Problemas en procesos de fusión o adquisición

¿Tienes razón?

Los conflictos en fusiones y adquisiciones son frecuentes y se originan por fallas en tres áreas: diligencia previa insuficiente, cláusulas contractuales mal redactadas (representaciones, garantías, indemnizaciones), o incumplimiento durante el periodo entre firma y cierre. Para saber si tu reclamación tiene fundamento, revisa qué información estaba disponible al firmar, qué representaciones se hicieron y si hubo ocultamiento intencional de hechos relevantes. Otra cuestión decisiva es cómo quedó establecida la responsabilidad por pasivos previos: muchas disputas giran en torno a contingencias fiscales, laborales o contractuales que no se identificaron o que se minimizaron durante la negociación.

También importa la estructura de la operación: compra de acciones o de activos tiene consecuencias diferentes en la asunción de pasivos. Si firmaste cláusulas de exoneración amplias o renuncias generales, será más difícil reclamar; si, en cambio, quedaron garantías específicas sobre cuestiones concretas, tendrás base para exigir reparación.

Cómo se soluciona

1. Reúne todo el dossier de la operación. Conserva ofertas, cartas intenciones, listas de due diligence, correos y actas de reuniones. Identifica las representaciones y garantías y las obligaciones de ambas partes en el acuerdo de compraventa.

1. Valora la materia del problema con expertos. Para pasivos fiscales, consulta a un contador fiscalista; para contingencias laborales, consulta a un abogado laboral; para cumplimiento regulatorio, a un especialista del sector. El diagnóstico técnico es básico para fijar la estrategia legal.

1. Activa los mecanismos contractuales. Si hay cláusulas de indemnización, notifica el incumplimiento según lo pactado, documentando el daño y la relación causal. Respeta las formalidades de notificación previstas en el contrato.

1. Negocia la solución. Muchas disputas se resuelven con un ajuste económico, retención de parte del precio en escrow o establecimiento de un plan para corregir la situación. Ante ofertas de solución, analiza la propuesta con tus asesores porque la rapidez de la solución puede compensar una cuantía menor.

1. Procede judicialmente o arbitralmente si no hay acuerdo. Si el contrato prevé arbitraje o tribunales, sigue esa vía. Ten en cuenta que una victoria puede resultar en una sentencia a tu favor, pero la ejecución depende de la capacidad del condenado para responder.

Qué puedes hacer sin abogado: documentar y notificar el incumplimiento. Cuándo necesitas abogado: para interpretar cláusulas complejas de representaciones y garantías, para coordinar reclamaciones múltiples (laboral, fiscal, civil) y para litigar o arbitrar.

Qué puede pasar

1. Se arregla con una retención o ajuste de precio. Es común que el comprador retenga una parte del precio en una cuenta de garantía o que acuerde una reducción para cubrir pasivos detectados. Esto soluciona la disputa de forma pragmática.

1. Acuerdo de reparación o plan de remedio. El vendedor acepta corregir la situación o facilita recursos para asumir el pasivo. Un plan así evita procedimientos largos y permite una transición ordenada.

1. Reclamación en arbitraje o juicio. Si no hay acuerdo, la vía judicial o arbitral determinará responsabilidades. Una sentencia o laudo puede ordenar el pago de daños y costas. Si el demandado carece de patrimonio suficientes, la ejecución será más difícil.

Y si ganas, ¿cobra? La efectividad de una resolución depende del patrimonio del condenado y de las garantías pactadas en el contrato. Por eso las cláusulas de escrow, retención de precio o garantías pignoraticias son formas prácticas de asegurar el cobro.

Errores que arruinan el caso

• No conservar comunicaciones o listas de due diligence.
• Aceptar representaciones genéricas sin garantías específicas sobre temas críticos.
• No asegurar mecanismos de retención o escrow para cubrir contingencias.
• Ignorar las obligaciones de notificación contractuales: fallar en notificar a tiempo puede cerrar vías de reclamo.
• No coordinar la defensa técnica por materia jurídica: fiscal, laboral y regulatoria requieren expertos distintos.