Quiebra o insolvencia del desarrollador del proyecto

¿Tienes razón?

Si sospechas que la empresa desarrolladora está insolvente, la respuesta depende de cuatro cosas que debes comprobar enseguida: quién es el titular legal de la infraestructura, qué garantías se constituyeron, qué obligaciones contractuales siguen vigentes y si algún tercero ya reclama derechos sobre los activos. Si la propiedad del terreno, las conexiones eléctricas o los permisos está a nombre de otra entidad —por ejemplo, de un fondo inversor, de la sociedad de proyecto o de un proveedor— tu posición será distinta a la de un contratista que sólo realizó obras. Las garantías contractuales —fianzas, prendas sobre equipos, cartas de crédito— definen quién cobra primero. Y la forma en que se comunicó la insolvencia importa: si hay un procedimiento concursal o sólo retrasos en pagos, las opciones judiciales y extrajudiciales varían.

Comprueba también si existen obligaciones con terceros que siguen vigentes: contratos de interconexión, permisos municipales o federales, contratos PPA con offtaker, contratos de operación y mantenimiento. Si el offtaker sigue pagando por suministro, la planta puede generar flujo incluso con el desarrollador en problemas. En conjunto, estas cuatro comprobaciones te permiten entender si tu reclamo es directo contra la masa de los acreedores, si procede una reclamación de bienes concretos o si lo viable es renegociar la operación.

Cómo se soluciona

Paso uno: reúne la documentación que pruebe tu vínculo con el proyecto. Localiza el contrato principal (EPC, PPA o contrato de suministro), las escrituras o títulos de propiedad, contratos de garantía, órdenes de compra, comprobantes de pago y comunicaciones por correo o mensajería. Exporta chats relevantes y pide acuse de recibo de correos importantes; si hay testimonios técnicos o fotografías de la instalación, consérvalos.

Paso dos: verifica la titularidad y las garantías. Consulta el registro público correspondiente donde deban inscribirse prendas o gravámenes sobre bienes muebles o inmuebles. Si eres proveedor, confirma si hay contratos de prenda o si el equipo fue entregado con factura y subrogación de dominio. Si eres inversionista, revisa la escritura del vehículo que puso o administra el activo.

Paso tres: comunica por escrito tu posición a la administración concursal o al representante legal que la empresa haya nombrado. Si no existe un procedimiento formal, envía una reclamación fehaciente al desarrollador y a los destinatarios relevantes (offtaker, financiadores, autoridades de conexión). Indica claramente qué exiges: conservación de bienes, acceso a la planta, reconocimiento de deuda, entrega de documentación técnica.

Paso cuatro: valora alternativas según tu rol. Si eres financiador o inversionista, la ruta suele pasar por la reestructuración y negociación con acreedores. Si eres proveedor, puedes intentar asegurar tus bienes mediante medidas cautelares o reclamar prioridad en la masa, siempre que tu garantía lo permita. Si eres offtaker, exige el cumplimiento del PPA o acuerda un cambio de operador y una garantía suficente para que la operación continúe.

Paso cinco: decide si necesitas asistencia especializada. Muchos problemas se resuelven con una carta bien fundada y conversación entre las partes; otros requieren negociar con acreedores o pedir medidas judiciales para evitar la venta de activos. Un abogado con experiencia en proyectos y en procedimientos concursales puede preparar la reclamación, valorar las garantías reales y proponer la mejor estrategia para cobrar o proteger los activos.

Qué puede pasar

Primero, lo más frecuente: la situación se arregla fuera de juicio. Las partes negocian una reestructuración, los financiadores aceptan un plan y la operación continúa con un nuevo operador o bajo una sociedad distinta. En ese escenario el resultado es rápido respecto a la vía judicial y muchas veces más práctico: obtiene continuidad de ingresos y conservación de equipos.

Segundo, puede alcanzarse un acuerdo o conciliación con reconocimiento parcial de deudas. Un acuerdo por menos de lo reclamado puede ser preferible porque evita la incertidumbre de un proceso largo y garantiza cierto cobro. El valor de un acuerdo no solo es la cifra: incluye el calendario de pagos, las garantías que se constituyan y la continuidad del servicio.

Tercero, si no hay acuerdo, entra la vía concursal o judicial. En ese proceso, tu reclamación compite con la de otros acreedores. Si la sentencia o la resolución te da la razón, cobrar dependerá de la posición de tu crédito y de la liquidez de la masa. Una resolución favorable contra una empresa insolvente puede traducirse en un reconocimiento efectivo pero sin pago inmediato si la masa es insuficiente. Además, si la empresa es declarada en concurso, la comercialización de activos y la prioridad de créditos siguen reglas que determinan quién recibe qué.

Y si ganas, ¿cobras? Ganar no garantiza cobro inmediato. Si el deudor no tiene liquidez, la sentencia es un título que te permite ejecutar bienes, pero la efectividad depende de la existencia y localización de activos libres de gravamen y de los otros acreedores que compitan por los mismos bienes.

Errores que arruinan el caso

• Confiar en conversaciones verbales sin documentación. Sin contrato firmado o correos con acuse, tu reclamo se debilita.
• Permitir que terceros desmonten o retiren equipos sin dejar constancia. La pérdida física de bienes complica la ejecución.
• No comprobar la titularidad de permisos y escrituras: creer que un equipo es tuyo cuando está a nombre de la sociedad de proyecto o del financiador impide recuperar nada.
• No reclamar por escrito al representante concursal o a la administración del developer: el silencio suele favorecer la acción de terceros.
• Firmar acuerdos apresurados sin evaluar garantías y el estado real de la masa de acreedores.