Pensión alimenticia impagada: ¿qué puedo hacer?

¿Tienes razón?

La existencia de una pensión alimenticia obligatoria suele estar documentada por sentencia, convenio aprobado judicialmente o acuerdo notarial. Para saber si su reclamación tiene base hay que confirmar cuatro elementos:

• Existencia de la obligación: el derecho debe constar en sentencia, convenio homologado o resolución administrativa. Si la pensión es resultado de un acuerdo verbal sin título, la vía para exigirla es más débil pero no imposible; conviene documentar pagos anteriores.

• Incumplimiento: debe probar que no se ha recibido la pensión en las fechas pactadas. Reúna recibos, transferencias y comunicaciones que muestren los impagos.

• Necesidad de quien recibe: la pensión tiene como fin cubrir necesidades básicas del destinatario o de los hijos. Si la persona que reclama demuestra necesidad, el argumento es más sólido.

• Capacidad del obligado: si quien debe pagar exhibe incapacidad real para hacerlo, puede ponderarse el incumplimiento frente a su situación económica. No es lo mismo una negativa a pagar que una imposibilidad objetiva.

Si tiene título ejecutivo (sentencia o convenio judicial) y pruebas de impago, su posición es fuerte. Sin título, podrá intentar regularizar la obligación primero y luego pedir pago de cantidades devengadas.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación: sentencia o convenio, recibos y comprobantes de transferencias, comunicaciones en las que se reclama el pago y cualquier prueba de la necesidad de quien recibe la pensión.

1. Solicite por escrito el cumplimiento al obligado: un requerimiento con acuse es útil para dejar constancia y para sumar como antecedente en un proceso. Indique el periodo no pagado y adjunte copias de los comprobantes.

1. Acuda al juzgado o a la instancia donde quedó establecido el convenio o la sentencia: si ya existe un título, puede solicitar la ejecución forzosa de la pensión. Pida medidas provisionales si la falta de pago pone en riesgo la subsistencia.

1. Valore la vía penal: en ciertos supuestos el impago de pensión puede configurar un delito, especialmente cuando hay desacato deliberado de una orden judicial y se cumplen los requisitos penales. Consulte con un abogado para evaluar si su caso reúne esos elementos y, de ser así, presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

1. Si no existe título formal, gestione la regularización: solicite al juzgado la fijación de pensión mediante demanda familiar y, hasta que exista resolución, documente todas las necesidades y los pagos realizados.

1. Considere mecanismos de cobranza: el juzgado puede ordenar el embargo de cuentas o salarios del obligado, o retener en nómina las cantidades adeudadas. Un abogado gestionará las diligencias de ejecución.

Qué puede hacer usted solo: reunir prueba, enviar requerimiento y presentar la demanda familiar si no hay título. Cuándo necesita abogado: para tramitar ejecución, demandas de fijación de pensión, o evaluar la vía penal; también cuando hay desacatos reiterados o el otro progenitor tiene abogado.

Qué puede pasar

1) Se arregla con un pago o acuerdo: en muchos casos, tras el requerimiento la persona paga lo adeudado o acuerda un plan de pagos. Un acuerdo escrito que modifique condiciones debe ser homologado si procede.

2) Ejecución o conciliación judicial: si existe título, el juzgado puede ordenar medidas de apremio y embargos. También puede abrirse una conciliación supervisada por el juzgado donde se ajustan plazos y formas de pago.

3) Procedimiento penal: si concurre la conducta típica de incumplimiento exigida por la ley penal y se acreditan los elementos, puede iniciarse una investigación que incluso conlleve medidas cautelares. Si se obtiene sentencia penal, además de la pena, puede afectar la credibilidad y presión moral sobre el obligado.

Y si gana, ¿cobras? Una sentencia es útil para ejecutar el pago, pero la eficacia depende de la capacidad económica del obligado. Si el deudor es insolvente, obtener la cantidad puede implicar diligencias de embargo y seguimiento.

Errores que arruinan el caso

• No conservar comprobantes de pagos previos o transferencias.

• Dejar pasar sin reclamar por escrito: la inactividad complica demostrar que se intentó cobrar.

• Consentir pagos parciales sin documentar que se acepta como pago a cuenta.

• No iniciar la ejecución cuando existe título: la omisión permite que la deuda crezca sin efecto práctico.

• Entablar comunicaciones agresivas o publicar acusaciones sin pruebas, lo que puede complicar el proceso judicial.