Si tu empresa está investigada por responsabilidad penal

¿Tienes razón?

La respuesta depende de tres ejes. Primero, quiénes dentro de la empresa realizaron los hechos y si lo hicieron por cuenta propia o en ejercicio de funciones; la responsabilidad penal empresarial requiere vinculación con la conducta de personas físicas que actúen en nombre o beneficio de la empresa. Segundo, la existencia de controles internos y políticas de cumplimiento: un programa de cumplimiento puede cambiar la valoración de la conducta y la posibilidad de exención o atenuación. Tercero, la documentación y las pruebas: contratos, órdenes, correos electrónicos, registros contables y sistemas de control son determinantes para probar o desmentir la comisión del delito.

También influye la cultura corporativa y la reacción de la empresa al conocimiento de la conducta: si la empresa investigó internamente y aplicó sanciones, eso puede servir como elemento a favor ante las autoridades. Por el contrario, destruir documentación o impedir la investigación agrava la situación.

Cómo se soluciona

1. Inmoviliza la destrucción de evidencia. Activa el protocolo de conservación de datos y documentos; designa a un responsable que centralice la información y evite que empleados descarten correos, contratos o registros.
2. Reúne documentación relevante: libros contables, contratos, facturas, correos electrónicos, bitácoras de sistemas y evidencias de procesos de autorización. Haz copias forenses de servidores y dispositivos móviles si procede.
3. Evalúa la persona investigada: identifica si la conducta es atribuible a un empleado, a un mando medio o a la alta dirección. La defensa y la estrategia penal dependen de esa distinción.
4. Implementa medidas internas disciplinarias cuando corresponda y documenta todo: actas, sanciones y auditorías internas. Registrar que se tomaron medidas puede ser prueba de buena fe.
5. Designa un vocero legal y evita declaraciones públicas que puedan perjudicar la defensa; comunica de forma controlada y coordinada con asesoría jurídica.
6. Negocia con las autoridades: la Fiscalía puede aceptar colaboraciones, aportes de información o programas de cumplimiento que mitiguen consecuencias. Eso requiere una estrategia legal y de cumplimiento muy precisa.
7. Coordina la defensa penal con asesoría en materia laboral, fiscal y de cumplimiento, porque las consecuencias son multidimensionales.

Qué puede hacer la empresa sola: conservar documentación y comunicar internamente la obligación de no destruir pruebas. Qué necesita abogado: peritajes forenses, diseño de estrategia penal-corporativa, negociación con Fiscalía y representación en audiencias.

Qué puede pasar

1) Investigación que no prospera: la Fiscalía puede no encontrar elementos suficientes y archivar la carpeta, con lo que no habrá acción penal. Este resultado favorece la reputación, pero conviene documentar la defensa.

2) Acuerdos y medidas alternativas: la empresa puede negociar sanciones administrativas, colaboración o programas de cumplimiento que eviten procesos penales prolongados. Estos acuerdos suelen implicar condiciones de supervisión y obligaciones correctivas.

3) Proceso penal y sanciones: si la Fiscalía presenta acusación, hay juicio y posibilidad de sanciones penales o multas corporativas; además de consecuencias civiles y administrativas. Si la empresa pierde, puede enfrentar inhabilitaciones, multas y daños reputacionales. Si gana, se obtiene la exoneración penal, pero la reputación y efectos comerciales pueden requerir acciones de remediación.

Sobre el cobro tras una sentencia favorable: obtener reparación de daños por reputación o pérdidas comerciales puede requerir litigios adicionales y depende de la solvencia de terceros responsables.

Errores que arruinan el caso

• Ordenar o permitir la eliminación de correos, registros contables o backups tras conocer la investigación.
• Hablar públicamente sobre resultados de auditorías internas sin coordinar con defensa.
• No documentar sanciones internas o actuaciones de investigación: la ausencia de registro debilita la alegación de buena fe.
• Separar la estrategia penal de la fiscal, laboral y administrativa; la incoherencia puede debilitar negociaciones.
• No contratar peritos forenses especializados en informática cuando hay riesgo de manipulación de evidencia digital.