Pagué a unos y no a otros antes del concurso y temo sanciones

¿Tienes razón?

Lo que decide si un pago selectivo es reprochable son tres cosas. Primero: la naturaleza del pago —si era una obligación vencida, una garantía que se ejecuta, o un pago voluntario—; segundo: la situación patrimonial en el momento del pago —si había indicios de insolvencia y si el patrimonio total permitía pagar a unos sin perjudicar al resto—; tercero: la intención y la documentación que lo explique —si existe un acuerdo, escritura, o correspondencia que justifique la preferencia. Si el pago fue para evitar el desalojo de un activo necesario para la operación, o para cubrir una nómina indispensable, tu posición es más sólida. Si en cambio fue para favorecer a un socio o a una empresa vinculada sin explicación, te expone a reclamaciones por parte del síndico o de los acreedores.

No eres el primero a quien le pasa: en las reestructuras empresariales hay movimientos previos que buscan preservar el negocio. Lo que separa una actuación defensable de una sancionable es la trazabilidad y la lógica económica plasmada en documentos.

Cómo se soluciona

1. Reúne prueba. Junta contratos, facturas, órdenes de pago, comprobantes bancarios, saldos de cuenta, conciliaciones y cualquier comunicación con los acreedores que explique por qué se pagó a unos y no a otros. Exporta conversaciones de correo y mensajería y describe cronológicamente cada pago. Si hay entregas reales de mercancía o ejecución de garantías, documenta recepción y destino.

1. Clasifica los pagos. Señala cuáles fueron por obligaciones vencidas, cuáles por obligaciones garantizadas, cuáles por obligaciones laborales y cuáles fueron transferencias a vinculados. Esto te ayuda a explicar la legalidad material de cada transacción.

1. Prepara un informe económico. Resume el flujo de efectivo y la situación patrimonial en el periodo previo al concurso. Indica si el pago mantuvo la operación o liberó una garantía ejecutable. Si no sabes hacerlo, un contador puede preparar la contabilidad con respaldo documental.

1. Comunica fehacientemente. Si el concurso ya inició, notifica al administrador concursal o al síndico y aporta la documentación. Si aún no inició, conserva todo y evita movimientos que puedan dificultar la explicación más adelante.

1. Considera la negociación preventiva. Si hay acreedores que se sienten perjudicados, un acuerdo o reconocimiento de deuda con condiciones puede reducir el incentivo a que impugnen esos pagos en el concurso.

Qué puede hacer un abogado: valorar la exposición frente al síndico, redactar la explicación técnica y, en su caso, negociar con los acreedores o con el mismo concurso para evitar que esos pagos se reclamen como daño.

Qué puede pasar

1) Se resuelve con una carta o explicación: es la opción más frecuente cuando los pagos tienen sustento documental. El síndico puede aceptar la explicación y no promover acción alguna.

2) Acuerdo o reparación. Si algún acreedor demuestra que quedó en peor posición por el pago selectivo, es habitual negociar la reparación o un acuerdo que compense la diferencia. Un acuerdo puede implicar reversión parcial del pago o un plan de pagos posterior; muchas empresas prefieren esta vía para evitar litigio costoso.

3) Impugnación en el concurso. Si el síndico estima que hubo fraude o perjuicio, presentará una reclamación ante la autoridad concursal para recuperar recursos o para declarar la nulidad relativa del acto. Si se inicia una acción y el juez la acepta, podrías tener que restituir fondos o responder civilmente. Además, los acreedores pueden solicitar responsabilidad de administradores si hubo dolo o negligencia grave.

Si se obtiene una resolución favorable a ti, cobrar depende de la disponibilidad patrimonial del deudor. Una sentencia no garantiza el cobro inmediato si no existe liquidez.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o alterar documentación contable o bancaria. Eso rompe la trazabilidad y parece ocultamiento.
• Mezclar cuentas personales y de la empresa sin aclararlo. Complica demostrar la razón del pago.
• No informar al síndico ni al administrador cuando la explicación es razonable; el silencio se interpreta en contra.
• Firmar acuerdos verbales con acreedores relacionados sin dejar constancia escrita que explique la preferencia.