Petición de decomiso de bienes por presunto fraude

¿Tienes razón?

Que una autoridad solicite el decomiso de bienes no equivale a una condena definitiva: es una medida que busca asegurar el resultado de una investigación o una eventual reparación del daño. Lo que va a decidir si la petición procede son, principalmente, tres cosas: 1) existencia de indicios razonables de que los bienes se vinculan con el presunto delito; 2) la forma en que se adquirieron esos bienes (si hay documentación que acredite origen lícito); y 3) la legalidad del procedimiento seguido por la autoridad —es decir, si la petición respeta el debido proceso y las garantías constitucionales. Si usted puede probar que los bienes fueron adquiridos con ingresos lícitos, o que la autoridad no siguió el trámite adecuado, su posición mejora mucho. Si, por el contrario, el propietario aparece en transferencias vinculadas al investigado sin justificación, la autoridad tendrá base para pedir medidas.

Cómo se soluciona

1. Pida copia de todo. Solicite por escrito, con acuse o en las oficinas de la fiscalía o ministerio público que practica la investigación, la copia de la carpeta de investigación, la resolución que ordena el aseguramiento o decomiso, y la relación de bienes. Es su derecho conocer la motivación.

1. Reúna prueba de origen lícito. Localice contratos de compraventa, recibos de pago, estados de cuenta, declaraciones fiscales, recibos de nómina o de arrendamiento que expliquen cómo obtuvo los recursos para comprar los bienes. Digitalice y haga copias autenticadas si puede.

1. Aporte documentación por escrito. Si la autoridad no ha decretado suspensión o retención inmediata, presente esa prueba en quien lleva la carpeta para que conste. Hágalo por escrito y con acuse de recibo o mediante notificación por fedatario si la autoridad lo permite.

1. Solicite medidas cautelares alternativas. Dependiendo de lo que haya ordenado la autoridad, puede pedir que el bien quede bajo administración judicial, que se permita una garantía patrimonial o que se deje en manos de un tercero de confianza. Esto se pide ante el juez que conoce la causa.

1. Agote los recursos administrativos y judiciales. Si la autoridad ordenó el aseguramiento sin base, puede impugnar la resolución ante el órgano que la emitió y, si procede, promover amparo ante un juez de distrito por violaciones a derechos fundamentales. Para el amparo necesitará acreditar vulneraciones concretas: la falta de motivación, ausencia de prueba, vulneración del derecho de propiedad.

1. Separe lo civil de lo penal. Si la reclamación del decomiso deriva de un reclamo patrimonial de una víctima, hay vías civiles y penales distintas. Preservar la prueba y documentar la posición patrimonial ayuda en ambos frentes.

Qué puede hacer usted hoy solo: pedir copia de la carpeta, reunir y digitalizar prueba de origen lícito, y presentar escritos simples solicitando que se tomen en cuenta esos documentos. Qué deberá hacer con ayuda profesional: preparar y presentar recursos, negociar medidas cautelares y, de ser necesario, promover el juicio de amparo.

Qué puede pasar

1) Arreglo administrativo o entrega parcial: en muchos casos la situación se resuelve con la comprobación documental del origen lícito y la autoridad levanta la medida sobre algunos bienes. Esto suele ser la solución más rápida cuando la prueba está a la mano.

2) Acuerdo ante autoridad o juez: puede pactarse que ciertos bienes queden sujetos a garantía o se pague una reparación que evite su decomiso total. Un acuerdo puede implicar ceder parte del valor para obtener la devolución del resto; es una salida válida cuando no quiere exponerse a un litigio largo.

3) Procedimiento y sentencia: si no existe acuerdo, la autoridad puede insistir y solicitar el decomiso definitivo; eso desemboca en una decisión judicial. Si usted gana, recobra los bienes, pero cobrar una sentencia contra una persona insolvente puede ser difícil. Si pierde, la autoridad podrá disponer de los bienes según lo ordenado en sentencia y puede existir responsabilidad penal si se demuestra participación en el ilícito. Además, en algunos casos las costas procesales pueden cargarse a la parte que pierde si el juez así lo determina.

Y si gana, ¿cobro efectivo? Una resolución favorable que ordena restituir bienes no siempre garantiza que podrá disponer inmediatamente de ellos: si han sido vendidos o transferidos a terceros de buena fe, su recuperación puede complicarse. La sentencia es el primer paso; su eficacia depende del estado de los bienes.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia de la carpeta de investigación y dejar que la autoridad actúe sin control.
• Destruir o no conservar recibos, contratos y estados de cuenta que prueban el origen de los recursos.
• Firmar reconocimientos de responsabilidad o traslados de propiedad sin asesoría; son documentos que suelen cerrarle puertas.
• No separar la vía civil de la penal y tratar todo como un solo problema; a veces un reclamo civil previo evita decomisos.
• Creer que un apodo o cuenta interpuesta prueba por sí sola el origen ilícito; la prueba se valora en conjunto.