Fui aval/obligado solidario y ahora me cobran todo a mí

¿Tienes razón?

Tu situación se define por tres preguntas: qué tipo de aval firmaste, qué alcanzó la obligación y si hubo actos que limitan la responsabilidad. Primero, lee el contrato: algunas pólizas o contratos definen el aval como de carácter subsidiario (primero se persigue al deudor principal) o solidario (el acreedor puede exigir a cualquiera de los obligados). Segundo, comprueba si la entidad ejecutó garantías reales o persiguió al deudor principal; si el contrato establece subsidiariedad y el acreedor no agotó recursos contra el principal, tienes argumentos para oponerte al cobro inmediato. Tercero, revisa la validez de la firma y de la entrega de información: si la firma fue falsificada o la contratación fue con prácticas ilegales, hay causa para impugnación.

Además, evalúa si hubo cláusulas abusivas: comisiones excesivas, variaciones de tasa sin transparencia o cargos no contratados pueden reducir tu responsabilidad. También considera la cesión de la deuda: si tu acreedor vendió el crédito, el cesionario debe acreditar la cadena de titularidad para exigir el pago.

Cómo se soluciona

1. Solicita documentación. Pide copia del contrato, estados de cuenta, comprobantes de pago del deudor principal, y la documentación de la cesión en su caso. Haz la solicitud por escrito y conserva acuse de recibo.

1. Revisa el contenido del compromiso. Determina si firmaste como aval solidario o subsidiario y qué alcance temporal y cuantitativo tiene la obligación. Si hay cláusulas poco claras, solicita explicación por escrito.

1. Registra todas las comunicaciones. Si te llaman o envían avisos, conserva evidencia. Si hay presiones indebidas o amenazas, esos actos pueden ser denunciados.

1. Negocia con el acreedor. A veces es viable llegar a un acuerdo que incluya periodos para que el deudor principal cumpla o que reduzca tu carga mediante convenio. Exige que cualquier oferta quede por escrito y que antes de firmar veas la documentación completa.

1. Impugna si procede. Si hay vicios en la contratación (firma apócrifa, falta de información clara, cláusulas abusivas), un abogado puede presentar acciones civiles para invalidar la obligación o moderar su alcance. Si hubo cesión sin notificar, puedes exigir pruebas de titularidad.

Qué puede hacer usted solo y qué necesita abogado: pedir documentos, conservar comunicaciones y proponer acuerdos iniciales puede hacerlo usted. Para impugnar la deuda, demostrar abusos contractuales o litigar la responsabilidad se necesita abogado.

Qué puede pasar

1) Se arregla con carta o acuerdo: es frecuente llegar a convenios para que el aval cubra solo una parte o para pactar facilidades hasta obtener cumplimiento del deudor principal. Esto evita litigios costosos.

2) Acuerdo o conciliación: un convenio formal puede incluir la suspensión de acciones mientras se agota la recuperación contra el deudor principal o condiciones de pago que reduzcan su riesgo. Aceptar una oferta puede ser sensato si evita embargos y se documenta correctamente.

3) Juicio de ejecución o de responsabilidad: si hay juicio y el tribunal confirma la obligación, el acreedor podrá ejecutar bienes hasta el límite del compromiso. Si pierde la acción de impugnación, el aval puede terminar respondiendo patrimonialmente. En algunos casos el aval puede intentar repetir contra el deudor principal para recuperar lo pagado.

Perder en un juicio implica obligaciones de pago y posible afectación patrimonial; además, podrían imponerse costas procesales si la defensa carece de fundamento.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del contrato y del estado de cuenta antes de negociar.
• Admitir por teléfono la existencia total de la deuda sin pedir documentos.
• Firmar acuerdos de pago sin cláusula que preserve acciones frente al deudor principal.
• No revisar si la deuda fue cedida y a quién; aceptar pago a un tercero sin acreditar la cesión es arriesgado.
• Intentar desconectarse de la obligación mediante transferencias de bienes para evitar embargos: eso puede considerarse fraude en perjuicio de acreedores.