Me quieren obligar a conciliar con el agresor

¿Tienes razón?

Para evaluar si la petición de conciliación es adecuada hay que atender tres factores clave:

• La gravedad y la tipificación de la conducta: si la actuación del agresor constituye una conducta que se trata como delito grave o que presupone riesgo para su integridad o la de sus hijos, muchas autoridades y legislaciones reconocen que la conciliación no es procedente.
• El riesgo y la vulnerabilidad de la víctima: si existe riesgo de revictimización o intimidación para retractarse, la conciliación puede ser inapropiada. Las autoridades deben evitar mecanismos que obliguen a la víctima a tratar directamente con su agresor.
• La normativa y protocolos locales: algunas fiscalías y juzgados cuentan con protocolos específicos para violencia de género que limitan la conciliación o la condicionan a garantías y la presencia de mediadores especializados.

Si la autoridad presiona por conciliación sin evaluar riesgo o sin ofrecer alternativas de protección, es legítimo cuestionarla y pedir que el caso siga su cauce penal o administrativo.

Cómo se soluciona

1. Pida que la solicitud de conciliación se haga por escrito y que le entreguen copia. Que exista constancia escrita le ayuda si después decide no conciliar y busca medidas de protección o impugnar la orden.

1. Solicite evaluación de riesgo por parte de la Fiscalía o de la Unidad de Atención a Víctimas. Esa evaluación debe considerar amenazas, historial de violencia y factores que pongan en peligro su integridad o la de sus hijos.

1. Niegue la conciliación por escrito si la propuesta le incomoda. Entregue la negativa con copia sellada o haga que otra persona la presente si teme represalias. Esa negativa forma parte del expediente.

1. Si la autoridad insiste, pida que el caso sea canalizado a la vía penal y que se adopten medidas cautelares. Exija que cualquier reunión con el agresor sea con las garantías: presencia de abogados, mediadores especializados y medidas de seguridad.

1. Busque acompañamiento de organizaciones especializadas y, si lo considera necesario, de un abogado que pueda presentar recursos administrativos o judiciales para impedir la imposición de conciliación en situaciones de riesgo.

Qué puede hacer sola: presentar la negativa por escrito, recabar testigos, conservar pruebas y pedir evaluación de riesgo. Cuándo necesitar abogado: cuando la autoridad insiste, cuando le ofrecen acuerdos económicos o cuando quiera impugnar la decisión administrativa.

Qué puede pasar

1) Se resuelve con no conciliación: la Fiscalía admite la negativa, el caso sigue su curso investigativo y se dictan medidas de protección. Esto evita que Usted se vea obligada a negociar con el agresor.

2) Se alcanza una solución alternativa con garantías: cuando la conciliación se permite, suele incluir condiciones como terapia obligatoria para el agresor, redacción de un acuerdo con medidas de reparación y supervisión. A veces estas soluciones son útiles si vienen con vigilancia y seguimiento.

3) El caso va a proceso penal: si las pruebas y la investigación avanzan, la parte señalada puede enfrentar cargos. Si Usted pierde en lo penal, puede quedar la decisión sin una reparación práctica inmediata si el agresor es insolvente; en caso de victoria, la sentencia puede imponer sanciones y reparación.

Si gana, ¿cobro? La reparación económica depende de lo que ordene la autoridad y de la capacidad real del agresor para pagar; una sentencia no garantiza recuperación automática de dinero.

Errores que arruinan el caso

• Firmar acuerdos de conciliación sin leer condiciones ni obtener asesoría: puede renunciar a derechos importantes.
• No pedir evaluación de riesgo: sin ella, la autoridad puede no ver la necesidad de medidas de protección.
• Aceptar reuniones informales sin garantías: las charlas a solas con el agresor pueden intimidarla y desmoronar su relato.
• No documentar la presión de la autoridad: si le obligan, deje constancia por escrito y conserve copias.