Posible delito concursal: ¿qué riesgos penales existen para los gestores?

¿Tienes razón?

No todo problema concursal implica delito. Para que exista riesgo penal para un gestor se necesita más que mala gestión: se requiere conducta con elementos de tipo penal. Las cuestiones que determinan si hay delito son, principalmente:

1) Elemento subjetivo (la intención o dolo). Los órganos persecutores y los tribunales analizan si hubo intención de defraudar a los acreedores, ocultar bienes o causar una ventaja injusta a terceros.

2) Conducta concreta. Ejemplos típicos que suelen investigarse son: ocultar o enajenar bienes de la sociedad para frustrar la acción de los acreedores, simular deudas con empresas relacionadas, realizar disposiciones patrimoniales que busquen sustraer activos del concurso, o alterar los registros contables.

3) Existencia de pruebas documentales y testimoniales. Facturas simuladas, transferencias a empresas pantalla, contratos firmados en condiciones sospechosas, o evidencia de instrucciones para ocultar patrimonio.

4) Normativa aplicable y calificación del Ministerio Público. En México, ciertas conductas vinculadas al quebranto patrimonial pueden tipificarse como delitos bajo códigos penales estatales o federales cuando concurran elementos de fraude, abuso de confianza o simulación.

Si no hay intención demostrable ni pruebas de ocultamiento o simulación, la situación suele quedar en el ámbito civil o mercantil y no alcanza las dimensiones penales.

Cómo se soluciona

1. Documente todo (usted):

• Guarde contratos, órdenes de pago, actas de consejo y correos que muestren la motivación empresarial de las operaciones.
• Conserve estados financieros y dictámenes de asesores externos que justifiquen decisiones.

1. Evaluar riesgos y comunicar (con abogado):

• Un abogado penalista o mercantil debe revisar las operaciones sospechosas y distinguir entre acto lícito con mal resultado y conducta punible.
• Si hay riesgo, es recomendable documentar el criterio empresarial y, si procede, regularizar actuaciones ante autoridades civiles o fiscales para disminuir la exposición penal.

1. Actuar preventivamente (gestión):

• Suspender transferencias que puedan interpretarse como ocultamiento.
• Informar a asesores y, si procede, convocar a la asamblea para validar decisiones relevantes.

1. Defensa ante investigación (si hay carpeta de investigación):

• No declare sin asesoría; la defensa penal requiere estrategia desde la primera diligencia.
• Reúna pruebas exculpatorias y testimonios que acrediten la ausencia de dolo.

1. Si hay responsabilidad administrativa o civil: coordinar la defensa multiárea, porque un asunto penal puede coexistir con demandas civiles o procedimientos concursales.

Qué puede pasar

1) Investigación y archivo

Si no existe elemento subjetivo ni pruebas suficientes, la investigación puede cerrarse sin denuncias. Documentar la buena fe en las decisiones ayuda a justificar el cierre.

2) Acuerdo o medidas administrativas

En ocasiones se adoptan correcciones administrativas o acuerdos para restituir activos o compensar a acreedores, evitando la vía penal. Un acuerdo no es lo mismo que una absolución penal, pero puede resolver el conflicto económico.

3) Proceso penal

Si la autoridad encuentra indicios de delito, se abrirá una carpeta de investigación y, eventualmente, se ejercitará acción penal. Las consecuencias van desde sanciones y reparación del daño hasta posibles privaciones de libertad si se configuran tipos penales delictivos. Además, una condena penal puede implicar consecuencias accesorias en materia civil y administrativa.

Si obtiene una sentencia favorable, la reparación ordenada por la vía penal puede ejecutarse; si el responsable es insolvente, la eficacia práctica de la condena puede verse limitada.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o alterar documentación contable o de actas: eso empeora la sospecha de ocultamiento.
• Firmar transferencias o contratos sin respaldo de una decisión social o una razón de negocio documentada.
• Declarar a autoridades sin asesoría penal; una mala declaración puede agravar la situación.
• Subestimar señales de riesgo y esperar a que la investigación avance sin preparar defensa.
• Mezclar bienes personales y societarios indiscriminadamente, sobre todo cuando hay acreedores laborales o fiscales exigentes.