Me investigan por facturas falsas (EFOS/EDOS)

¿Tienes razón?

Que la autoridad señale a alguien como emisor o receptor de facturas falsas no resuelve la cuestión de fondo. Tres cosas determinan si tu posición es sólida: la existencia material de la operación, tu conocimiento de que la factura correspondía a una operación simulada, y la calidad de la prueba que vincula la factura con la operación real. Si tienes contratos, comprobantes de entrega, recibos de pago y comunicaciones que demuestren la prestación o adquisición de bienes o servicios, tu defensa es mucho más fuerte. Si solo existió un CFDI en papel o en formato digital sin respaldo material y además apareces en esquemas conocidos como EFOS o EDOS, la postura de la autoridad será más firme.

También importa el papel que tuviste: emisor, receptor o intermediario. Si eras proveedor y declaraste ingresos que coinciden con cobros efectivos, y además puedes demostrar prestación de servicio o entrega de mercancía, esa documentación te protege. Si fuiste cliente y pagaste con transferencias a cuentas vinculadas a empresas fantasma, tendrás que explicar la cadena de pagos y demostrar la necesidad y la habitualidad de la transacción.

Finalmente, la existencia de diligencias previas —como visitas domiciliarias, solicitudes de información a bancos o denuncias de terceros— cambia la estrategia: conviene no destruir ni alterar documentos y registrar todo lo que la autoridad te pida. Guardar silencio sin asesoría puede ser razonable en ciertos escenarios, pero hacerlo sin entender la investigación puede perjudicar tu defensa.

Cómo se soluciona

1. Reúne toda la documentación. Busca facturas (CFDI), contratos, pedidos, guías de traslado, notas de entrega, comprobantes de pago (transferencias, cheques), correos y mensajes donde se cierre la operación. Exporta las conversaciones de aplicaciones y haz copias de tus archivos contables en formatos que no se editen. Si hay terceros que participaron, anota nombres y números de cuenta.

1. Cruza la prueba bancaria. Localiza los movimientos asociados: cuentas que recibieron pago, transferencias interbancarias y comprobantes de pago. Imprime estados de cuenta o solicita a tu banco certificados de saldo o movimientos. Anota la relación entre factura, pago y entrega de bien o servicio.

1. Responde a requerimientos con criterio. Si la autoridad fiscal o la fiscalía te solicita información, identifica claramente qué te piden y entrega solo lo requerido. Pide que cualquier petición sea por escrito y conserva acuses. Si no entiendes qué significa el requerimiento, consulta con un abogado.

1. Haz una cronología. Organiza los documentos en orden temporal y redacta un relato breve que explique la operación: cuándo se inició, cómo se ejecutó, quién entregó qué, y cómo se pagó. Esto facilita detectar huecos que la autoridad pueda explotar.

1. Considera la salida administrativa. En muchos casos se resuelve con aclaraciones, devoluciones de crédito fiscal o acuerdos administrativos. Si la fiscalía inicia carpeta de investigación por delito fiscal, la defensa penal debe valorar pruebas y cuestión de oportunidad para negociar o litigar.

1. Cuando necesites peritaje. Si la controversia pasa por aspectos técnicos (precios de mercado, series contables, firmas), contrata peritos en contabilidad forense o en tecnologías de la información que documenten la autenticidad o la manipulación de respaldos electrónicos.

1. No borres información ni destruyas la contabilidad. Eso agrava la sospecha y puede abrir delitos adicionales. Conserva todo hasta que un abogado te diga lo contrario.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una aclaración o convenio administrativo. A menudo la autoridad acepta pruebas que acreditan la existencia real de la operación y la controversia se cierra con una rectificación fiscal o una revisión administrativa. Esto suele ser la salida menos disruptiva.

2) Conciliación o acuerdo. En ciertos procedimientos administrativos o fiscales existe la posibilidad de convenir una reparación parcial o el pago de determinadas diferencias, evitando un proceso penal. Un acuerdo puede suponer cuantías y condiciones, y a veces compensa por la rapidez y la certeza frente al riesgo de un proceso largo.

3) Proceso penal y resarcimiento. Si la fiscalía acredita la simulación y se considera que hubo dolo, puede abrirse una carpeta de investigación por delitos relacionados con defraudación fiscal o delincuencia organizada fiscal en los supuestos que procedan. En un juicio penal, si el resultado es condenatorio, puede implicar sanciones penales y responsabilidad patrimonial en sede civil. Importante: una sentencia contra una persona moral o física no garantiza la recuperación del daño si los sujetos son insolventes.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia o resolución administrativa favorable es un paso; cobrar depende de que la otra parte tenga bienes o recursos. En lo fiscal, una resolución determinante puede generar devolución o compensación; en lo civil o penal, puede requerir ejecuciones o embargos sobre bienes que, en la práctica, no siempre aseguran la plena recuperación.

Errores que arruinan el caso

• Borrar o alterar archivos digitales o contabilidad. Eso crea un nuevo frente y deteriora la credibilidad.
• No documentar pagos o entregas inmediatas: si no hay recibido o guía de remisión, tu versión queda débil.
• Firmar declaraciones sin leer o sin asesoría cuando la investigación ya está en curso: puede equivaler a admitir hechos que después no podrás desmentir.
• No solicitar copias de los oficios y resoluciones que te entreguen: necesitas saber exactamente qué se te imputa.
• Tratar de solucionar todo por mensajes informales con quien posiblemente sea testigo de la autoridad; mejor que las pruebas formales se recojan y preserven.