Quiero convivencias supervisadas por adicciones del otro padre

¿Tienes razón?

No basta la sospecha: lo que importa es demostrar que la adicción afecta la capacidad de cuidado del progenitor. Tres elementos que valen mucho:

1. Pruebas de conductas peligrosas o negligentes vinculadas a la adicción: hospitalizaciones, partes médicos, denuncias por agresión bajo efecto de sustancias, pérdida recurrente de trabajos vinculados a consumo, o intervenciones policiales.

1. Informes médicos o de tratamiento: constancia de tratamientos por adicción, informes de centros de desintoxicación o de profesionales de salud mental. La existencia de tratamiento puede ser un atenuante y un factor para diseñar un plan de reinserción.

1. Peritajes psicológicos y sociales que evalúen la capacidad parental y el riesgo para el menor: son evidencia técnica que el juez valorará para decidir si la convivencia debe supervisarse o suspenderse.

Si aportas estos elementos, tu petición tiene base. Si solo hay rumores, será más complicado convencer al juez.

Cómo se soluciona

1. Documenta los episodios (tú sola): recoge partes médicos, constancias de ingreso a centros, mensajes en los que la persona reconoce consumo, fotos, mensajes de terceros y testimonios que describan incidentes que afecten al menor.

1. Solicita medidas provisionales en el juzgado familiar: plantea la solicitud de convivencias supervisadas, describe el riesgo y aporta la prueba disponible. Pide al juez la realización de peritajes psicológicos y sociales.

1. Propón un plan de supervisión: ofrece alternativas concretas —visitas en centros de convivencia, acompañamiento por un familiar idóneo, supervisión por personal de procuraduría o por institución especializada— y un esquema de seguimiento con informes periódicos.

1. Fomenta tratamiento del progenitor: si el otro padre está en tratamiento, documenta el proceso y solicita que la supervisión disminuya conforme a informes favorables. Proponer un plan terapéutico muestra buena fe y puede facilitar una solución que proteja al menor y mantenga el vínculo.

1. Intervención profesional: pide al juez que ordene informes multilaterales (psicológico del progenitor y del menor, social del hogar). Un abogado ayuda a articular estas pruebas y solicitar medidas de ejecución si hay incumplimiento.

Qué puede pasar

1. Convenio con supervisión: las partes acuerdan un esquema de convivencias supervisadas, con condiciones y plazos de evaluación. Es la solución más frecuente cuando hay disposición a tratamiento.

1. Orden judicial de supervisión: el juez impone supervisión y seguimiento médico. Esto asegura que el menor conviva bajo control y que se informe al juzgado sobre la evolución.

1. Suspensión de convivencias y proceso de fondo: si los peritajes acreditan riesgo grave e inminente, el juez puede suspender convivencias y el proceso seguirá para determinar custodia definitiva. Si la parte con adicción no demuestra mejoría, puede perder la guarda o ver restringida su convivencia.

Si la persona demuestra progreso con tratamiento certificado, la supervisión puede ajustarse y evolucionar hacia visitas menos controladas. Si hay reincidencia, el riesgo de suspensión aumenta.

Errores que arruinan el caso

• No documentar la conducta relacionada con la adicción: testimonios vagos sin soporte documental suelen tener poco peso.
• Revelar datos del menor en redes: puede dañar la credibilidad y vulnerar derechos del menor.
• No proponer soluciones reales: llegar al juez sólo con una queja y sin un plan de supervisión o tratamiento reduce las probabilidades de éxito.
• Exigir la pérdida inmediata de la convivencia sin pruebas técnicas: el juez busca equilibrio entre protección y derecho a convivir; una petición extrema sin soporte puede rechazarse.
• Ocultar intentos de arreglo o de facilitación de tratamiento: el juzgado valora la cooperación para la rehabilitación.