Cómo repartir gastos extraordinarios (sanidad, actividades) tras el divorcio

¿Tienes razón?

Que tengas razón depende de cuatro cosas: (1) si el gasto es realmente extraordinario, (2) si existe un convenio o sentencia que lo regule, (3) si hay prueba que lo documente (recibos, recetas, informes) y (4) de la capacidad económica relativa de ambos progenitores. "Extraordinario" no significa simplemente "caro"; son gastos que no corresponden a la subsistencia cotidiana del menor y que surgen por necesidades especiales: tratamientos médicos no cubiertos por el seguro público o privado, terapias específicas, gastos derivados de una discapacidad, colegiaturas extraordinarias o actividades formativas cuyo coste supere lo ordinario.

Si existe un convenio aprobado por un juez o una sentencia, esa resolución marca quién paga y en qué proporción. Si no lo hay, la ley y la práctica piden proporcionalidad: se valora lo que cada progenitor puede pagar en función de sus ingresos y del interés superior del menor. También cuenta si uno de los padres tiene la guarda integral o si hay sentencias previas sobre pensión alimenticia que incluyan o excluyan esos conceptos.

La documentación es clave: sin recibos, sin receta médica que justifique un tratamiento y sin presupuesto detallado, discutir la obligación de aportar se vuelve principalmente una cuestión de credibilidad ante el juez o el conciliador.

Cómo se soluciona

1. Reúne y ordena la prueba. Saca copias de facturas, recibos, recetas médicas, presupuestos del proveedor, informes del pediatra o especialista y cualquier chat o correo donde el otro progenitor haya aceptado la necesidad. Exporta conversaciones de WhatsApp y guárdalas en formato que se pueda imprimir; los mensajes en pantalla se olvidan.

1. Revisa tu convenio o sentencia. Busca si ya están previstas las aportaciones por gastos extraordinarios y cómo se calculan. Si hay acuerdo, pídelo por escrito al otro progenitor citando el párrafo correspondiente.

1. Reclama por escrito con acuse de recibo o por acta notarial. Redacta una petición clara: concepto, monto, copia de la documentación y la proporción que pides. Entregarla por acta notarial o carta con acuse da constancia fehaciente de la solicitud.

1. Intenta conciliación. En muchos estados existe la etapa de conciliación o mediación previa para asuntos familiares. Presenta la documentación y oferta una solución proporcional (por ejemplo, dividir según ingresos o pago directo al proveedor). La conciliación puede producir un acuerdo que se homologa en el juzgado.

1. Si no hay acuerdo, demanda en el juzgado familiar. Adjunta toda la prueba y pide que se fije la forma de pago y la proporción. En la demanda se puede solicitar subsidiariamente que el juez ordene una experticia médica o económica si la otra parte niega la necesidad.

1. Ejecuta lo que quede resuelto. Si se obtiene una sentencia o convenio que ordene el pago y el otro progenitor no paga, puedes solicitar su ejecución ante el juzgado familiar y, si procede, medidas que lleguen al cobro forzoso.

Qué puedes hacer hoy sin abogado: recopilar la prueba, hacer la petición por escrito y buscar mediación en el centro de conciliación del estado. Cuándo necesitas abogado queda explicado más abajo.

Qué puede pasar

1) Se arregla con carta o acuerdo privado. Muchas disputas se zanjan aquí: el otro progenitor acepta pagar una parte al presentar la factura, y se acuerda la forma de pago. Un acuerdo por escrito te da seguridad práctica y suele ser lo más rápido.

2) Conciliación o acuerdo homologado. Si la conciliación prospera, se puede firmar un convenio que luego se presenta ante un juez para homologación. Un convenio homologado tiene fuerza ejecutiva y evita litigio largo. A veces se cede en la cifra a cambio de certeza de cobro y rapidez.

3) Juicio ante el juez familiar. Si el caso llega a juicio, el juez valorará la prueba, la necesidad del gasto y la capacidad económica de los progenitores. Si pierdes, puedes quedarte con una resolución que no garantice el cobro inmediato si el otro progenitor es insolvente; cobrar una sentencia depende de la existencia de bienes o ingresos ejecutables. Si el juez falla a tu favor, la otra parte puede ser obligada a pagar y, en casos de incumplimiento, se pueden solicitar medidas de ejecución. También puede haber condena en costas si la parte actora no acredita sus pretensiones o actúa con mala fe.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia es título ejecutivo, pero si la persona no tiene recursos o tiene patrimonio insuficiente, la ejecución puede tardar o resultar infructuosa. Por eso muchas personas aceptan un acuerdo menor pero cobrable en lugar de una sentencia alta que luego no se puede cobrar.

Errores que arruinan el caso

• No conservar recibos, recetas o presupuestos: sin ellos la reclamación pierde sustento.
• Firmar acuerdos verbales o aceptar pagos parciales sin documento: facilita posteriores negaciones.
• Pagar por cuenta propia sin pedir comprobantes: luego es difícil demostrar que el gasto fue necesario y pagado para el menor.
• Dejar pasar la oportunidad de pedir conciliación o no presentar la petición por escrito con acuse: debilita la prueba del requerimiento.
• No valorar la capacidad de la otra parte: pedir el pago íntegro sin negociar proporcionalidad puede cerrar la vía extrajudicial.