Si Hacienda te investiga por delito fiscal

¿Tienes razón?

No toda discrepancia fiscal es delito. Para que el caso sea penal debe existir conducta dolosa: omisión deliberada de ingresos, simulación de operaciones, facturación apócrifa o esquema para evadir el pago de impuestos. La diferencia entre una revisión fiscal y una investigación penal está en la intención y en la sistematicidad de la conducta. Las pruebas decisivas son contabilidad, CFDI, transferencias bancarias y contratos que demuestren la realidad económica de las operaciones.

Si tu contabilidad está ordenada y puedes acreditar la existencia de operaciones porque hay clientes, entregas, órdenes de compra y reportes bancarios concordantes, tu posición es fuerte. Si hay facturación sin actividad real o facturas emitidas por terceros sin comprobantes de prestación de servicios, te expones a una acusación por delito fiscal.

También importa la actuación previa: presentar rectificaciones y pagar diferencias detectadas puede mitigar la maquinaria sancionadora administrativa, pero en lo penal la existencia de indicio de simulación puede ser suficiente para siguientes pasos por parte de la Fiscalía.

Cómo se soluciona

1. Reúne toda la documentación fiscal y contable. Junta CFDI, pólizas contables, estados de cuenta, contratos, conciliaciones bancarias y cualquier soporte de las operaciones. Guarda duplicados y copias en varios medios.

1. No hagas manifestaciones técnicas sin asesoría. En la instancia penal, la asesoría penal y la fiscal deben coordinar respuestas; evita admitir hechos que puedan interpretarse como dolo.

1. Pide acceso al expediente. Obtener copia de las constancias y de los dictámenes que la autoridad utilice permite identificar errores o supuestos de hecho falsos.

1. Encarga peritaje independiente. Un peritaje contable externo puede contraponerse al dictamen oficial y explicar discrepancias por prácticas contables o errores formales.

1. Evalúa la reparación del daño fiscal. En algunos casos, subsanar la obligación y aportar evidencia de buena fe puede interactuar en la estrategia penal; valora con tu abogado las ventajas e inconvenientes.

1. Prepara la defensa técnica y procesal. Si hay carpeta de investigación y detenciones, el defensor penal coordina la estrategia procesal y de prueba.

Puedes por tu cuenta ordenar documentos, pedir constancias fiscales y no alterar libros. Un abogado es necesario si la investigación deriva en imputación penal, medidas cautelares o si te ofrecen acuerdos con la Fiscalía.

Qué puede pasar

1) La discrepancia se resuelve administrativamente: en muchos casos la reacción fiscal se limita a ajuste y multas; no siempre hay consecuente penal.

2) Acuerdos o reparaciones que limiten la acción penal: en ocasiones subsanar obligaciones y colaborar puede abrir salidas que evitan la vía penal, aunque dependen de la valoración del Ministerio Público.

3) Juicio penal por delito fiscal: si hay acusación y condena, las consecuencias incluyen sanciones penales y rescisión de beneficios; además, puede haber embargo de bienes para garantizar responsabilidad fiscal. Si se obtiene sentencia favorables, la ejecución depende de la existencia de activos reclamables.

Errores que arruinan el caso

• Alterar o destruir contabilidad y CFDI cuando hay indicios de revisión.
• Emitir facturas sin operaciones reales o usar proveedores sin actividad demostrable.
• Hacer declaraciones públicas o admitir omisiones sin asesoría.
• No conservar soportes de operaciones que, en apariencia, justifican ingresos o deducciones.
• Intentar negociar pagos informales fuera de los canales legales; todo arreglo debe atender requisitos formales.