Responsabilidad de administradores y gerentes

¿Tienes razón?

No siempre. La responsabilidad personal de administradores y gerentes frente a acreedores o terceros requiere demostrar que actuaron con culpa grave, dolo o fuera de las facultades conferidas por la sociedad. Para que un acreedor pueda perseguir el patrimonio personal del administrador debe probar: que existió la obligación de la sociedad, que el administrador intervino de forma decisiva en el acto que generó la deuda y que su conducta fue contraria a la ley o a los estatutos o que consumó un fraude. Otros factores que influyen son si la sociedad carecía de patrimonio suficiente y si el administrador ocultó activos o impidió la ejecución contra la persona moral.

En general, los actos dentro de las facultades y con respaldo de actas y poderes protegen al administrador. Los problemas aparecen cuando se firman contratos sabiendo que la sociedad es insolvente, cuando se transfieren activos a terceros para defraudar a acreedores, o cuando se omiten obligaciones fiscales y de seguridad social que generan responsabilidad solidaria según la ley aplicable. Hay que analizar cada contrato, el mandato del administrador y las pruebas de conocimiento y voluntad.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación del cargo: nombramiento, actas donde se tomaron decisiones, poderes, y la política interna de autorizaciones (límites de firma). Esta documentación es la primera línea de defensa.

1. Localice los contratos y comprobantes relacionados con la deuda que se reclama: contratos firmados, correos, órdenes de compra, facturas y evidencia de entrega de bienes o prestación de servicios.

1. Verifique actas y acuerdos del órgano social que autorizaron la operación. Si la decisión quedó registrada, su exposición personal será más débil.

1. Si hay demanda o intimación, conteste la notificación y preserve prueba: exporte correos, conserve dispositivos y haga inventario de bienes de la sociedad.

1. Valore acuerdos extrajudiciales cuando la reclamación verse sobre deudas reales: un acuerdo puede evitar un juicio que resulte en embargo personal. Si el acreedor ya obtuvo título ejecutivo contra la sociedad, verifique la posibilidad de defensa y de solicitar medidas cautelares.

1. Si se le imputa conducta dolosa o fraude, busque asesoría jurídica especializada en responsabilidad societaria y en derecho penal económico. Estas situaciones requieren defensa técnica y revisión de la estrategia de pruebas.

Qué puede hacer solo: conservar documentación y comunicarse por escrito con acreedores; preparar un expediente con pruebas. Cuándo buscar abogado: si recibe demanda, embargo, acusación penal, o si hay indicios de fraude o deusión de activos.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo.

Con frecuencia los conflictos se resuelven con un convenio de pago o una reestructuración, sobre todo si la deuda es real y la sociedad tiene flujos que pueden garantizarlos. Un acuerdo reduce costes y evita una pelea por responsabilidad personal.

2) Conciliación o mediación.

En ámbitos mercantiles se puede acudir a mecanismos de conciliación o a tribunales que fomenten acuerdos. Un acuerdo puede incluir garantías y plazos que protejan a los administradores mediante liberación expresa de responsabilidad.

3) Juicio civil o procedimientos para ejecutar patrimonio del administrador.

Si la otra parte demuestra culpa o fraude, el juez puede ordenar que respondan administradores con su patrimonio personal. Si el administrador pierde, además de pagar la deuda puede soportar embargos y costas. En algunos casos la conducta puede derivar en responsabilidad penal por delitos económicos, lo que añade riesgo de sanciones penales.

Si gana, ¿cobro? Una resolución favorable frente a una demanda por responsabilidad limitará la posibilidad de ejecutar patrimonio personal, pero la efectividad práctica depende de si la parte contraria tiene bienes embargables.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o borrar correos y mensajes de trabajo en cuanto llega una reclamación; eso destruye evidencia valiosa.
• Actuar sin documentar decisiones importantes: faltas de acta de asamblea o de consejo que autorice operaciones de relevancia.
• Firmar operaciones cuando está notoriamente demostrado que la sociedad es insolvente y sin consultar a los socios o al consejo.
• Transferir activos a familiares o terceros para intentar resguardarlos frente a acreedores.
• No responder a notificaciones judiciales o administrativas; el silencio agrava la situación y facilita medidas ejecutivas.