que allí se decida la cuestión de fondo sobre custodia, salvo excepciones muy concretas.
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