Si compraron bienes en pareja sin formalizar sociedad, pueden liquidarlos mediante un convenio que reparta aportaciones y frutos; lo que determina la vía es si hay prueba de aportación y si existe acuerdo. Primer paso: haga inventario de bienes y contabilidad de aportaciones, reúna recibos, contratos, facturas y registros bancarios, y proponga un convenio de liquidación; si la otra parte no acepta, prepare la demanda correspondiente ante el juez para la división de bienes.
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Cuando una pareja conviviente compra bienes a título común o realiza aportaciones para adquirir bienes, surge una sociedad patrimonial de hecho que no siempre está formalizada, pero existe si la realidad económica lo demuestra. Determina la situación: 1) quién aportó qué (dinero, trabajo, crédito); 2) cómo figuran los bienes (a nombre de quién están escriturados o registrados); 3) si hay acuerdos previos —aunque sean verbales— que distribuyan derechos. En México la calificación de la existencia de una sociedad patrimonial de hecho se realiza por el juez en función de la prueba. Por eso, su caso mejora mucho si conserva transferencias bancarias, facturas, contratos de compraventa, escrituras, certificados de crédito hipotecario y cualquier documento que muestre aportaciones.
Si un bien está a nombre de uno solo pero hay prueba de aportación del otro, eso no aísla al aportante: podrá reclamar su participación. Por el contrario, si no hay prueba de aportación ni coincidencia de intereses económicos, la pretensión se complica.
Qué puede hacer hoy: iniciar el inventario y recopilar todos los documentos de compra y pago.
1) Liquidación amigable con convenio. Es el escenario más frecuente y más eficaz: acordar y formalizar ante notario la división, con entrega de escrituras o transferencia de cuentas. Evita juicio y reduce costos.
2) Conciliación supervisada o mediación. Si hay desacuerdo parcial, la mediación puede ayudar a fijar criterios de reparto y a valorar compensaciones, resultando en un convenio homologado.
3) Juicio de liquidación. Si no hay acuerdo, un juez decidirá la división según la prueba. Si pierde quien alega aportaciones sin probarlas, puede quedarse sin participación; si gana, obtendrá adjudicación o compensación. En casos de bienes a nombre de terceros, el magistrado analizará la realidad económica para aplicar la liquidación.
Y si gana, ¿cobro efectivo? La sentencia que ordena la entrega o compensación permite ejecutar sobre los bienes del condenado; sin embargo, la efectividad depende de la existencia de activos y de su situación económica.
Si pueden llegar a un acuerdo y redactarlo ustedes, no hace falta abogado para comenzar: un convenio notariado puede formalizar la liquidación. Necesitarás un licenciado cuando la otra parte se niegue a repartir, cuando haya dudas sobre aportaciones, o si existen bienes registrales (inmuebles, automóviles) que requieran reclamación judicial. Un abogado te ayudará a cuantificar aportaciones, solicitar valuaciones y presentar la demanda de liquidación si es necesario. Si tu situación económica lo amerita, consulta la opción de asesoría pública o gratuita en tu entidad.
Otros problemas frecuentes en parejas de hecho
Reúne transferencias bancarias, depósitos, estados de cuenta, recibos de pago y testigos que constaten la entrega. Si la aportación fue en efectivo, testimonios y documentos indirectos (remesas, mejoras pagadas con recibos) ayudan; un peritaje contable puede reforzar la reclamación.
Sí. En una liquidación se puede optar por la venta y reparto del monto o por adjudicar el bien a una de las partes con compensación. La decisión depende del convenio o de lo que el juez acuerde según la prueba.
Sí. Protocolizar un convenio le da fuerza ejecutiva y reduce el riesgo de incumplimiento; facilita la ejecución si la otra parte no cumple con lo pactado.
Las deudas forman parte del patrimonio y deben incluirse en la liquidación. El reparto debe contemplar pasivos y activos para que la división sea justa.
Una sentencia que reconozca una compensación es título ejecutivo para su cobro, pero la efectividad depende de que el obligado tenga bienes o ingresos sobre los que pueda ejecutarse la sentencia.
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