Riesgo penal para la empresa por delitos económicos: qué hacer

¿Tienes razón?

No siempre que hay error contable o una operación irregular hay delito. Para que exista responsabilidad penal se necesita, además del hecho dañino, que exista dolo o, en algunos supuestos, culpa grave según la figura delictiva. Tres factores determinan si existe riesgo penal para la empresa:

1) La naturaleza del acto. Fraude, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de confianza, administración fraudulenta, o delitos contra el sistema financiero son ejemplos que sí pueden constituir delitos económicos cuando hay intención o negligencia grave.

2) La participación de sujetos. Si el hecho se limita a un empleado aislado, la empresa puede responder administrativamente o civilmente, aunque sigue existiendo riesgo reputacional y, dependiendo de controles internos, riesgo penal si hubo omisión en la supervisión. Si participó la dirección o los administradores, la exposición penal aumenta.

3) La existencia de controles internos y políticas. La ley y la práctica penal consideran si la empresa tenía políticas de prevención, manuales, controles contables y una cultura de cumplimiento. La falta de sistemas puede agravar la responsabilidad.

Si concurren indicios serios —documentos, transferencias inusuales, declaraciones de terceros— conviene actuar con cuidado porque las autoridades pueden iniciar investigación.

Cómo se soluciona

1. Conserva la evidencia y aísla la información. No destruyas documentos ni borres correos electrónicos. Centraliza la documentación relevante (contabilidad, contratos, estados bancarios, correos, actas) y restringe accesos para evitar manipulación.

1. Designa un equipo interno con instructivo. Si la empresa tiene área de cumplimiento o jurídico, activa el protocolo interno: designa quién centraliza la información y quién se comunica con auditores externos o autoridades. No es recomendable que muchas personas manipulen documentación sin control.

1. Contrata asesoría especializada. Busca abogado penalista con experiencia en delitos económicos y, si procede, un especialista en cumplimiento corporativo. La empresa necesita defensa y, a la vez, un plan para corregir fallas de control.

1. Evalúa comunicar internamente y externamente. Si el problema tiene impacto para clientes, proveedores o autoridades regulatorias, prepara un plan de comunicaciones coordinado por el área legal. Evita admitir hechos no verificados en mensajes públicos.

1. Coopera con investigaciones de forma estratégica. Si las autoridades inician averiguación, la cooperación controlada facilita la defensa; una conducta evasiva o la destrucción de pruebas puede agravar la situación. Tu abogado te indicará cuándo y cómo responder.

1. Implementa o fortalece medidas de cumplimiento. Revisa contratos, cláusulas de prevención de lavado de dinero, manuales de control interno, firmas de autorización y registro de operaciones de alto riesgo. Documentar mejoras puede ser relevante en materia de atenuantes.

Qué puedes hacer solo y qué necesita intervención profesional

• Puedes detener accesos, recopilar información y documentar anomalías. También puedes revisar políticas internas y recopilar pruebas.
• Necesitas abogado penalista cuando hay indicios de delito, cuando hay intervención de autoridades o cuando los administradores están señalados. También requiere asesoría contable forense y, en casos complejos, consultoría en cumplimiento para implementar medidas correctivas.

Qué puede pasar

1) Se resuelve internamente y con sanción administrativa. En muchos casos la empresa corrige procedimientos, sanciona a empleados y rehace registros; se evitan consecuencias penales si no hay indicios de dolo y las autoridades no actúan.

2) Acuerdo o negociación con autoridades. Si se inicia investigación, puede haber posibilidad de colaboración o de presentar información que modere la sanción. La negociación puede incluir reparación del daño o sanciones administrativas en lugar de la vía penal, según el caso.

3) Procedimiento penal. Si la autoridad encuentra indicios de delito y decide abrir proceso penal, la empresa y los responsables enfrentan investigación formal. Si la sentencia es favorable, evita sanciones; si es adversa, puede implicar multas, inhabilitaciones para contratar con el sector público y sanciones para responsables. Además, las consecuencias reputacionales y civiles pueden persistir.

¿Y si gano, cobro? En lo penal no se busca ‘cobrar’ como en lo civil: una sentencia penal puede ordenar reparación del daño o multas; la ejecución depende de la solvencia de los responsables. La vía civil paralela puede exigir resarcimiento patrimonial.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o alterar documentos sospechosos. Esa conducta suele agravar la imputación y generar delitos adicionales.
• Esperar pasivamente hasta que la autoridad toque la puerta. La falta de reacción ordenada complica la defensa.
• Comunicar mal: admitir responsabilidad en mensajes públicos sin verificación o dar versiones contradictorias.
• No consultar a especialistas: un abogado penalista y un perito contable temprano son decisivos para construir defensa técnica y mitigar riesgos.